La integración de la próxima Corte de Constitucionalidad no solo definirá quién interpretará la Constitución durante los próximos cinco años, sino qué sector político, social y empresarial tendrá la capacidad de inclinar decisiones clave en momentos de crisis. Con dos designaciones ya marcadas por bloques en disputa y otras dos que apuntan hacia polos opuestos, el Congreso de la República podría convertirse en el árbitro que rompa un eventual empate 2-2 dentro de la máxima Corte.
Por Prensa Comunitaria
Después de que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y el Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC designaron a su representación para la próxima Corte de Constitucionalidad (CC) y con un panorama claro sobre los perfiles que buscan la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Organismo Ejecutivo, el Congreso se torna clave para el curso de operación de la CC.
El 20 de febrero concluyó la recepción de expedientes de los aspirantes a la CC por parte de los organismos Legislativo y Ejecutivo. El presidente Bernardo Arévalo agradeció la masiva participación, ya que recibieron 76 nominaciones a magistrados, mientras que la Dirección Legislativa del Congreso de la República anunció la recepción de 55 expedientes.
Si las redes de poder se alinean como hoy se perfilan, la CC podría quedar dividida en dos bloques de dos magistrados cada uno, el de los abogados tradicionales y el nuevo bloque vinculado al gobierno y sector empresarial. En ese escenario, el Congreso de la República se convertiría en el voto decisivo que incline la balanza en los próximos cinco años.
El presidente Arévalo dijo que la mayoría de personas que se acercaron son “personas íntegras, con principios y valores, profundo conocimiento de nuestra Constitución y un enorme amor por Guatemala”.
Dentro de las personas más reconocidas que entregaron su papelería en el Ejecutivo se encuentran los constitucionalistas Gabriel Orellana y Alejandro Balsells; el exjuez Miguel Ángel Gálvez; el exdirector de la Escuela Centroamericana de Periodismo, Mario René Chávez García; el exfiscal Contra la Corrupción Stuardo Campo; las exmagistradas de la CSJ Delia Dávila y María Eugenia Morales Aceña; y la extrabajadora de la CICIG, Gladys Verónica Ponce Mejicanos.
Además, la directora del Bufete de Pueblos Indígenas, Carmela Curp; la jueza Sara Yoc Yoc; el magistrado suplente de la CC, Walter Jiménez Texaj; el exinterventor de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), Alexander Aizenstatd; y la exprocuradora general de la nación Anabella Morfín.
Antes de que se entregara el listado, en el Ejecutivo se hablaba de la intención del presidente Arévalo por nombrar al constitucionalista y excanciller Gabriel Orellana, aunque el propio abogado negó haber tenido acercamientos con el mandatario para tratar ese tema, en una comunicación con Prensa Comunitaria.
Por parte del Legislativo, figuran personajes como los actuales magistrados titulares de la CC, Roberto Molina Barreto y Dina Ochoa, y los suplentes Rony López, Walter Jiménez Texaj, Claudia Paniagua y Luis Rosales.
Asimismo, los magistrados de la CSJ, René Guillermo Girón Palacios y Flor de María Gálvez (hermana del exrector Estuardo Gálvez); el magistrado de Apelaciones, Noé Ventura Loyo; el excandidato a la presidencia de Roberto Arzú, David Pineda; y el fiscal Melvin Portillo, quien luego de su derrota como magistrado electo por el CANG, busca la magistratura suplente en el Congreso.
El juez Moisés Emilio de León Díaz y el exasesor del diputado de URNG-Maiz; Walter Felix; Miguel Ángel Hernández Sagastume, también presentaron su documentación ante el Legislativo.
En el Congreso parece haber un consenso sobre quién ocuparía la magistratura titular: el magistrado Rony López. Sin embargo, la discusión se encuentra entre los aspirantes a la suplencia, donde se considera otro magistrado y exdiputado por el partido Valor, Luis Rosales; el excandidato de Podemos, David Pineda; y Juan Luis Aguilar Salguero, exconcejal de la municipalidad de Guatemala entre 2000 y 2004, que ha ido ganando aceptación.
