El fiscal general del Ministerio Público (MP) asegura que las denuncias por las presuntas irregularidades en la elección de rector permanecen activas. Gabriel García Luna, afirmó a Prensa Comunitaria que las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) no impiden que las investigaciones continúen, pero sí hacen más compleja la investigación.
Por Alexander Valdéz
La continuidad de Walter Mazariegos en la Universidad de San Carlos (USAC) es inminente tras un proceso anómalo denunciado por estudiantes, y docentes sancarlistas, por lo que las expectativas de hacer justicia se trasladan al Ministerio Público (MP). En los últimos años, la falta de respuestas de la Corte de Constitucionalidad (CC) y otras instancias de justicia a los reclamos contra la cuestionada elección de rector ha contribuido a que las demandas sociales sigan sin ser atendidas.
Ahora, con Gabriel García Luna al frente de la institución, surge la expectativa de que las investigaciones avancen y se esclarezcan las denuncias relacionadas con el caso, más aún cuando el fraude se repite con una misma fórmula.
García Luna, quien lleva apenas 40 días al frente del MP, habló con Prensa Comunitaria sobre la USAC y afirmó que las denuncias por las irregularidades en la elección de rector, así como otros hechos derivados de ese proceso, continúan bajo investigación.
Según explicó, las resoluciones emitidas por la Corte de Constitucionalidad no evitan que las pesquisas sigan su curso. Sin embargo, sí enfatizó en que hacen más compleja una investigación porque requerirá un análisis más profundo de los hechos denunciados.
Desde el año 2022 se presentaron denuncias sobre el fraude en la elección de autoridades de la Universidad de San Carlos con Walter Mazariegos. ¿Cómo está trabajando el Ministerio Público las investigaciones sobre esos hechos en 2022, incluido el proceso más reciente, el del 8 de abril de 2026?
Las 17 denuncias que se presentaron están bajo investigación y permanecen activas en la actualidad. En este caso, las investigaciones tendrían que enfocarse sobre un proceso electoral que ha sido impugnado por las vías legales correspondientes: electorales, administrativas y constitucionales. Este último aspecto es el que da la pauta para hablar, en términos generales, de todas las denuncias sobre el proceso electoral, porque ha sido convalidado no solo en algunos juzgados, sino principalmente por la Corte de Constitucionalidad en cada una de sus fases.
Eso representa una limitación, porque este tipo de casos requiere una investigación más minuciosa sobre actas, testimonios, registros administrativos y cualquier evidencia que permita establecer una alteración o ilegalidad. Cuando existe una convalidación constitucional, eso no exime al MP de investigar, pero sí significa que algunos aspectos del proceso ya fueron validados.
Tras cuatro años de cuestionamientos a la legalidad de las autoridades universitarias, ¿qué acciones concretas impulsará su administración para esclarecer los hechos y evitar que prevalezca la impunidad en la USAC?
Entre las facultades del MP está impulsar acciones como la revisión integral de los expedientes, que es precisamente lo que se está haciendo; también la unificación de casos conexos, la priorización de diligencias pendientes, la realización de auditorías y peritajes.
Estas medidas buscan garantizar que las investigaciones sean eficaces, objetivas y libres de interferencias externas.
Debo agregar que el MP tiene que cambiar la percepción y la realidad que existía durante la administración anterior, en la que muchas investigaciones fueron señaladas como persecución contra periodistas, políticos, dirigentes e incluso contra operadores de justicia. Lo que corresponde ahora es presentar casos concretos, sustentados con pruebas, que puedan judicializarse sin el riesgo de que alguna resolución constitucional termine afectándolos.
Las investigaciones continúan y, si en algún momento existen hechos y pruebas suficientes, los casos serán judicializados.
Hay denuncias y protestas por un nuevo fraude en la elección de la rectoría y la Contraloría General de Cuentas confirmó que Walter Mazariegos no cuenta con finiquito vigente. Si asume funciones este 1 de julio como rector, ¿el MP considera que podrían existir implicaciones penales?
