Los casos contra Jose Rubén Zamora, Héctor Chaclán, Luis Pacheco y Stuardo Campo son ejemplos paradigmáticos, tal vez, los más crueles de cómo se está atacando a la democracia en este país señala Andrea Pochak, vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una entrevista con Prensa Comunitaria. La comisionada dice que han recibido denuncias de irregularidades en el proceso de las elecciones de segundo grado pero que aún se está a tiempo de recuperar la legitimidad de las instituciones. Ve una oportunidad de cambio ante la elección de un nuevo o nueva fiscal general pero también reconoce que si se advierten retrocesos o falta de avances, Guatemala puede volver a ser incluida en el capítulo IV.B, o la llamada lista negra de países que presentan violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos.
Por Lucy Chay
La semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó su 195 período de sesiones en Guatemala. Durante el discurso de apertura el pasado 8 de marzo la vicepresidenta de CIDH y relatora para Guatemala, Andrea Pochak, dijo que el país estaba en un momento clave para recuperar la legitimidad de las instituciones. En medio de ese periodo de sesiones, que duró hasta el viernes 13 de marzo, Pochak también sostuvo paneles de discusión sobre derechos humanos y el sistema de justicia en Guatemala, además de reuniones con varios grupos y sectores, e incluso visitas a la cárcel ubicada en la base militar Mariscal Zavala donde guardan prisión preventiva dos líderes indígenas y el exfiscal Stuardo Campo.
Ustedes como Comisión Interamericana de Derechos Humanos han tenido varias visitas a Guatemala y también reuniones con funcionarios y grupos de diferentes sectores. Estamos en un proceso de elecciones de segundo grado. ¿Qué es lo que han visto? ¿Cuál es su evaluación preliminar de cómo han avanzado estos procesos?
Nosotros vinimos en esta oportunidad a Guatemala básicamente a sostener nuestro 195 periodo de sesiones y hemos llevado adelante audiencias de distintos países sobre la situación de derechos humanos en distintos lugares de la región. Sin embargo, en mi carácter de relatora para Guatemala pude sostener varias reuniones y recibir mucha información sobre lo que está pasando, que viene a confirmar lo que venimos sosteniendo hace muchos años, lo que hemos confirmado en nuestra visita del año 2024, en nuestro informe de 2025 y en los últimos meses con un monitoreo que estamos haciendo.
Las elecciones de segundo grado representaban, a criterio de la Comisión, una oportunidad para modificar el sistema de administración de justicia en Guatemala que viene enfrentando hace muchos años una enorme crisis de legitimidad y de falta de independencia. Hemos revelado a lo largo de los últimos meses en los distintos procesos de selección y con mucha claridad en las últimas semanas que todavía se siguen presentando algunas denuncias de irregularidades. La Comisión fue recibiendo información que daba cuenta de presiones indebidas que se ejercían sobre quienes conformaban comisiones de postulación o hacia quienes tenían que elegir a personas.
¿Qué tipo de irregularidades?
Operativos llamativos en el Colegio de Abogados el día de elección de los miembros de la Corte de Constitucionalidad. Hemos advertido también denuncias de injerencias externas en miembros del Congreso que tenían que elegir a miembros de la Corte de Constitucionalidad. Nos llamó también mucho la atención como un fallo de la Corte de Constitucionalidad le quitaba la posibilidad de votar a personas de disciplinas afines, afiliadas al Colegio de Abogados cuando siempre habían podido participar de estas elecciones.
Hemos recibido también información de que no se llevaban adelante las entrevistas, que no había tiempo en estos procesos para que los candidatos, las candidatas pudieran tener entrevistas públicas. También recibimos información sobre criterios de selección o de puntuación que se fueron modificando de manera inexplicable. Son procesos de selección complejos que siguen teniendo enormes desafíos y que vamos a seguir monitoreando porque son cruciales para modificar, para superar la enorme crisis de legitimidad que tiene el sistema democrático en Guatemala.
