La Corte de Constitucionalidad rechazó, por mayoría, una apelación de la PGN y mantiene el beneficio que evita que dos constructores condenados en el caso del Libramiento de Chimaltenango pagaran reparación al Estado. El fallo fue respaldado por Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa, Nester Vásquez, Luis Rosales y Walter Jiménez Texaj, mientras que Leyla Lemus y Héctor Hugo Pérez Aguilera votaron en contra.
Por Alexander Valdéz
Un 26 de julio de 2024, Jorge Alfredo Tejada Argueta y Carlos Enrique Figueroa Ravanales, dos directivos de las empresas Constructora Nacional, S.A. (Conasa) y Renova Ingenieros, S.A., respectivamente, admitieron su participación en el fraude del Libramiento de Chimaltenango. Al aceptar los cargos en un procedimiento especial, reconocieron los hechos de corrupción que habían sido investigados por Stuardo Campo, exfiscal ahora encarcelado.
La jueza Claudette Domínguez ordenó, como parte de la condena, que pagaran Q350 mil cada uno a instituciones benéficas y ninguna reparación para el Estado por el fraude en el proyecto vial que costó Q528.6 millones durante el gobierno del entonces presidente Jimmy Morales.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) se mostró en desacuerdo y el asunto llegó hasta la máxima corte del país, que conoció el reclamo y la solicitud de un amparo provisional. La PGN insiste en que los responsables deben pagar Q21.1 millones como reparación digna por los daños ocasionados.
En su apelación sostuvo que el Estado, como agraviado en el caso, tenía derecho a una restitución integral de los daños, y que la jueza no valoró adecuadamente los medios de prueba que sustentaban la millonaria reparación solicitada. “No dio respuesta a los agravios denunciados, en el recurso de apelación, pues no condenó a los procesados a ningún tipo de reparación digna en favor del Estado de Guatemala, a pesar que es un requisito obligatorio dentro del procedimiento especial de aceptación de cargos”, se lee en el reclamo.
Apelación de la Procuraduría General de la Nación
No aceptan la solicitud de la PGN
Esa fue la queja que llegó finalmente a la Corte de Constitucionalidad (CC), que analizó el amparo promovido por el Estado. Sin embargo, la mayoría de magistrados resolvió que la apelación presentada por la PGN era improcedente, y mantuvo la decisión de la jueza de no imponer el pago de una reparación al Estado.
“Por los motivos expuestos, en el presente caso, no se evidencia agravio alguno que pueda ser reparado en amparo, de ahí que, deviene notoriamente improcedente y, siendo que el Tribunal de primer grado resolvió en igual sentido, procede confirmar la sentencia conocida en grado, pero por las razones aquí consideradas”, concluye.
En esa decisión hubo diferencias entre los magistrados. Por un lado, Leyla Lemus y Héctor Hugo Pérez Aguilera se opusieron. Mientras que, Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa, Nester Vásquez, Luis Rosales y Walter Jímenez, respaldaron el fallo que benefició a los constructores que aceptaron el delito de fraude y no resarcieron al Estado.
Con ese fallo, la CC mantiene las resoluciones previas y deja el monto establecido por la jueza y que no se entregó al Estado.
Condenas sin cárcel
La investigación del Ministerio Público apunta a una red que involucró a funcionarios públicos y empresas constructoras vinculadas al proyecto. En varios de los casos, los implicados optaron por acogerse al procedimiento especial de aceptación de cargos, una vía que permite reducir las penas a cambio de admitir responsabilidad en los hechos.
El resultado ha sido una serie de condenas con penas mínimas y reparaciones económicas reducidas, pese al millonario costo del proyecto y a los daños generados por las fallas de la obra. Entre los implicados en el caso figuran Jorge Alfredo Tejada Argueta, entonces vicepresidente del consejo administrativo y representante legal de Conasa, y Carlos Enrique Figueroa Rabanales, en el caso figuraba como administrador único y representante legal de Renova Ingenieros, S.A.
Por esos hechos, se les impuso inicialmente cinco años de prisión; sin embargo, al haberse acogido al mecanismo de aceptación de cargos, la pena fue reducida a tres años y cuatro meses de cárcel, conforme a los beneficios que contempla ese procedimiento.
Durante la audiencia de reparación digna, la Procuraduría General de la Nación solicitó que las empresas vinculadas al caso resarcieran al Estado por los daños ocasionados: Q15 millones en el caso de Renova Ingenieros y Q4 millones para Conasa. No obstante, la jueza Domínguez rechazó esa pretensión al considerar que el representante legal de la institución no acreditó de forma suficiente el agravio.
Estas condenas se suman a la del exministro Jose Luis Benito, que también aceptó cargos y no tuvo que pisar la prisión. En diciembre de 2025, se le condenó a dos años y seis meses de cárcel conmutables.
Un entramado de corrupción
La Fiscalía contra la Corrupción estableció que los sindicados defraudaron al Estado de Guatemala, por medio del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, (MICIVI) en un evento de licitación pública, para la construcción de la carretera Libramiento de Chimaltenango.
Se determinó que se benefició a la entidad Constructora Nacional, S.A. a través de Renova Ingenieros, S.A., como entidad oferente en el evento; misma que carecía de la capacidad técnica, económica y financiera, aun así fue adjudicada por el monto de Q.77 millones 798 mil 535.34 por la Junta de Licitación.
Asimismo, se efectuó el pago de indemnizaciones a particulares en concepto de derecho de vía sin que fueran propietarios de los inmuebles y con documentos falsificados. Esto provocó una erogación por parte del Estado de Q15 millones 388 mil 357.35, dinero que fue dispuesto por los mismos a través de distintas transacciones financieras, con el fin de ocultar su destino final.
La investigación evidenció que los sindicados defraudaron al Estado de Guatemala por medio del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en un evento de licitación pública por más de Q500 millones.
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