Si existiera una denuncia tendría que investigarse como cualquier otra. Si la ley establece ese requisito para ejercer el cargo, habría que determinar exactamente cuál es la norma aplicable y analizar si pudo cometerse algún delito o si alguien facilitó el acto bajo circunstancias irregulares.
La CGC también denunció la prolongación de funciones de autoridades universitarias con períodos vencidos. ¿El MP ya investiga si esa permanencia constituye algún delito y habrá resultados de los casos?
Sí. Ese análisis forma parte de las denuncias que se investigan. La permanencia en funciones más allá del período legal podría generar consecuencias jurídicas si se demuestra la existencia de delitos como usurpación de funciones, abuso de autoridad o ejercicio indebido del cargo.
Para ello, el Ministerio Público debe analizar la base normativa de cada nombramiento, las resoluciones administrativas, las resoluciones constitucionales y todos los actos emitidos durante ese período.
Entre las inconsistencias denunciadas ante el MP, está que los procesos electorales en la USAC estuvieron marcados por exclusiones de electores, restricciones de acceso y otras presuntas irregularidades. ¿Se investiga si esos hechos pudieron afectar la legalidad de las elecciones?
Si se cometió algún delito que no haya quedado convalidado constitucionalmente o que no tenga respaldo administrativo, el Ministerio Público debe investigarlo para determinar responsabilidades. También debo aclarar que hemos asumido una institución después de ocho años de una administración anterior. Llevamos apenas 40 días en un proceso de transformación.
No solo existe el caso de la Universidad de San Carlos; también hay muchos otros casos de trascendencia nacional. El Ministerio Público no puede actuar por presión de la opinión pública, sino con base en hechos concretos y pruebas. Al final serán las acciones, los hechos y las pruebas los que determinarán si corresponde alguna intervención del Ministerio Público y que esta sea jurídicamente válida.
¿Las resoluciones judiciales no impiden que el Ministerio Público continúe investigando el fraude en la USAC?
No. Las resoluciones no impiden investigar. Lo que sí podrían impedir es la judicialización de algún hecho si una resolución que ya validó expresamente ese acto o esa actuación.
Estudiantes, docentes y autoridades universitarias denunciaron expulsiones, desalojos, agresiones y criminalización por defender la autonomía universitaria. ¿Su administración revisa estos casos para determinar si existió un uso indebido del derecho penal? De ser así, ¿se podrían desestimar?
Si se logra establecer que existió alguna conducta ilícita, intimidación o algún hecho perseguible penalmente, el Ministerio Público actuará. Si no se encuentran elementos suficientes, no podrá continuar la investigación conforme lo establece la ley.
¿Existe la posibilidad de conformar un equipo fiscal especializado para conocer los casos relacionados con la crisis de la USAC, considerando la complejidad del tema?
Sí. La Ley Orgánica del Ministerio Público permite integrar equipos fiscales especializados o multidisciplinarios cuando la complejidad del caso lo amerita, y esa puede ser una herramienta útil para atender este contexto que vive la Universidad.
¿Qué mensaje envía el Ministerio Público a estudiantes y docentes que desde 2022 sostienen que sus denuncias no han recibido una respuesta efectiva de las instituciones de justicia?
El mensaje es que hace aproximadamente 40 días cambió la administración del Ministerio Público. La situación es compleja porque existen tres grandes áreas dentro de la institución: la administrativa, la técnica y la fiscal.
El Ministerio Público no puede volver a ser el mismo de antes, caracterizado por persecuciones contra periodistas, operadores de justicia, defensores de derechos humanos u otros sectores. Debe ser una institución que actúe conforme a la legalidad, la objetividad y el debido proceso.
Tenemos el compromiso de garantizar que las investigaciones avancen con base en la evidencia. Cuando exista responsabilidad penal, los casos serán judicializados sin impunidad. Sabemos que resulta difícil recuperar la confianza después de muchos años de represión y de que el MP pudiera haberse prestado para determinadas causas. Lo importante es no regresar a ese modelo, pero tampoco permitir la impunidad.