A pesar de estas irregularidades que ustedes identificaron ¿Estamos a tiempo para recuperarlas?
Sí, por supuesto, todavía se está a tiempo. La elección del titular o la titular de la Fiscalía General es una oportunidad que no debería desaprovecharse por el rol que ha tenido el Ministerio Público en Guatemala para desacreditar la democracia.
Quien ejerza en el futuro el rol de titular de la Fiscalía es clave para recuperar la credibilidad de esta institución que en los últimos años se ha utilizado para perseguir a opositores, a voces disidentes, a periodistas independientes, a operadores judiciales independientes, para perseguir a dirigentes indígenas, a campesinos, a estudiantes, a profesores, a dirigentes políticos en general. La titularidad del Ministerio Público tiene que cambiar y tiene que estar a cargo de una persona intachable, honesta, que no tenga ninguna participación en violaciones de derechos humanos. Es crucial que se elija una persona idónea, intachable y confiable, que le dé a la ciudadanía la confianza de que es una persona comprometida en derechos humanos.
¿Basta con un cambio en la fiscalía general?
No va a cambiar si ciertas prácticas no cambian, si cierta institucionalidad del Ministerio Público no cambia. En nuestro Informe de país damos cuenta de que el Ministerio Público requiere una revisión exhaustiva de sus prácticas, de sus procedimientos, de su política criminal.
En Guatemala impera la impunidad y eso es responsabilidad del Ministerio Público. Que los grandes corruptos del país sigan impunes es responsabilidad del Ministerio Público. Que los grandes responsables de los crímenes de lesa humanidad, que se cometieron durante el conflicto armado en Guatemala, sigan impunes es responsabilidad del Ministerio Público. Que haya cifras alarmantes de impunidad en casos de violencia contra las mujeres, que haya cifras alarmantes de impunidad en casos de extorsión de crimen organizado, eso es responsabilidad del Ministerio Público. Entonces hay una política criminal que tiene que cambiar, que debe dejar de orientarse hacia los sectores más vulnerables.
La Comisión sigue recibiendo periódicamente peticiones de cómo los casos del conflicto armado que se venían investigando terminan en la nulidad, en prescripciones.
Eso es responsabilidad del Ministerio Público, que no tiene una postura enérgica para llevar adelante la investigación de los crímenes del pasado. Los casos de corrupción que se investigan en este momento son absolutamente menores en comparación con los que se investigaban en el pasado. Los grandes corruptos de Guatemala están impunes.
Las cifras de dinero que se habían logrado secuestrar eran millonarias. Sin embargo, todo ese dinero se ha devuelto a sus ejecutores, a sus criminales. Entonces hay una responsabilidad de impunidad evidente del Ministerio Público.
Todo eso tiene que cambiar. Entonces, no basta solo con cambiar la titularidad, hay que cambiar estas prácticas para que sea un Ministerio Público orientado a perseguir al crimen organizado, orientado a perseguir a la corrupción, orientado a perseguir los crímenes de lesa humanidad y dejar de ser utilizado para perseguir a comunidades indígenas, a defensores de derechos humanos, a dirigentes sociales y políticos.
Cuando señalamos todos estos casos al Ministerio Público, tanto la fiscal general y los fiscales aseguran que el juez es el responsable porque es quien autoriza un allanamiento o una orden de captura, y tratan de quitarse la responsabilidad de todos esos actos…
El Ministerio Público tiene una responsabilidad esencial porque cuando se presenta una denuncia espuria, una denuncia que no tiene pruebas, una denuncia que es claramente falsa, el Ministerio Público tiene por ley, tiene por constitución y tiene por responsabilidad de derechos humanos, la obligación de no darle trámite. Es una obligación de cuidar el principio de legalidad y de objetividad. No es obligatorio que se promuevan denuncias espurias sin ningún tipo de prueba.
