El proceso para elegir rector o rectora de la USAC es una continuación de las prácticas que marcaron la cuestionada elección de 2022 a través del control de cuerpos electorales, exclusión de la oposición y maniobras que podrían definir el resultado antes del 8 de abril. El fraude comenzó cooptando el Consejo Superior Universitario (CSU) y puede concretarse esta semana.
Por Rony Ríos
El camino para la implementación de un mecanismo para imponer un fraude en la USAC no se inició en las elecciones de los cuerpos electorales que se realizaron entre febrero y marzo de este año. La secuencia de escenas de un proceso de fraude se fraguó desde 2022, cuando Walter Mazariegos arrebató la rectoría y se impuso como rector.
Durante cuatro años, el Consejo Superior Universitario (CSU), controlado por Mazariegos, ha puesto en marcha una estrategia para mantener el poder.
Realizó reformas a conveniencia en los reglamentos internos y electorales, eliminó el Tribunal Electoral de la USAC para convertir al CSU en juez y parte en las elecciones para renovar la Rectoría; colocó a sus allegados en juntas directivas de diferentes unidades académicas, ha evitado, por cuatro años, la realización de elecciones para renovar el CSU, ha empujado procesos penales y administrativos contra la oposición; y ha levantado una cortina de opacidad ante la falta de mecanismos que permitan verificar la legalidad de las sesiones y resoluciones tomadas desde hace cuatro años cuando arrebató la rectoría.
Con las modificaciones a los reglamentos se permite extender el mandato de los directivos de la Universidad de San Carlos (USAC), pese a que ya existan autoridades electas, logrando que las autoridades sigan en el cargo de forma indefinida hasta que el sucesor tome posesión. Asimismo, con este cambio Mazariegos mantiene el control de las juntas directivas de las unidades académicas y del CSU, donde 26 de los 40 consejeros tienen el cargo vencido.
La legalidad de esas modificaciones
Para entender el alcance del reglamento es necesario establecer que la Ley Orgánica de la USAC tiene supremacía sobre él y no puede contradecir ningún punto al respecto. En el artículo 24 de la Ley se establece que es el CSU el que convoca a los cuerpos electorales, pero en ningún momento habla sobre acreditación de electores; este punto es medular en la estrategia de Mazariegos para manipular el quórum.
Según el artículo 65, modificado por el CSU y presidido por Mazariegos, es el propio Consejo el que controla quien “apruebe y declare electos a quienes hubieren obtenido la mayoría de votos requerida”, por lo cual sin esa declaratoria los electores no podrían participar de la elección.
Además, en el artículo 67 modificado se le restan atribuciones a las Juntas Electorales y se concentra el poder de decisión final en el CSU, eliminando el contrapeso que tenía el Tribunal Electoral.
Ni la Ley Orgánica ni el Reglamento establecen un procedimiento claro para la “acreditación de cuerpos electorales”. Mientras la Ley asume que los electores ya están válidamente integrados, el Reglamento otorga al Consejo la facultad de revisar, validar o anular procesos, lo que en la práctica le permite decidir quién puede participar en la elección.
Además, con las modificaciones al Reglamento el CSU se convirtió en juez y parte de las elecciones porque suprimió el artículo 70, con el cual se daba vida a un Tribunal Electoral más independiente, ahora es el mismo Consejo el que conoce las apelaciones de la Junta Electoral Universitaria.
A esto se suma el cuestionamiento sobre la legalidad de las normas que rigen el proceso. “Es improcedente que el CSU pretenda aplicar un reglamento que no ha sido publicado en el Diario de Centro América. Las constantes modificaciones en los últimos meses evidencian una manipulación de las reglas a conveniencia”, dijo Katia Pezoa, electora del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
Según indicó, esta situación ya fue impugnada. “El CANG presentó una acción de inconstitucionalidad contra ese reglamento. No se puede hablar de legalidad cuando las reglas cambian en medio del proceso”, agregó.
- Recuento de la elección
- Desde que Mazariegos tomó posesión en 2022 se paralizaron las renovaciones en el CSU y se inició el bloqueo de elecciones donde Mazariegos sabía que no podría ganar.
