La Postuladora del Ministerio Público dio inicio a la depuración de tachas presentadas contra los aspirantes a fiscal general. Sin embargo, varias de las denuncias, incluidas algunas contra la actual jefa del MP, Consuelo Porras, fueron rechazadas antes de ser analizadas a fondo. La decisión dejó fuera del proceso de revisión distintos señalamientos sobre posibles impedimentos.
Por Alexander Valdéz
La Comisión de Postulación del Ministerio Público (MP) dejó fuera del análisis, por mayoría de votos de los comisionados, varias de las tachas presentadas contra aspirantes, entre ellas las dirigidas a la actual jefa del MP, Consuelo Porras, que acumuló 33 señalamientos. Durante la sesión, que al cierre de esta nota sigue su curso, los comisionados discutieron la admisibilidad de las denuncias, pero la mayoría decidió no dar trámite a varias de ellas, impidiendo que los cuestionamientos sean considerados al integrar la nómina final de candidatos.
Uno de los casos discutidos fue la tacha presentada por el diputado Samuel Pérez contra Porras. La comisión resolvió rechazarla con el argumento de que parte de los documentos aportados consistían en copias de notas de prensa como soporte. La decisión fue respaldada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Claudia Paredes, y por los decanos de las universidades del Valle de Guatemala, Panamericana, San Carlos, San Pablo de Guatemala y de Occidente.
También se conoció una tacha presentada por el diputado Raúl Barrera, del Movimiento Semilla, que tampoco fue admitida. La discusión evidenció divisiones dentro de la postuladora: ocho comisionados votaron a favor de tramitar algunos de los señalamientos, pero el reglamento exige al menos diez votos para que una denuncia sea admitida. La falta de esos respaldos dejó fuera de la fase de análisis varios de los cuestionamientos planteados contra aspirantes.
Otro de los impedimentos rechazados fue el presentado por el periodista Jose Rubén Zamora. En ese caso, siete comisionados votaron en contra de tramitarlo al señalar que parte de los medios de prueba estaban en inglés. Entre quienes respaldaron esa decisión estuvieron Paredes, Alicia Franco y los decanos de las universidades de Occidente, San Pablo, San Carlos, Panamericana y del Valle. De esa manera, el señalamiento tampoco avanzó a una fase de revisión de fondo.
Algo similar ocurrió con la presentada por Eleonora Muralles contra Porras. El planteamiento obtuvo nueve votos a favor, uno menos de los diez necesarios para que se iniciara su trámite. Seis comisionados votaron en contra, entre ellos Paredes, Franco y los decanos de las universidades de Occidente, Francisco Marroquín, San Carlos y Panamericana, lo que terminó por bloquear el análisis.
Con estas decisiones, varias de las 33 tachas dirigidas a la actual fiscal general quedaron fuera del proceso de evaluación, lo que ha generado cuestionamientos sobre la forma en que la comisión está filtrando los señalamientos antes de integrar la nómina final de seis aspirantes. Sin embargo, sí se admitieron otras; por ejemplo las relacionadas con el plagio de la tesis doctoral o a la presentada por el ciudadano Sergio Morataya.
Aunque las tachas no son vinculantes para la decisión final que adopten los comisionados, forman parte de un método de participación ciudadana dentro del proceso. A través de ellas, organizaciones y ciudadanos pueden señalar posibles impedimentos, conflictos de interés o cuestionamientos sobre la trayectoria de los aspirantes. Si bien la comisión no está obligada a excluir a un candidato por estas denuncias, su análisis tiene un peso simbólico y puede incidir en el criterio de los comisionados al momento de integrar la nómina final de postulantes.
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El proceso
El plazo para presentar tachas contra los aspirantes se inició el martes 10 de marzo y concluyó el jueves. Durante esos días, organizaciones sociales, víctimas del conflicto armado e integrantes de pueblos indígenas acudieron a entregar señalamientos, la mayoría dirigidos contra la actual fiscal general, Consuelo Porras. También se presentaron denuncias contra personas cercanas a su gestión que buscan el cargo, entre ellas Abdi Ariel Guerra Guzmán, jefe de la Dirección de Análisis Criminal; Miguel Estuardo Ávila Vásquez, secretario contra la Corrupción; y Raúl Estuardo López Rodríguez, fiscal de distrito en Totonicapán.
Las organizaciones que presentaron los señalamientos argumentaron que la gestión de Porras ha obstaculizado investigaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos y casos de corrupción. Representantes de la Plataforma Nacional de Organizaciones de Víctimas del Conflicto Armado Interno señalaron que durante su mandato se debilitó la Fiscalía de Derechos Humanos y se han frenado procesos emblemáticos como el Diario Militar, CREOMPAZ y el caso de genocidio Ixil.
A estas críticas se sumaron autoridades indígenas, entre ellas los 48 Cantones de Totonicapán y otras organizaciones comunitarias, que advirtieron que Porras y su círculo cercano forman parte de una estructura que busca mantener cooptado el sistema de justicia.
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