Entonces hay una responsabilidad clara del Ministerio Público cuando los fiscales piden prisión preventiva y no hay riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Eso es responsabilidad del fiscal y del Ministerio Público.
Por supuesto hay responsabilidades compartidas con el sector judicial y no es casual que estos casos de criminalización terminen en los mismos juzgados. Nosotros lo pusimos en nuestro informe los nombres y apellidos de quiénes son esos jueces. Cuando aparecen las denuncias buscan que los jueces independientes no las conozcan.
Se van cambiando de turno, se van recusando, aparecen estos querellantes adhesivos que van buscando el mejor juez y siempre terminan en determinados juzgados que los tenemos identificados en nuestro informe. Siempre terminan en las mismas salas de apelación. Entonces hay una responsabilidad compartida de cierto sector del Poder Judicial.
Por eso nosotros decimos que esta práctica sistemática de criminalización es una responsabilidad compartida entre el Ministerio Público que ha sido cooptado por intereses espurios. Esto no es ingenuo y nosotros sabemos cómo se puede aplicar la ley de manera democrática o cómo se puede aplicar bajo una apariencia de legalidad cuando en realidad se están vulnerando derechos básicos.
En el informe de país que presentaron en diciembre pasado, mencionan ese patrón de criminalización, que incluye jueces y fiscales. ¿Hay otros actores ahí involucrados? ¿Qué características tiene ese patrón?
Ese patrón funciona con el Ministerio Público encabezado por la fiscal Consuelo Porras que tiene un sistema de hostigamiento hacia los fiscales que quieren hacer bien su trabajo, que los desplaza, que los hostiga, que los criminaliza, que los obliga al exilio y que tiene un grupo de fiscales que siguen esa misma lógica. Entonces hay un Ministerio Público coordinado por la fiscal Consuelo Porras, hay un grupo de jueces que están claramente identificados y aquellos jueces independientes que simplemente quieren aplicar la ley son hostigados, son criminalizados, son apartados de las causas.
Ese sistema funciona de esa manera. También hay determinados sectores privados que forman parte de esa práctica de criminalización. La comisión advirtió en su informe, por ejemplo, el rol de la Fundación contra el Terrorismo como querellante adhesivo en muchas de estas causas impugnando a jueces independientes, hostigando a defensores de los imputados.
Entonces hay participación de ciertos sectores privados que participan en estas causas de alguna manera. Y por supuesto, esto tiene un objetivo. No hay ingenuidad acá.
El objetivo es mantener el statu quo, la impunidad de los grandes corruptos del país mientras se persigue a fiscales como Stuardo Campo que hace tres años está detenido por llevar adelante su trabajo. En el caso de los indígenas que son perseguidos por ejercer sus derechos, por defender sus derechos territoriales, los sectores económicos se siguen apoderando de tierras indígenas y obligando a las comunidades indígenas a desplazarse de sus territorios. Entonces hay una decisión, hay una razón por la que el sistema funciona.
En su informe ustedes recomiendan una evaluación exhaustiva del Ministerio Público y sus actuaciones. ¿Creen que con la renovación de autoridades se podría concretar esta recomendación?
Nosotros recomendamos hacer un informe exhaustivo sobre el funcionamiento del Ministerio Público en los últimos años. No es solamente investigar a las personas, es investigar el funcionamiento y cambiarlo para que esto no se vuelva a repetir.
Hay informes hechos por organizaciones de la sociedad civil de Guatemala y de otros países que pueden ayudar a robustecer ese diagnóstico. Informes que muestran el mal funcionamiento del Ministerio Público, de la impunidad que impera en Guatemala y de la persecución que se hace, del uso espurio del derecho penal para silenciar esas voces críticas, voces necesarias para la democracia.
La Comisión de Postulación evaluó las tachas en contra de los aspirantes a fiscal general la semana pasada. Había 33 contra la actual fiscal general y sólo se aceptaron cinco. ¿Cómo ven las acciones de los comisionados y la presencia de Consuelo Porras como una de aspirantes a la reelección?