- En total hay 15 procesos en los que el CSU no ha autorizado que se realice la convocatoria para elecciones de nuevos consejeros, incluyendo 5 decanos, 6 profesionales, 1 estudiante y 3 profesores.
- Además hay 3 procesos paralizados porque, aunque se realizó la convocatoria, el CSU ha impedido renovar las decanaturas de Ingeniería y Odontología y la representación estudiantil de Económicas.
- A ellos se suman 9 consejeros que ganaron sus procesos de elección, pero a los que el CSU aún no les da posesión del cargo.
- El proceso para la inscripción de planillas con candidatos a electores fue entre el 2 y 13 de febrero, aunque en varios casos se impidió la participación de la planilla opositora o el tiempo para inscribir fue demasiado corto -por el mismo motivo-.
- La oposición, que postulará a Rodolfo Chang como candidato a rector y que también es acuerpada por la exaspirante a la Rectoría, Hada Alvarado, ganaron 21 cuerpos electorales, aunque solamente dos han sido acreditados.
- El nuevo proceso: señales de un “fraude 2.0”
Luego de allanar el camino para el fraude, pese a perder por amplia mayoría los cuerpos electorales, el CSU ha avanzado en la acreditación de estos en un proceso señalado por su opacidad, mientras crece el temor de que se repita un esquema que, bajo apariencia de legalidad, limite la participación de la oposición.
Desde la integración de los cuerpos electorales —docentes, estudiantes y profesionales— se han acumulado retrasos, disputas y decisiones que han impedido la participación democrática, ya que las juntas directivas de las unidades académicas y colegios profesionales impidieron la inscripción de algunas de las planillas opositoras, mientras facilitaban la inscripción de las vinculadas a Mazariegos.
Desde los sectores estudiantiles, la lectura es similar. Una electora de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, que habló con Prensa Comunitaria a condición de anonimato, dice que el proceso se desarrolla en medio de incertidumbre total.
“No hemos recibido ninguna información clara. Desconocemos el estado de nuestro proceso de acreditación y ni siquiera sabemos cuándo se discutirá en el CSU. Estamos en total incertidumbre”, dijo.
Para la representante estudiantil, la selectividad en la acreditación es evidente en la práctica.
“Los cuerpos electorales afines a Mazariegos ya fueron acreditados, mientras que en el sector estudiantil solo Arquitectura ha sido reconocido. Esto nos coloca en desventaja y evidencia un proceso desigual”, afirmó.
Además, diversos procesos electorales internos han sido cuestionados o postergados, incluyendo elecciones en facultades y colegios profesionales, así como la toma de posesión de representantes ante el CSU que, pese a haber sido electos, no han sido acreditados oportunamente.
El resultado es un proceso que, antes de iniciar formalmente la votación, ya presenta asimetrías en la integración del padrón electoral universitario.
A medida que avanza el proceso, distintos sectores académicos y estudiantiles han advertido la repetición de patrones en la elección de 2022. Entre los elementos señalados destacan reformas reglamentarias que inciden en la integración de los cuerpos electorales y la convocatoria a reuniones clave para definir su acreditación.
El fraude se concretó con la llegada de Mazariegos a la Rectoría y, desde ahí se iniciaron una serie de reformas orientadas a la cooptación total de la USAC.
- Modificación al reglamento interno de la USAC. Lo primero fue la modificación a diversos reglamentos, permitiéndole mantener a los miembros del Consejo afines y con ellos intervenir en los consejos directivos de diversas unidades académicas.
- CSU con cargos vencidos. Al tener el CSU cooptado, permitiendo que consejeros con el cargo vencido tomaran decisiones, extendió sus tentáculos, nombrando a sus alfiles en diversas facultades y escuelas no facultativas.
- Veto a la participación. Ya con el control del CSU y de las unidades académicas se inició formalmente el proceso electoral, en donde se vetaron participaciones de oposición y a través de los docentes se buscaba influir en el voto de estudiantes para que ganaran las planillas vinculadas al oficialismo universitario.
- Exclusión de planillas ganadoras. Una vez obtenidos los resultados aplastantes en la elección de cuerpos electorales, el foco se trasladó a la posibilidad de una acreditación selectiva, en la que únicamente se reconozca a los cuerpos electorales afines a la actual administración y otros pocos de la oposición para dar apariencia de legalidad.
