Un día antes del desalojo, unas personas particulares llegaron a la comunidad a informar que serían desalojadas por las autoridades estatales, y tras ese aviso las familias activaron una alerta de resistencia para poder mantener el orden y resguardar sus pertenencias.
Por Juan Bautista Xol
Unas 30 familias de la comunidad Las Viñas ubicadas en Flores, Petén, fueron desalojadas y reprimidas con gases lacrimógenas por policías antimotines el 25 de marzo. Un desalojo que se realizó por orden de la fiscalía del Ministerio Público de la localidad, según informaron temerosamente los comunitarios a Prensa Comunitaria.
El objetivo de la fuerza estatal es desalojar a las familias que habitan en la comunidad desde hace cuatro décadas, según manifestó el abogado Juan Castro del Bufete de Pueblos Indígenas, quienes dan acompañamiento a la comunidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH.
Según los comunitarios, un día antes del desalojo, unas personas particulares llegaron a la comunidad a informar que serían desalojadas por las autoridades estatales, y tras ese aviso las familias activaron una alerta de resistencia para poder mantener el orden y resguardar sus pertenencias.
“Sin desayunar tuvimos que salir para acuerpar a los hombres, porque vimos a un gran número de patrullas y policías que ya se habían estacionado en la carretera de la comunidad, nos armamos de valor para ir a dialogar con ellos, pero ellos usaron la fuerza sin importar si somos mujeres”, indicó una de las comunitarias quien asegura a ver sufrido lesiones en su rodilla derecha al auxiliarse de los gases lacrimógenos.
Las mujeres indicaron que a primeras horas de la mañana varias patrullas interceptaron el paso a varias personas en la carretera, incluyendo estudiantes y los que trabajan en la cabecera municipal, generando así temor hacia los habitantes.
Según informaron que alrededor de las 8:30 de la mañana, las autoridades estatales pidieron a los comunitarios desalojar voluntariamente sus terrenos y de no ser así usarían la fuerza.
“Tenemos una orden de desalojo, pedimos que voluntariamente se retiren del lugar porque es área privada, de no ser así, usaremos la fuerza, dijo uno de hombres con chaleco”, manifestaron las mujeres.
Comentaron que después de 30 minutos los antimotines empezaron a usar la fuerza al ver que mujeres, ancianos y hombres resistían ante lo que ocurría ya que indicaron que no estaban en ninguna propiedad privada, ni área protegida, sino que el terreno lo heredaron de sus papás y abuelos que quedaron en Las Viñas tras sufrir las consecuencias del conflicto armado interno.
Los comunitarios documentaron en sus redes sociales de Facebook la represión que vivieron ese día, las mujeres, niños, ancianos y hombres fueron lanzados con gases lacrimógenos, huyeron en potreros y matorrales para poder resguardar sus vidas.
Los comunitarios indicaron que desde enero de este año han estado recibiendo amenazas de desalojos porque una empresa reclama el derecho de la tierra aduciendo ser el dueño, y mientras que las autoridades estatales dicen que las tierras pertenecen a las áreas protegidas de Petén.
El 22 de enero habían documentado y denunciado un intento de desalojo donde sobrevoló un helicóptero encima de la comunidad, en esa fecha los comunitarios fueron intimidados por personas particulares que según los pobladores habían disparado al aire cerca de la comunidad.
El abogado Juan Castro explicó que la comunidad ya existía desde los años 70, y algunos años después algunas personas lotificaron las tierras, y los comunitarios habían perdido los documentos de sus tierras perdiendo así sus derechos al acceso de la tierra.
Dueños de hoteles detrás del desalojo
El abogado explicó que dueños de hoteles ubicadas en Flores Petén, son quienes acudieron a Fondo de Tierras para lotificar la tierra que ya estaba poblada por la comunidad y fue así como se inició el conflicto; sin embargo, aunque tengan documentos de Fontierras, el abogado comentó que existen anomalías ya que no cuentan expedientes administrativos, y que además dijo que las tierras no pertenecen a las áreas protegidas.
Según el abogado, desde la demanda por usurpación en el documento que presentaron los supuestos dueños no indica geográficamente que área es la que les pertenece.
“Quemaron una finca que no es, actuaron sin saber si la finca es de ellos o no”, dijo Castro.
Desde el 2023 el Bufete para los Pueblos Indígenas le da acompañamiento a la comunidad para denunciar ante la CIDH el derecho histórico de la tierra, dijo Castro.