Podría ser que algunos comisionados voten a favor de ella para que esté incluida en la lista que deben presentar al presidente. El proceso de selección tiene que ser transparente y tiene que poder rendir cuentas a la sociedad de lo que está pasando.
Cada integrante de la Comisión de Postulación debe poder mirar a los ojos de otros y explicar las decisiones que tomó. Si acepta una tacha o no tiene que explicarle a la sociedad públicamente por qué lo hace.
Yo creo que todo el proceso de designación de postulación y de nombramiento tiene que ser transparente y cada integrante tiene que hacerse cargo de la decisión que está tomando y tiene que explicarle a la sociedad por qué toma cada decisión.
Ustedes visitaron a Luis Pacheco, a Héctor Chaclán y Stuardo Campo en la cárcel y también sostuvieron una reunión con Jose Rubén Zamora. ¿Cuál fue la mayor preocupación que ellos expresaron?
Las distintas reuniones que tuvimos muestran que estos casos son paradigmáticos, son casos ejemplificativos de la persecución que están sufriendo. Chaclán y Pacheco representan la persecución que están sufriendo las comunidades indígenas. Eligieron, no casualmente, a quienes ocupaban un lugar muy importante en los 48 Cantones en el 2023 para mostrarle a cualquier dirigente indígena lo que puede pasarles si ellos levantan la voz.
Y lo mismo con Zamora y el grupo de periodistas que él representa. Son casos paradigmáticos que demuestran cómo opera el silenciamiento, cómo opera el amedrentamiento, cómo se busca silenciar voces que son fundamentales en cualquier democracia. Toda democracia necesita una justicia independiente.
Toda democracia necesita un periodismo libre e independiente. Entonces, cuando se criminaliza, se hostiga como se ha hostigado y criminalizado a Zamora, se está poniendo en peligro y en crisis toda la democracia.
Guatemala es un país profundamente indígena. La mayoría de la sociedad en este país está integrada por pueblos indígenas. Atacar como se ataca, criminalizando, en la organización de una protesta pacífica en defensa de la democracia es un mensaje contra los pueblos indígenas en general y contra la democracia.
Entonces, esto es lo que está pasando. Ellos son ejemplos paradigmáticos y tal vez los más crueles de cómo se está atacando a la democracia en este país.
Cuando se habla de la persecución contra periodistas, fiscales, pueblos indígenas y estudiantes se trata solo de violación a derechos individuales, como la libertad de expresión, del derecho a la protesta o a la libre academia. ¿Cómo podríamos definir estos casos dentro del patrón que ustedes ya establecieron?
Nosotros decimos que estos casos, la criminalización en Guatemala, la forma cómo se ha perseguido especialmente a determinados sectores es un ataque a la democracia. No son los derechos de esas personas los que están en juego. Por supuesto, que hay violación al derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad, el derecho a la protesta en toda la sociedad de la democracia, está ahí. Pero no son solamente los derechos individuales de estas personas los únicos que están en juego. Por eso la Comisión Interamericana levanta la voz, porque lo que está en crisis en Guatemala es la democracia. Estos casos evidencian cómo se está atacando a la democracia.
No es solamente un asunto de estas personas en particular. La Comisión está acostumbrada a recibir muchísimos casos de injusticia, de violación del debido proceso, de violaciones de derechos humanos en particular. No es lo que hay en Guatemala, donde se ataca a determinados grupos simplemente por defender derechos.
Se eligen a las personas para dar un mensaje generalizado hacia todo el grupo que esas personas están representando. Lo que está en juego es la democracia. No son los derechos solamente de esas personas.
Jose Rubén Zamora logró luego de casi cuatro años arresto domiciliar, pero los procesos en su contra siguen igual que el proceso de Héctor Chaclán, Luis Pacheco y Stuardo Campo. Al momento de elegir un nuevo fiscal, ¿Se podrían desactivar o cerrar esos casos? ¿Qué se tendría que hacer en ese sentido?
