A pocos meses de dejar el Ministerio Público, Consuelo Porras apunta ahora a una magistratura en la Corte de Constitucionalidad (CC). La fiscal general saliente presentó su expediente por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), que elegirá a su representante ante el máximo tribunal constitucional del país. La presidenta de la CC, Leila Lemus también busca su reelección con el apoyo de la universidad.
Por Alexander Valdéz
La fiscal general Consuelo Porras, quien el 17 de mayo finaliza su gestión en el Ministerio Público, busca ahora ocupar una magistratura en la Corte Constitucionalidad (CC). Su postulación, que no es ninguna sorpresa, la realizó por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), donde entregó su expediente como parte del proceso de selección del representante sancarlista en el máximo tribunal constitucional del país.
La aspiración de Porras ocurre tras dos periodos de señalamientos nacionales e internacionales, en la que desde el Ministerio Público se impulsaron investigaciones y procesos penales contra actores de la sociedad civil. Periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia, quienes fueron objeto de criminalización y persecución judicial durante su administración, lo que provocó el exilio de decenas de ellos.
Ahora, su expediente con el que busca ser titular o suplente está en manos de la USAC. Consuelo Porras será parte de una disputa por la magistratura constitucional, un puesto clave para el resguardo democrático y el orden constitucional.
De llegar a una magistratura en la CC, Porras no solo prolongaría su influencia dentro del sistema de justicia, sino que consolidaría una posición clave desde el máximo tribunal del país. Su eventual nombramiento le permitiría incidir en decisiones constitucionales estratégicas, en un momento en donde su gestión al frente del Ministerio Público dejó una red de poder y lealtades construidas a lo largo de ocho años.
Además, el cargo de magistrada le otorgaría inmunidad, lo que la blindaría frente a eventuales procesos penales derivados de los señalamientos por su desempeño en el ente investigador. Porras ya fue magistrada suplente de la CC por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), justo fue el puesto que dejó antes de llegar al Ministerio Público.
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No compite sola
La fiscal general no compite sola por una magistratura constitucional. En la contienda también figura la actual presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Leyla Lemus, quien busca su reelección en el cargo por la USAC. Ambas candidatas comparten un elemento en común, y es su vinculación directa con el rector de facto de la Universidad de San Carlos, Walter Mazariegos, cuya llegada al poder universitario ha estado marcada por cuestionamientos y denuncias de fraude.
En el caso de Porras, desde el Ministerio Público se impulsaron acciones de criminalización de estudiantes y profesionales que se opusieron a la elección de Mazariegos, además, lo ha respaldado en litigios orientados a renovar el Consejo Superior Universitario (CSU).
Lemus, por su parte, convalidó desde la CC la elección de Mazariegos pese a los señalamientos de amaño y, aunque posteriormente ordenó la renovación del CSU, no ha asumido una postura firme frente al incumplimiento del amparo que ordena ese proceso. De hecho, ese mismo CSU, que ella ordenó renovar es quien hará la elección donde compite.
Sanciones internacionales
Consuelo Porras busca ahora ocupar otro alto cargo en el sistema de justicia, pese a tener prohibido el ingreso a Estados Unidos, país que la señaló como una actora corrupta y antidemocrática. La fiscal general fue incluida en listas de sanciones por su papel al frente del Ministerio Público y por acciones consideradas contrarias al orden democrático.
La misma restricción pesa en Canadá y en más de 40 países de Europa, donde tampoco puede ingresar debido a sanciones internacionales. Estas medidas fueron impuestas tras los intentos de su administración por obstaculizar que Bernardo Arévalo y Karin Herrera asumieran los cargos en 2023.
Para organizaciones sociales, juristas y actores políticos, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC no tiene legitimidad para designar magistrados de la Corte de Constitucionalidad, debido a que más de la mitad de sus integrantes no ha sido renovada conforme a la normativa universitaria. Esta situación, señalan, distorsiona la representación interna y debilita la validez de cualquier decisión que adopte el órgano.
El CSU está integrado por 41 miembros entre decanos, representantes de egresados, docentes y estudiantes, y es presidido por el rector de la Universidad de San Carlos. En las sesiones del consejo, el rector no solo dirige los debates, sino que además ejerce un doble voto, un factor que incrementa su peso político dentro de un órgano ya cuestionado por su falta de renovación.
La designación de magistrados en la USAC está programada para el 16 de febrero.
