La fiscal general, electa en los últimos ocho años por los expresidentes Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, quedó excluida del proceso de elección del nuevo jefe del Ministerio Público. Su caída se produce al no alcanzar los 10 votos necesarios para ser incluida en la nómina final.
Por Isela Espinoza
La comisión de postulación para elegir a fiscal general del Ministerio Público (MP) para el periodo 2026-2030, se reunió este viernes para reevaluar a los 48 candidatos y realizar una nueva votación e integrar la nómina final luego que un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) obligó a desintegrar la lista que ya había sido entregada al presidente Bernardo Arévalo. La resolución parecía abrir una nueva oportunidad a la actual jefa del MP. Sin embargo, confirmó el fin de sus dos periodos, los últimos ocho años, al frente de la institución.
La CC aceptó el amparo provisional que pidió el abogado Raúl Falla, de la Fundación contra el Terrorismo. La acción legal implicó también dejar fuera, en definitiva, a los jueces por no considerarlos abogados que cumplan con los requisitos para ser fiscal general. La decisión afectó directamente en la reducción de la calificación del exjuez y exmagistrado Gabriel García Luna. Pero aun con la reducción de puntos no lo excluyó del proceso y forma parte de la segunda nómina final.
El pasado 20 de abril cuando se realizó la integración de la primera nómina, Porras alcanzó solo seis votos de los 10 necesarios para ser incluida en el listado final que será enviado al presidente Bernardo Arévalo. Ese día, en la votación recibió el respaldo de seis comisionados: Claudia Paredes, presidenta de la CSJ; Henry Arriaga, decano de Derecho de la Universidad de San Carlos (USAC); Alicia Franco, del Tribunal de Honor del CANG; Enrique Sánchez Usera, decano de Derecho de la UPANA; José González, decano de Derecho de la UdeO; y Luis Lepe Monterroso, decano de Derecho de la Universidad Regional.
Paredes, junto a los mismos comisionados que no cambiaron su voto final, mostraron desde el inicio su apoyo a Porras al admitir únicamente cinco tachas de las más de 20 presentadas por la sociedad civil, diputados y autoridades indígenas.
Algunos de estos señalamientos fueron por el plagio de su tesis de doctorado, por su presunta vinculación en adopciones ilegales durante el conflicto armado interno, por falta de idoneidad al favorecer a estructuras criminales y personajes corruptos, y por la criminalización que ha ejercido durante su gestión. Pese a ello, obtuvo la nota más alta en la evaluación: 92.33 puntos.
Sin embargo, el escrutinio social parece haber llevado a los comisionados a no votar a favor, nuevamente en esta segunda votación de la comisión.
Este viernes la postuladora realizó dos rondas de votación. En la primera Porras obtuvo seis votos. González, Paredes, Arriaga, Sánchez y Franco volvieron a votar por ella tal como lo hicieron el pasado 20 de abril. Sin embargo, en esta ocasión, Lepe decidió dar su voto en contra y el decano de la Universidad Da Vinci, José Andrés Reyes Valenzuela fue el sexto en otorgarle el voto.
Para la segunda ronda, solo quedaba pendiente un puesto a ocupar en la nómina final ya que en la primera votación fueron electos los primeros cinco aspirantes:
- Julio César Rivera Clavaría
- Néctor de León Ramírez
- Beyla Estrada Barrientos verificar
- Gabriel Estuardo García Luna
- Carlos Alberto García Alvarado
La primera en ser votada nuevamente fue Porras y esta vez perdió el voto del decano Reyes. Al final solo obtuvo los cinco votos de González, Paredes, Arriaga, Sánchez y Franco, pero no le alcanzó quedando fuera del proceso y sin opción de continuar en el cargo ya que en esta segunda ronda fue electo César Augusto Ávila Aparicio como el sexto integrante de la nómina final.
En 2022, la CC también jugó un papel clave y rescató a Porras de la exclusión. Esa magistratura dio trámite a dos amparos. El primero excluyó a los jueces de carrera para que no pudieran participar en la elección de jefe del MP para que los entonces jueces Miguel Ángel Gálvez o Erika Aifán no pudieran participar.
En el otro amparo que admitió la CC, ordenó que Porras fuera incluida en la lista final de los seis candidatos enviados a Giammattei ya que había quedado fuera por un voto. De esta forma logró su segunda reelección.
La fiscal de la impunidad
En estas elecciones de segundo grado, Porras no solo no alcanzó otra posible reelección, sino que tampoco pudo tener apoyo en una magistratura en la Corte de Constitucionalidad (CC), cargo que también buscó.
Durante la presentación de las tachas, autoridades indígenas y organizaciones de la sociedad civil exigieron a los comisionados no incluirla en la nómina final señalándola de ser la “fiscal de la impunidad” por favorecer al crimen organizado y no investigar casos de corrupción en los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.
Pero sí aumentó la criminalización de operadores de justicia, defensores de los derechos humanos y periodistas que permanecen en el exilio. En el último año de su gestión, Porras también ha perseguido a autoridades indígenas que defendieron la democracia en 2023 durante las históricas manifestaciones ante la amenaza del MP de un intento de golde de Estado.
Actualmente, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exautoridades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán se encuentran desde hace un año en prisión preventiva en la cárcel de Mariscal Zavala. En tanto, Basilio Puac, exvicepresidente de los 48 Cantones y Esteban Toc Tzay, vicealcalde indígena de Sololá, permanecen en arresto domiciliario.
El informe Desalojo y Criminalización de los pueblos Indígenas en Guatemala: el rol del Ministerio Público presentado por organizaciones de derechos humanos también señaló que durante la gestión de Porras el ente investigador perdió la objetividad en la persecución de denuncias vinculadas a la conflictividad agraria siendo profundamente debilitada lo que creó nuevos patrones de desalojos forzosos y criminalización.
Además, las organizaciones coautoras del informe señalan que las actuaciones del MP son incompatibles con los estándares internacionales de debida diligencia y objetividad.
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Porras estudió Ciencias Jurídicas y trabajó como integrante de la Corte de Apelaciones y como magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad. Antes de ser designada para el MP, no tenía experiencia en temas de investigación criminal de alto impacto.
Fue nombrada en mayo de 2018 por Jimmy Morales en sustitución de Thelma Aldana, la fiscal general que encabezó la lucha contra la corrupción.
Morales, por ese entonces, había comenzado a desarticular la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (CICIG), una misión que logró desmantelar numerosas redes criminales durante 12 años.
En 2019, Morales anunció la salida de la CICIG del país. Ya en el cargo de fiscal general, Porras inició una persecución contra Aldana quien trató de presentarse como candidata a la presidencia por el Movimiento Semilla. Pero fue acusada por el MP de Porras de malversación y giró orden de captura. Aldana se exilió en Estados Unidos.
Este fue el punto de partida para que Porras iniciara una persecución contra jueces, fiscales y abogados que trabajaban temas vinculados a la corrupción, incluido Juan Francisco Sandoval, el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), quien también continúa en el exilio. En 2022 fue reelecta por Alejandro Giammattei para un segundo periodo.
Estados Unidos y países europeos la han sancionado por socavar la democracia.
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