Cualquier fiscal que toma conocimiento de una causa arbitraria tiene la obligación de desestimar esa denuncia. Cualquier fiscal que toma conocimiento que en un proceso judicial se han violado derechos humanos fundamentales, el debido proceso, tiene la obligación de desestimar y pedir la absolución o el cierre.
Los fiscales no tienen la obligación de perseguir denuncias espurias. Los fiscales no tienen la obligación de llevar adelante violaciones del debido proceso. Al contrario, tienen la obligación de prevenir la violación del debido proceso.
La persecución del delito tiene que ser realizada con base al debido proceso con el cumplimiento de todas las garantías. Entonces, lo que tiene que pasar es que los operadores judiciales, los fiscales, los jueces que toman conocimiento de estas causas actúen sin miedo, con independencia y cumpliendo rigurosamente la constitución y los instrumentos de derechos humanos y no seguir permitiendo esta persecución arbitraria y estas violaciones de las garantías. Cuando se investiga a un dirigente indígena por un delito tan grave como el terrorismo simplemente por haber participado en una protesta pacífica, se están cometiendo violaciones de derechos humanos.
Esos fiscales y jueces que consienten eso están cometiendo causas de las que tomamos conocimiento. Cuando se impulsa una causa sin tener pruebas, se está cometiendo una violación del debido proceso y una violación de derechos humanos. Cuando se pide la presión preventiva sin que exista riesgo de fuga, la persona se somete voluntariamente a la justicia y, sin embargo, se la detiene, se está cometiendo una violación de garantías, es una violación de derechos humanos.
Los casos de justicia transicional también están estancados. ¿Qué evidenciaron ustedes sobre esos casos?
Nosotros seguimos recibiendo peticiones ante la Comisión Interamericana por casos de grave violación de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado que están impunes. Procesos que habían avanzado durante mucho tiempo. Estos casos de impunidad generan responsabilidad internacional del Estado. Cuando los fiscales no investigan correctamente estos casos, cuando los jueces no llevan adelante estos juicios, se genera responsabilidad internacional del Estado. La Comisión sigue advirtiendo que en Guatemala impera la impunidad por los crímenes del pasado.
Guatemala estuvo de 2014 a 2024 en la lista de los países señalados por violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos junto a Cuba y Venezuela. Luego de la visita in loco que ustedes sostuvieron en 2024, Guatemala salió de ese capítulo conocido como IV.B ¿Podría Guatemala ser incluida de nuevo en esa lista debido a las irregularidades que se han visto en los procesos de elección de segundo grado y no ha avanzado mucho en las recomendaciones desde que ustedes presentaron su último informe?
Sí, podría regresar. Nosotros hemos retirado a Guatemala del capítulo IV.B del informe anual justamente porque existió una anuencia del país, del gobierno, para que hiciéramos la visita y yuna observación exhaustiva sobre lo que está ocurriendo y está contemplado en el reglamento de la visita en terreno. El país sale de la lista de mayores preocupaciones.
Sin embargo, luego de advertir retrocesos o falta de avances, los países pueden volver. Esa evaluación se hace anualmente. Y seguimos observando con mucha preocupación la situación de Guatemala porque la crisis democrática no está superada.
Es decir, ¿sí puede regresar Guatemala a esa lista negra en cualquier momento?
Es una evaluación que podemos hacer oportunamente en el momento del análisis del informe anual. Pero sí, así como un país sale en un informe anual del capítulo IV.B, puede volver al año siguiente en el capítulo IV.B.
Estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral. Se acaba de elegir a un Tribunal Supremo Electoral también con señalamientos del Congreso. ¿Han recibido alguna denuncia específica sobre este nuevo tribunal electo por parte del Congreso?
Nosotros estaremos monitoreando como hemos venimos haciendo, no solamente las elecciones de los órganos judiciales, sino su funcionamiento.
