El Consejo de Ministros se reunirá con el presidente para definir los nombres de los o las elegidas como magistradas a la Corte de Constitucionalidad 2026-2031.
Por Isela Espinoza
La integración de la nueva Corte de Constitucionalidad quedará definida esta semana. El mandatario junto al Consejo de ministros designará a su representación titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2026-2031. La reunión de ministros será a puerta cerrada.
El Ejecutivo no dará a conocer “una lista corta” o qué perfiles se descartaron de los 76 expedientes entregados a la Secretaría General de la Presidencia. Aunque la Constitución faculta a la presidencia a nombrar directamente a los magistrados de la CC, en febrero, el gobierno decidió abrir una convocatoria pública para la recepción de expedientes.
La renovación de la CC se desarrolla en un contexto de tensión institucional en el que también se da el cambio de autoridades en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ministerio Público (MP), Universidad de San Carlos y la Contraloría General de Cuentas.
La CC es el órgano supremo de interpretación de la Constitución y tiene la facultad de conocer acciones de inconstitucionalidad, amparos y controversias que involucren a cualquier autoridad pública. Sus resoluciones pueden incidir en decisiones del Ejecutivo, del Legislativo, del TSE y del MP por lo que su integración adquiere relevancia no solo jurídica, sino también política, ya que sus fallos pueden influir en procesos electorales, reformas legales y disputas de alto impacto institucional.
Según el mandatario Bernardo Arévalo, la trayectoria y la experiencia son parte de los criterios que tomará en cuenta para elegir a los magistrados de la CC. Entre los 76 expedientes destacan perfiles disruptivos con trayectorias de derechos humanos como el exjuez Miguel Ángel Gálvez y otros con trayectoria institucional respaldados por sectores de la sociedad civil.
Desde hace varias semanas fuentes del Ejecutivo señalan que existe un candidato favorito, se trata de Gabriel Orellana, el canciller durante el gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG). También se habla que Anabella Morfin que, fue Procuradora General de la Nación durante el gobierno de Jimmy Morales, tiene muchas posibilidades de ser nombrada como magistrada titular.
La elección de Arévalo sobre estas magistraturas es la que más expectativa genera por ser la última y por los perfiles apoyados en los otros dos organismos del Estado.
Elecciones de magistrados en el Congreso
La semana pasada este organismo del Estado reeligió para un cuarto periodo a Roberto Molina Barreto y a Luis Rosales como magistrados de la CC tras una sesión que se extendió después de la media noche entre discursos e intentos del oficialismo por evitar la elección de ambos señalados por su vínculo con el partido Valor de Zury Ríos.
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La tensión y negociaciones entre bancadas, para definir el control de una de las cortes más importantes del país, estuvo rodeada de presiones y polémicas
Según algunos diputados, el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, John Barret, habría expresado respaldo a las candidaturas de Molina Barreto y Rosales, mientras que distintos sectores sociales manifestaron rechazo a ambos aspirantes debido a sus resoluciones en las que actores señalados de corrupción han sido beneficiados.
Barret asumió como encargado de negocios tras la salida en enero de este año del embajador Tobin Bradley. La Casa Blanca anunció este lunes que nominó a Juan Rodríguez, de Florida, para ser el nuevo embajador para Guatemala.
El presidente fue cuestionado si solicitó la salida de Barret ante la presunta injerencia en temas internos del país. “No, no hemos solicitado que se saque a Barret”, respondió.
Además, dijo que Guatemala y Estados Unidos tienen una buena relación y prueba de ello es el acceso a cooperación y fondos, así como ser uno de los cuatro países que tiene el 70% de las exportaciones con cero por ciento de aranceles. Y garantizó que la elección de fiscal general no tendrá injerencia.
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