Por Hugo Mangione*
Las discusiones en torno a la idoneidad de los candidatos a conducir el Ministerio Público, centralizadas en la tabla de gradación y en sus implicancias, han demostrado una vez más que ninguna tabla es capaz de medir de manera “objetiva” la trayectoria profesional de quienes aspiran al cargo. La pretensión de reducir la evaluación de candidatos a un puntaje numérico no solo es técnicamente discutible, sino que tampoco es políticamente deseable.
La experiencia reciente confirma este problema. La historia de los últimos procesos de elección muestra que no ha sido la trayectoria de los postulantes lo que ha definido el proceso. Obtener el puntaje más alto no ha garantizado idoneidad, ni mucho menos un buen desempeño institucional. El caso de Consuelo Porras es el ejemplo más evidente: pese a haber obtenido la calificación más alta en el proceso anterior, su gestión coincidió con una caída significativa en la eficacia del Ministerio Público, que pasó de aproximadamente un 14% a alrededor de un 6%. La discusión centrada exclusivamente en antecedentes académicos o profesionales además de insuficiente es engañosa. En la práctica, las tablas de gradación muchas veces se han diseñado pensando en los candidatos que se postulan y no en el Ministerio Público que se necesita.
Esto no significa que la trayectoria y la experiencia no sean elementos importantes. Claro que lo son. Pero un proceso de selección de fiscal general que se limita a analizar el número de maestrías y doctorados o discutir cuántos años deben computarse por trayectoria profesional, termina vaciando de contenido una decisión que, por definición, es política, ya que en ella se define el futuro de la política de persecución penal.
Lo que resulta problemático es que, mientras públicamente algunos sostienen que el proceso debe ser “objetivo”, las verdaderas decisiones se pretenden tomar en oficinas, de espaldas a la ciudadanía y a través de acuerdos espurios. Negar el carácter político de la elección convierte a la Comisión de Postulación en un trámite administrativo -que discute si un candidato firmó o no el formulario de solicitud-, mientras que las decisiones se toman en otro lado.
Pero aún estamos a tiempo de “politizar” el proceso -en el buen sentido de la palabra- a partir de las entrevistas públicas a candidatos. Este escenario podría convertirse en una verdadera democratización de la política de persecución penal, en el que no solo los comisionados, sino también la ciudadanía, puedan escuchar, preguntar y formarse una opinión. O, al contrario, puede convertirse en otro capítulo de una obra que ya conocemos.
Las entrevistas deben tener como objetivo principal el debate sobre cómo cada aspirante propone ejecutar esa política, es decir, cómo orientará los recursos para incidir en los fenómenos criminales. ¿Qué fenómenos criminales priorizará? ¿Cómo planea aumentar la eficacia político-criminal del MP? ¿Qué estrategias implementará ante el avance de las pandillas en Guatemala? ¿Qué respuestas dará a los casos de violencia de género? ¿Y ante el aumento de la tasa de homicidios? Este tipo de decisiones no vienen dadas automáticamente por la ley, sino que implican decisiones valorativas que deben ser discutidas de cara a la ciudadanía.
Solo así los planes dejarán de ser un conjunto de buenas intenciones y pasarán a ser una estrategia útil. De lo contrario, permitimos que el postulante a fiscal general asuma con un “cheque en blanco”, con fórmulas repetidas hasta el hartazgo, palabras vacías que luego no significan nada. No podemos permitir que sea una promesa vacía de contenido que después la ciudadanía no pueda contrastar, cuestionar, exigir o criticar.
La entrevista no puede ser un trámite más. Los comisionados tienen la facultad para exigir a los aspirantes propuestas concretas sobre el futuro del Ministerio Público. Y si los comisionados no lo hacen, al menos deberían permitir que la ciudadanía guatemalteca haga las preguntas incómodas que ellos prefieren no formular.
* Abogado con orientación en derecho penal por la Universidad de Buenos Aires. Coordinador del Programa Centroamérica y el Caribe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).