Vamos a seguir monitoreando cómo actúa la Corte de Constitucionalidad, cómo actúa el Tribunal Electoral y eventualmente cuando se elija a la nueva fiscal o al nuevo fiscal del Ministerio Público. Es nuestro rol supervisar cómo funcionan las instituciones de la democracia. Lo que a mí me parece importante transmitir es que para que existan verdaderas democracias no basta con que existan elecciones libres de los poderes ejecutivos o del poder legislativo.
Todas las instituciones del Estado deben actuar de manera democrática, que implica que existe un verdadero sistema de pesos y contrapesos, que es el poder del Estado para avasallar derechos de la ciudadanía. Entonces la democracia se pone en juego por cualquiera de los poderes del Estado.
Entonces un verdadero sistema democrático en Guatemala es crucial para garantizar derechos humanos.
En medio de estos procesos de segundo grado y pese a las irregularidades denunciadas hay grupos de estudiantes o abogados que han asistido a las urnas para lograr un cambio pese a la cooptación de las estructuras. Esa es una acción positiva en medio de todo ese proceso. ¿Qué mensaje se le puede dar a esa población?
Yo creo que Guatemala se caracteriza porque estos temas no son temas encapsulados. Que ustedes me estén haciendo preguntas vinculadas con la elección de autoridades en un proceso de renovación es un ejemplo que demuestra que es un tema del debate público que está en la ciudadanía, que no es un asunto encapsulado en determinado sector. Es un tema que genera mucho debate y ese es el primer paso. Es muy importante que la ciudadanía se involucre en los asuntos que hacen a la democracia. La democracia se defiende con protestas, se defiende reclamando derechos y creo que hay muchos ejemplos en Guatemala que así lo demuestran.
Hay un retroceso en derechos humanos a nivel de Latinoamérica y del mundo. ¿Qué escenario ven ustedes en los próximos años?
Estamos atravesando en muchos países de la región enormes retrocesos, enormes desafíos en derechos humanos y sobre todo en el sistema democrático.
Las democracias de nuestros países están siendo horadadas paulatinamente. En otros momentos de nuestra historia existían golpes de Estado. Ahora no es esa la forma de horadar la democracia o de destruir la democracia. Se trata de destrucciones paulatinas. La ciudadanía muchas veces termina eligiendo autoridades profundamente antidemocráticas. O elige autoridades profundamente contrarias a la vigencia de derechos humanos.
Entonces estamos frente a una paradoja donde tenemos democracias por las elecciones pero sin embargo enormes retrocesos en derechos humanos. Este es el enorme desafío que tiene nuestra región y lo vemos en muchísimos países de la región.
¿Y cómo se está preparando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para esto? Ahora mismo hay muchos gobiernos antidemocráticos muchos presidentes autoritarios. En Centroamérica tenemos algunos ejemplos. ¿Cómo pretende la Comisión enfocarse en los próximos años para poder enfrentar ese retroceso?
La Comisión está cumpliendo este año 67 años de historia. Tenemos la enorme responsabilidad de defender una institución que a lo largo de su historia ha podido enfrentarse a feroces dictaduras, a feroces gobiernos autoritarios, y que con la coherencia de sus principios ha defendido la democracia y los estándares de derechos humanos.
Es con la misma convicción que siempre nos caracterizó que tenemos que dar también esta pelea en este momento de la historia de la región, con nuestra legitimidad con nuestra autonomía basándonos exclusivamente en los estándares de derechos humanos, en los instrumentos interamericanos que son los que nos dan nuestro mandato. Defender esos instrumentos internacionales es nuestra principal arma. Nosotros no tenemos ejército, no tenemos ninguna fuerza de seguridad, la objetividad es la que nos puede ayudar en este momento porque nuestro objetivo nuestro mandato es promover y proteger los derechos humanos de todos los pueblos de las Américas y, entonces, necesitamos defender nuestra autonomía para llevar adelante nuestro trabajo.