Aguilar Salguero fue señalado en un caso relacionado al desaparecido Banco de Crédito por lavado de dinero, por más de Q40 millones, obstrucción de justicia, asociación ilícita y uso de documentos falsificados; sin embargo, en 2022, la CC le concedió un amparo para que se dictara falta de mérito sobre esos señalamientos. En esa época los netcenter vincularon al abogado como mandatario de la familia Gutiérrez y personero de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), aunque investigaciones periodísticas desestimaron su relación con la Comisión.
Tanto el Ejecutivo como el Congreso han anunciado que la designación de sus magistrados se realizará antes del 10 de marzo.
Una Corte nueva
La próxima CC será, en buena medida, una Corte nueva. Ninguno de los magistrados actuales ha conseguido su reelección hasta ahora y el proceso de designaciones sigue en curso.
Para el exmagistrado y expresidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre, aunque muchas veces se piensa que los magistrados responden a intereses sectoriales, la Corte “está conformada por cinco titulares y cinco suplentes de distintos sectores” y ha sido, históricamente, un órgano que garantiza la paz social.
Aunque Maldonado dice que “los presidentes han respetado y cooperado con la Corte, lo cual es una garantía para la gente”, más allá del diseño formal, el debate actual gira en torno a la correlación política que pueda configurarse.
El empate que se perfila
Para el analista político Renzo Rosal no basta con observar cada designación por separado, sino la suma de fuerzas. “No solo hay que ver la designación de cada uno sino la correlación y los intereses políticos, para determinar si va a ser una corte 3 a 2 o 2 o 3”, dijo.
Actualmente hay movimientos que apuntan hacia un posible empate estructural.
Por un lado, en el CANG fue electa Astrid Lemus, de Unidad X la Democracia, un grupo cercano al oficialismo. Por otro, el CSU de la USAC realizó su designación en un contexto en el que el rector Walter Mazariegos mantiene influencia dentro del órgano universitario, al nombrar a Julia Marisol Rivera Aguilar, exesposa de Luis Cordón Lucero, mano derecha de Mazariegos.
La especialista en procesos de postulación, Carmen Aída Ibarra, advierte que aún es temprano para anticipar “la correlación de fuerzas porque de los cuatro magistrados ya electos o designados solo Astrid Lemus ha estado en un órgano colegiado”.
En el caso de las designaciones universitarias, Ibarra dijo que “se puede intuir que son afines a Walter Mazariegos y que van a apoyarlo en los temas de ese ámbito”, pero en otros casos —como amparos por manifestaciones, procesos penales o inconstitucionalidades— no es posible prever hacia dónde se inclinarán.
Además, recuerda que en las acciones de inconstitucionalidad la Corte se integra con siete magistrados, abriendo la puerta a que suplentes influyan en decisiones clave.
La CSJ y el bloque tradicional
En el caso de la Corte Suprema de Justicia, distintas fuentes señalan que la correlación interna favorece al grupo cercano al magistrado Nester Vásquez.
La elección de Claudia Paredes como presidenta de esa Corte evidenció la capacidad de ese bloque para articular una mayoría. Bajo esa lógica, la CSJ podría designar a Vásquez o a alguien de su grupo, consolidando así un voto dentro de la CC alineado con sectores conservadores.
Si se suma la cercanía política entre Walter Mazariegos y el grupo de Vásquez, podría hablarse de dos votos con afinidad estratégica dentro de la nueva integración.
Ejecutivo y CANG: el otro bloque
En contraposición, Unidad X la Democracia logró que Astrid Lemus llegara a la CC por el CANG, mientras que el presidente Bernardo Arévalo designará a sus magistrados buscando un perfil cercano a los intereses de Semilla.
Aunque Lemus se presentó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para denunciar el riesgo de no poder asumir, la fase de impugnaciones a su elección finalizó y el único que podría existir es a través de una acción penal en su contra. En igual situación está la elección hecha por Consejo Superior Universitario de la USAC, donde ya terminó el periodo para la recepción de impugnaciones y las designaciones de Julia Marisol Rivera Aguilar (titular) y José Luis Aguirre Pumay (suplente) estarían confirmadas.
En ese escenario, podrían configurarse dos magistrados cercanos al oficialismo y dos vinculados a agrupaciones gremiales tradicionales.
Si el empate 2-2 se concreta, el Congreso tendría el voto de desempate.
El Congreso como árbitro
Para el analista político Renzo Rosal, el Legislativo será determinante ya que “el Congreso tendrá el voto decisivo porque podemos pensar que hay un empate y el Congreso va a inclinar la balanza”.
Pero la elección parlamentaria no ocurre en el vacío. Rosal dice que la “maquinaria” de incentivos y negociación sigue activa y menciona a diputados como Luis Aguirre, Adim Maldonado y Nery Ramos como actores que mueven votos en el Congreso y señala que, aunque no necesariamente haya intercambios en efectivo, los incentivos se canalizan a través de proyectos y obras territoriales.
“Ellos dicen que no dan dinero, pero sí toda la lógica de proyectos, que es lo que posiciona a los diputados en el ámbito territorial de cara a una elección”, agregó el politólogo Luis Fernando Mack.
Según el análisis de Mack, el oficialismo perdió capacidad de negociación en su segundo año y difícilmente podrá imponer un magistrado favorable a su causa. En el mejor de los casos, podrían evitar “lo más malo” y optar por un perfil intermedio.
La pregunta, plantea Mack, es “¿qué tan menos malo va a ser el que nombre el Congreso?”, ya que se presentaron 55 aspirantes, entre ellos 6 magistrados de la actual CC y dos de la CSJ.
Un escenario 4-1
El analista e historiador Alfredo Calderón plantea un escenario más drástico. A su juicio, con la forma en que el Ejecutivo ha manejado nombramientos anteriores, podría terminar configurándose una Corte 4 a 1.
“El presidente Arévalo cometió un gravísimo error al abrir la designación de magistrado cuando era una decisión que debía tomar solo con su consejo de ministros”, dijo Calderón previo a considerar que los procesos de postulación recientes han demostrado debilidad institucional y no descarta que el Congreso se incline por alguien del grupo tradicional.
“Entonces no se pueden esperar resultados diferentes si se realizan los mismos procedimientos, en donde los procesos de postulación no han servido y para muestra está el trabajo de la Postuladora de TSE, que entregó una nómina con candidatos malísimos”, dijo Calderón.
Además, el analista aseguró que hasta la embajada se tuvo que pronunciar abiertamente por esa situación, refiriéndose al mensaje del 18 de febrero del encargado de negocios de Estados Unidos en Guatemala, John Barret, cuando enfatizó que “las autoridades universitarias guatemaltecas abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes con sus selecciones para el TSE, priorizando sus propios intereses por encima del bienestar del país y de sus instituciones”.
Tras las declaraciones del encargado de negocios de EE. UU. en Guatemala, el CACIF emitió un pronunciamiento en la misma línea, incrementando la presión en contra de quienes deben designar magistrados del TSE, de la CC y de fiscal general.
De hecho la exsecretaria de la junta directiva del Congreso y diputada Karina Paz dijo que ellos deben lidiar con la presión para designar a los magistrados del TSE y respondió al CACIF cuestionando “¿por qué no hicieron el llamado a la Comisión de Postulación? Ellos tuvieron en sus manos casi 200 expedientes. Ahora, en el Congreso tenemos que elegir 10 de 20, del listado que nos dejaron”.
Los aspirantes y las negociaciones
En el Congreso ya se han presentado aspirantes para la magistratura. Entre los nombres que circulan están perfiles con trayectoria en el Ministerio Público, el litigio constitucional y la política partidaria.
Fuentes legislativas consultadas dicen que existen negociaciones para designar como magistrado titular a Ronny López y como suplente a David Pineda, excandidato a la vicepresidencia por el partido de Roberto Arzú. Estas conversaciones aún no son definitivas, pero evidencian que la elección no será únicamente técnica.
De confirmarse este tipo de acuerdos, el Congreso no solo estaría nombrando a un magistrado más, sino al posible voto que defina suspensiones de leyes, amparos contra decisiones del Ejecutivo o conflictos entre poderes.
Más que nombres, correlación
La aritmética política señala que, si la CC queda dividida en dos bloques de dos magistrados, el Congreso tendrá la llave.
La nueva Corte no solo interpretará la Constitución, sino que sería la instancia definitiva para la resolución de conflictos electorales, disputas presupuestarias y casos de alto impacto penal. En cada decisión cerrada, el voto designado por el Legislativo podría ser el que incline la balanza.