Este riesgo se hizo evidente después de que el pasado 25 de marzo, el CSU decidió acreditar a seis cuerpos electorales vinculados a Mazariegos y dos de la oposición, pero también suspendieron a tres de la oposición por diversos señalamientos.
Entre los cuerpos electorales excluidos se encuentra el representado por Pezoa, quien asegura que el proceso ha estado marcado por la opacidad desde el inicio.
“No hemos recibido ninguna notificación oficial ni comunicación por parte del Consejo Superior Universitario respecto al estado de nuestro proceso. Nuestro colegio profesional remitió toda la documentación en tiempo y forma, pero el CSU omitió deliberadamente nuestro expediente y nos dejó fuera de la acreditación del 25 de marzo”, señaló.
A su criterio, lo que ocurre no responde a errores administrativos sino a una lógica de exclusión selectiva.
“Estamos viviendo una acreditación arbitraria. Es evidente que el CSU ha priorizado a los cuerpos electorales afines, mientras mantiene en el limbo a quienes fuimos electos de forma legal y democrática”, agregó.
Según el medio digital Infobae, los consejeros cuentan con los pronunciamientos de la Dirección de Asuntos Jurídicos y de la Junta Electoral Universitaria, instancias que tendrán a su cargo el análisis de los expedientes correspondientes a siete cuerpos electorales.
La suspensión de los cuerpos electorales se dio a través de la aprobación de tres recursos viciados en contra de las elecciones. El estudiante que accionó contra ingeniería consigno mal su Documento Personal de Identificación (DPI), la revocatoria de estudiantes va dirigida a la convocatoria y no a la elección, por lo que se presentó de forma tardía y la revocatoria de agronomía, se planteó en contra el padrón electoral que la misma administración de Mazariegos proporcionó.
- Pese a que en la elección en la que Mazariegos resultó “electo” rector fue el 21 de abril de 2022, este año el CSU decidió que la elección se realizara el 8 de abril, lo cual no es ilegal, pero se da en el contexto de aprovechar las alianzas vigentes en la Corte de Constitucionalidad (CC) que dejará el cargo el 14 de abril.
- El CSU también decidió blindarse y celebrar la elección en un salón privado dentro de un hotel de Antigua Guatemala. El lugar se prevé estará fuertemente custodiado por seguridad particular para impedir el ingreso de los electores no acreditados.
Antigua Guatemala: la sede bajo cuestionamientos
La elección en una sede alterna, como Antigua Guatemala, añade un elemento adicional de controversia.
Aunque la descentralización podría justificarse en términos logísticos, en este contexto es percibida como un factor que puede limitar la participación, especialmente si se combina con acreditaciones tardías o información poco clara.
La elección de una sede fuera de la capital recuerda lo ocurrido en 2022, cuando la designación de otro lugar fue uno de los elementos más cuestionados del proceso y que posteriormente fue utilizado por Mazariegos para impedir el ingreso de electores opositores, contando incluso con seguridad privada y en contubernio con las autoridades de gobierno de Alejandro Giammattei.
- El proceso de elección de la Rectoría en la USAC avanza en un contexto marcado por la opacidad y restricciones al acceso de la prensa, limitando la verificación independiente de las decisiones del CSU. Como fue la designación de magistrados a la CC por parte del Consejo, la elección de rector se celebrará a puerta cerrada.
- A esto se suma la posible manipulación del quórum, ya que el reglamento exige la presencia de dos terceras partes más uno de los electores para iniciar la votación, por lo que si el CSU acredita a la totalidad de electores debe permitir el ingreso de más del 60 por ciento de ellos y tendría prácticamente perdida la elección. Ante esa “adversidad” Mazariegos optó por acreditar solo a sus cuerpos electorales y dos de la oposición, garantizando tener un quórum reducido pero controlable por él.
Al momento solamente hay 8 cuerpos electorales de 5 personas cada uno; es decir que son 40 electores los que votan. Para que exista quórum, el Reglamento de Elecciones de la USAC, exige que se cuente con la presencia de dos terceras partes más uno, por lo que hasta el momento se requeriría la presencia de 28 electores para iniciar la votación (Mazariegos controla a 30).
