Por Vicente Carrera
¿Por qué los precandidatos presidenciales creen que ganar elecciones es solo criticar al que está en la silla… y no presentar un plan serio que le importe a la gente? Guatemala ya ha pasado por demasiadas decepciones como para seguir en lo mismo.
Venimos de un momento histórico marcado por la caída de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, expuestos gracias al trabajo de la CICIG, que dejó al descubierto redes de corrupción profundamente arraigadas en el Estado. Aquella crisis abrió una oportunidad para reconstruir la institucionalidad, pero también evidenció lo frágil que era.
Luego llegó Jimmy Morales con el discurso de “ni corrupto ni ladrón”. La promesa generó esperanza en una población cansada de los abusos de poder. Sin embargo, su gobierno terminó tomando decisiones que debilitaron la lucha contra la impunidad, incluida la expulsión de la CICIG, lo que marcó un retroceso en los esfuerzos por fortalecer la justicia.
Después vino Alejandro Giammattei, quien prometió ser distinto y no repetir los errores del pasado. Su administración, sin embargo, terminó envuelta en señalamientos de corrupción y con una creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones, profundizando la distancia entre el Estado y la población.
Hoy, con Bernardo Arévalo, se percibe un intento distinto. Su gobierno ha planteado la necesidad de enfrentar la corrupción, ordenar las instituciones y rescatar proyectos que durante años quedaron solo en papel. Falta mucho, sin duda, pero existe una dirección que apunta a la recuperación institucional. Este esfuerzo, sin embargo, se enfrenta a un sistema de justicia cuestionado, donde persisten estructuras de poder que resisten cualquier cambio que afecte sus intereses.
Y aquí surge el punto incómodo que muchos evitan decir: a varios de los gobiernos anteriores, y a muchos de los precandidatos actuales no les conviene un sistema de justicia independiente y transparente. Un sistema débil, desordenado y manipulable resulta más funcional para quienes buscan mantener privilegios y evitar rendición de cuentas. Por eso incomoda cualquier intento de fortalecer la justicia. Porque una justicia real no se acomoda al poder; lo limita. Lo que hoy está en juego no es menor. Se trata de recuperar instituciones que funcionen, reglas claras y un Estado que no esté capturado por intereses particulares. No es una tarea sencilla, ni rápida, pero es una condición indispensable para cualquier proyecto de país.
En este contexto, preocupa ver que muchos precandidatos siguen apostando por la fórmula más fácil: criticar, atacar y señalar, sin presentar propuestas concretas ni planes de gobierno serios. La política no puede seguir reduciéndose a discursos vacíos o estrategias de confrontación. La ciudadanía ya ha demostrado que puede castigar en las urnas. Lo hizo después de cada decepción. Lo hizo cuando se cansó de promesas incumplidas. Y lo volverá a hacer.
La pregunta es simple: ¿Queremos seguir con políticos que solo atacan para ocultar la falta de propuestas, o exigirles que digan con claridad cómo van a gobernar y qué harán para garantizar un sistema de justicia independiente? Guatemala no necesita más discursos. Necesita decisiones valientes.
Porque al final, más allá de los slogans y las campañas, el país ya aprendió algo fundamental: el poder no se delega sin condiciones. Se vigila, se cuestiona y se exige. Y en las próximas elecciones, no ganará quien grite más fuerte, sino quien logre convencer de que puede romper, de verdad, con la corrupción que ha marcado la historia reciente del país.
