El informe presentado por organizaciones de derechos humanos señaló que el Ministerio Público creó la Fiscalía contra la Usurpación que fue aplaudida por el sector empresarial y se profundizó la criminalización y los desalojos en el país. Además, desconoce la relación de los pueblos indígenas con las tierras comunales.
Por Simón Antonio Ramón
El informe Desalojo y Criminalización de los pueblos Indígenas en Guatemala: el rol del Ministerio Público, concluyó que durante la gestión de Consuelo Porras el ente investigador perdió la objetividad en la persecución de denuncias vinculadas a la conflictividad agraria y se desdibujó la distinción entre la defensa del interés público y el interés de las empresas que disputan la propiedad de la tierra.
Esto creó nuevos patrones de desalojo forzosos, “caracterizados por la utilización de la justicia penal como mecanismo primordial”.
Las organizaciones sociales nacionales e internacionales, Fundación para el Debido Proceso, el Cyrus R. Vance Center for International Justice, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Protection International Mesoamérica, Prensa Comunitaria y el Bufete para Pueblos Indígenas, coautores del informe consideran que las actuaciones del Ministerio Público (MP) son incompatibles con los estándares internacionales de debida diligencia y objetividad.
Aumentaron solicitudes de desalojo en gestión de Porras
Este informe identifica al menos seis patrones de actuaciones del MP en los desalojos y la criminalización que constituyen actos que se alejan de su mandato constitucional, como realizar los desalojos sin individualizar que alguna persona haya cometido un hecho ilegal. Otra de las prácticas fue la de establecer mecanismos que imposibilitan “demostrar la tenencia tradicional o la existencia de títulos comunales sobre el territorio en disputa por parte de la comunidad indígena denunciada”.
A la vez, señala que la ejecución de desalojos judiciales se realizan de forma inmediata sumaria sin notificación previa, “mediante operativos policiales extremadamente violentos en los que con frecuencia se produce la destrucción de viviendas y se viola la garantía de reasentamiento digno”, señaló el documento.
Los datos del MP registran que entre 2020 a 2025, hay 6 mil 195 casos a nivel nacional por el delito de usurpación agravada, en donde se han dictado 40 condenas, 11 por la vía de procedimiento abreviado, nueve en aceptación de cargos y 50 con sentencias absolutorias. Además, entre 2022-2025 fue evidente el aumento de solicitudes de desalojo de fiscales en los juzgados.
Del 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023 se solicitaron 25 desalojos; del 1 de abril de 2023 al 1 de abril de 2024 fueron 94; y del 31 de marzo de 2025 se enviaron 154 solicitudes.
En los casos judiciales, se señaló que se utilizan declaraciones testimoniales inconsistentes o que son ampliadas años después de los hechos que se juzgan; además, señalan a las comunidades de cometer hecho ilegales en el momento que se conoce como “acto en flagrancia” para justificar desalojos inmediatos y capturas; pero hay casos en donde la solicitud de órdenes de aprehensión permanecen sin ejecutarse durante años como mecanismo de intimidación.
Las organizaciones recomiendan al MP revisar la política institucional de investigación y persecución penal con el fin de asegurar que la vía penal no sea utilizada como mecanismo prioritario para resolver las controversias sobre derechos de propiedad, posesión o tenencia de la tierra, con mayor atención cuando se trate de territorios reclamados por pueblos indígenas con base en derechos históricos o ancestrales.
También se emitieron recomendaciones al presidente Bernardo Arévalo y a la Comisión de Postulación en el marco del proceso de elección de una o un nuevo fiscal general y jefe del MP, para que valore “los planes de trabajo presentados ante la Comisión de Postulación, una definición clara y expresa sobre el rol que asumirá el Ministerio Público frente a los conflictos territoriales que involucran a pueblos indígenas y comunidades campesinas”.
Comentarios de expertos al informe
Este estudio fue comentado por Cuitlahuac Castillo de Cyrus R. Vance Center for International Justice; Victoria Llorente, en representación del INECIP de Argentina y el abogado Juan Castro del Bufete para Pueblos Indígenas.
El abogado Juan Castro señala que los supuestos propietarios buscan los desalojos y en lugar de establecer la propiedad de tierra, a veces señalan como invasiones a las familias llevan mucho tiempo viviendo en un lugar.
“Uno de los patrones que vamos a encontrar es que no hay una investigación objetiva, en el caso del delito de usurpación, no se garantiza el derecho de defensa ni acredita ni se investiga si hay una relación de las comunidades con la tierra; los casos de criminalización usualmente están construidos sobre medias verdades, como las acusaciones de usurpación contra familias que viven en una comunidad donde tienen escuelas, iglesias, y llevan ahí más de 40 años, entonces, la investigación se cae porque no es cierto que haya entrada a invadir en una fecha”, dijo el abogado Juan Castro.
Cuitlahuac Castillo señaló que el MP debe modificar directrices de manera prioritaria que criminalizan a pueblos indígenas y después revisar en qué fases se encuentran los casos para buscar salidas alternativas. “Organizar lo antes posible mesas de trabajo con defensores de las comunidades, que son quienes tienen más presente cuál es el estado que guardan en estos expedientes”, dijo.
Victoria Llorente, del INECIP dijo que ahora la pregunta está en cómo hacer que el MP sea más eficaz. “No podemos contentarnos ya hablando de un proceso próximo a suceder con candidatos y candidatas que proponen planes generales que nos permiten hablar de soluciones de fenómenos criminales sin estrategia, eso es darle un cheque en blanco a la persona que está a cargos de uno de los organismos más importantes en el país en términos de investigación penal”, señaló la experta.
El Ministerio Público creó en octubre de 2021 la Fiscalía contra la Usurpación, una acción que fue aplaudida por el sector agroindustrial del empresariado guatemalteco, quienes impulsan los desalojos contra las comunidades indígenas y campesinas; además, en esta gestión se emitió la instrucción 5-2019 que derogó la instrucción 3-2012 que establecía que previo a un desalojo el MP debe investigar los antecedentes de cada caso.
La derogatoria que hizo Consuelo Porras, a pesar de la oposición de organizaciones campesinas y del exdiputado Leocadio Juracán, fue a partir de una solicitud que hizo el abogado Raúl Falla, integrante de la Fundación contra el Terrorismo, presidido por Ricardo Méndez Ruiz.
Vea la presentación del informe en Guatemala:
Descargue el informe aquí:
