La Corte de Constitucionalidad decidió no conocer dos acciones legales vinculadas al proceso para elegir al próximo jefe del Ministerio Público. Una de estas busca excluir a jueces y magistrados que se postularon al cargo.
Por Alexander Valdéz
La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió abstenerse de conocer dos acciones legales promovidas contra la Postuladora del Ministerio Público (MP), uno de los amparos presentados buscaba excluir a jueces y magistrados que aspiran a dirigir esa institución como Marco Antonio Villeda, juez y actual ministro de Gobernación. En cambio, ordenó que los mismos sean analizados en una instancia civil.
Dicho amparo plantea que algunos postulantes no cumplen con el requisito constitucional de haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años o haber desempeñado un periodo completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o de tribunales colegiados de la misma jerarquía.
Según el argumento expuesto en la acción promovida por el abogado Edgar Guillermo Sánchez Girón, se evidencia un acto arbitrario, pues en los requisitos se detalla “haber desempeñado un periodo completo como Magistrado de la Corte de Apelaciones o de los Tribunales colegiados que tengan la misma calidad, o haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años.”
“Existe la amenaza cierta y activa de parte de la autoridad impugnada, a presentar uno o más candidatos dentro de la nómina de seis que será entregada al señor Presidente de la República, con el objeto de nombrar al Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030, pudiendo ser electo sin que cumpla ni reúna los requisitos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala y en la Ley de Comisiones de Postulación, Decreto número 19-2009 del Congreso de la República de Guatemala”, indica el reclamo.
Por aparte, el segundo amparo de la aspirante Ana Karina Méndez Vielma, consideró que los criterios de evaluación aprobados para integrar la nómina de candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030 afectan directamente su derecho a competir en igualdad de condiciones. Un criterio que ya fue modificado por los postuladores en la tabla de gradación y que favorecía a los aspirantes de mayor edad.
En su planteamiento sostuvo que la exclusión de los primeros diez años de ejercicio profesional dentro de la tabla de calificación reduce de forma artificial el valor de su trayectoria, altera el parámetro con el que se evaluará su expediente y modifica el estándar constitucional de mérito, capacidad e idoneidad.
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La postuladora en riesgo
Estas acciones son apenas dos de varias acciones legales que han sido presentadas ante la Corte de Constitucionalidad y otras instancias judiciales, y que podrían incidir directamente en el avance del proceso que desarrolla la comisión postuladora para integrar la nómina de candidatos del Ministerio Público.
Al menos dos de estas acciones ponen en riesgo el trabajo realizado hasta ahora. La primera, si llega a conocerse en la jurisdicción civil y se otorga una protección provisional, podría dejar fuera del proceso a jueces y magistrados que aspiran al cargo. La otra que aún está en trámite en la máxima corte, que cuestiona el procedimiento aplicado por la comisión postuladora y busca retrotraer parte del trabajo realizado, implicaría un retraso significativo en el proceso, lo que incluso podría afectar que la elección del nuevo fiscal general se realice dentro de los plazos previstos.
Por ahora, ya se avanzó con la depuración inicial de los expedientes y cerró la revisión de las 59 postulaciones recibidas. Tras el análisis, 49 aspirantes fueron admitidos para continuar en el proceso, mientras que 10 quedaron excluidos por no cumplir con requisitos formales o por inconsistencias en la documentación presentada.
Entre quienes no superaron esta etapa figuran las magistradas del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia y Blanca Alfaro, así como Mario Aguilar Mijangos, Fernando Linares Beltranena, Edgar Antonio Raimundo García, Yasly Osmin Pastora Gutiérrez, Edward Rosalio Gómez García y Alida Arana Vicente.
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