De los cuerpos electorales pendientes de acreditar Mazariegos cuenta con uno, mientras que la oposición con 16, por lo que acreditar a más cuerpos electorales de oposición le dificultaría el quórum necesario para iniciar una votación que controle plenamente.
En la elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), los cuerpos electorales constituyen el núcleo del sistema. Son estos los que emiten el voto final, representando a docentes, estudiantes y profesionales.
Su integración no es un aspecto administrativo menor, sino que define quién tiene derecho a votar y, por tanto, quién puede incidir en el resultado.
En este contexto, la acreditación de los cuerpos electorales se convierte en el punto más sensible del proceso. Si determinados cuerpos electorales quedan fuera o no son reconocidos, su exclusión se traduce directamente en votos ausentes y una reducción de quórum.
En este contexto, los sectores opositores advierten que el control del padrón electoral no solo incide en quién vota, sino en el resultado final.
“Pareciera que hay una intención clara de predeterminar el resultado mediante la exclusión de electores legítimos”, señaló Pezoa, que sostiene que la estrategia apunta a reducir la participación de la oposición mientras se garantiza el quórum necesario con cuerpos afines.
Desde el sector estudiantil, esta percepción también está presente. “Es una posibilidad real que el resultado ya esté definido. Desde el inicio se impusieron requisitos que dificultaron la participación, y ahora vemos decisiones como la sede en Antigua o los retrasos en acreditaciones que nos colocan en desventaja”, indicó la electora.
Así, el control del padrón electoral universitario puede ser determinante incluso antes de que se instalen las mesas de votación porque si controlas quién vota, controlas el resultado.
La jugada crítica: acreditación el día de la elección
Uno de los escenarios que más preocupa a sectores opositores es la posibilidad de que la acreditación de ciertos cuerpos electorales de quienes no apoyan a Mazariegos se realice el mismo día de la elección, el 8 de abril.
Según estas advertencias, la acreditación podría efectuarse en la ciudad capital, en el campus central de la USAC, mientras que la elección se desarrollaría en Antigua Guatemala, imposibilitando que los electores puedan desplazarse a tiempo para la elección.
En ese escenario, la ausencia de estos cuerpos electorales podría ser interpretada oficialmente como falta de participación, pese a que su exclusión efectiva habría sido resultado de las condiciones del proceso.
Aunque todo el entramado de acciones por parte de Mazariegos debe estar controlado a cabalidad, ya que para que se declare un ganador, se debe cubrir el quórum mínimo y luego alcanzar la cantidad de votos necesarios.
- Amparos que no se resuelven en la CC y salas
- La falta de transparencia en los procedimientos, limitando la capacidad de auditoría externa y genera incertidumbre sobre la legalidad del proceso.
Uso de grupos de choque e intimidaciones
La elección de rector de la USAC en 2022 estuvo marcada por un clima violencia y denuncias de irregularidades que trascendieron el ámbito estrictamente electoral. Desde antes de la votación, distintos sectores universitarios señalaron la exclusión de cuerpos electorales críticos, lo que redujo su participación y generó cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso.
El día de la elección, realizada en el parque de la Industria, se reportaron restricciones de acceso que impidieron el ingreso de electores, estudiantes y observadores. En ese contexto, diversos testimonios dieron cuenta de la presencia de grupos de seguridad privada y personas no identificadas y con el rostro cubierto que controlaban los accesos, lo que constituyó en una forma de presión e intimidación para limitar la participación de quienes no respaldaban la candidatura de Mazariegos.
Mientras se desarrollaba la votación en condiciones restringidas, en el campus central de la USAC se registraban protestas y movilizaciones estudiantiles en rechazo al proceso. Estas acciones fueron respondidas posteriormente con el uso de fuerzas de seguridad y apertura de procesos legales contra estudiantes, docentes y profesionales que participaron en las manifestaciones o en la toma de instalaciones.
las acciones de la oposición
Frente a este escenario, la oposición intentó articular respuestas tanto en el plano legal como organizativo, ya que han planteado acciones legales para impugnar decisiones del CSU, así como esfuerzos logísticos para garantizar la presencia de sus representantes en los cuerpos electorales.
Sin embargo, estos intentos se enfrentan a limitaciones estructurales, incluyendo la falta de garantías institucionales y la dificultad de incidir en un proceso controlado desde los órganos de dirección universitaria.
Frente a este escenario, los electores excluidos han recurrido a acciones legales en distintas instancias.
“Hemos presentado amparos ante las Salas Primera, Quinta y Sexta de lo Contencioso Administrativo, y algunos ya están en la Corte de Constitucionalidad. No vamos a claudicar en esta batalla legal”, dijo Pezoa.
En el ámbito estudiantil, también se han activado recursos jurídicos y medidas de presión. “Hemos interpuesto varios amparos para garantizar nuestra acreditación, pero también hemos salido a las calles. Nos manifestamos frente a la Torre de Tribunales para exigir celeridad en las resoluciones”, añadió la electora.
Son diversas acciones de amparo que los electores han presentado para que se obligue al CSU a acreditarlos y se garantice su participación en las votaciones. Sin embargo, más allá de la admisión a trámite de las acciones, aún no se han emitido resoluciones que blinden la democracia universitaria.
Aunque legalmente todos los días son hábiles para temas de amparo, muchos magistrados tomaron el descanso de Semana Santa y eso redujo el margen de tiempo para que la oposición obtenga una respuesta favorable antes de este 8 de abril.
Silencio institucional y ausencia de controles
El desarrollo del proceso también ha evidenciado la debilidad de los mecanismos de control dentro de la USAC.
El CSU, como principal órgano de dirección, concentra decisiones clave sin que exista un sistema independiente de supervisión que garantice transparencia y equidad.
A esto se suma la falta de intervención de instancias externas que puedan actuar como contrapeso, lo que deja el proceso bajo la lógica de los actores que lo administran.
Este contexto refuerza la percepción de una crisis institucional en la universidad pública, marcada por la pérdida de legitimidad de sus órganos de gobierno.
Mucho más que votos: Lo que realmente se decide este 2026
La elección de la Rectoría de la USAC trasciende el ámbito académico porque el control de la única universidad pública del país tiene implicaciones directas en otros espacios del sistema político guatemalteco, incluyendo la participación en comisiones de postulación y, por extensión, en la integración del sistema de justicia.
Aunque las comisiones de postulación son uno de los órganos más importantes en los que puede incidir la USAC, esta también participa en al menos 53 entidades del Estado, que abran consejos, juntas directivas, institutos y comisiones.
En el sistema jurídico participan las postuladoras de la Corte Suprema de Justicia, Salas de Apelaciones, fiscal general y Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero también influyen en la designación de quien dirija la Contraloría General de Cuentas.
Asimismo, en Consejos nacionales multisectoriales de Salud, Desarrollo y Educación y en Centros de Investigación.
En este sentido, la disputa por la rectoría forma parte de una dinámica más amplia de control institucional en el país.
El antecedente: 2022 como modelo
La elección de 2022 marcó un punto de quiebre en la historia reciente de la USAC. En ese proceso se denunciaron exclusiones de cuerpos electorales, la realización de la elección en una sede diferente y la imposición de resultados en medio de múltiples acciones legales.
Como respuesta, surgió una resistencia universitaria que incluyó tomas de instalaciones, protestas y el desconocimiento del rector electo.
A pesar de ello, la administración de Walter Mazariegos consolidó su control sobre la Universidad apoyado por las cortes y el Ministerio Público (MP) dirigido por Consuelo Porras, que inició procesos de criminalización de estudiantes, profesores y profesionales que participaron en las manifestaciones y tomas de instalaciones. Lo que ocurrió en 2022 no fue un hecho aislado, sino un modelo que ahora podría repetirse.
De mantenerse las condiciones actuales, distintos actores anticipan un escenario de nueva crisis universitaria. La repetición de prácticas cuestionadas podría profundizar la conflictividad interna, reactivar protestas y ampliar el desconocimiento de las autoridades electas.
A pocos días de la elección, el proceso muestra señales que, para distintos sectores, podrían anticipar un resultado condicionado desde su origen. El resultado podría estar definido antes de que se emita el primer voto.
