En el informe anual, la organización encuentra varios puntos frágiles de la institucionalidad desde la criminalización que impulsa el Ministerio Público y al sistema de justicia, Consuelo Porras y Fredy Orellana son señalados de ser los responsables de la persecución judicial en el país.
Por Simón Antonio Ramón
El informe anual de derechos humanos de la organización Human Right Wacht (HRW) sobre Guatemala señaló que el estado de derecho es vulnerable por las actuaciones del Ministerior Público (MP) en cuanto a la criminalización que ha impulsado contra operadores de justicia, defensores de derechos humanos, autoridades indígenas, periodistas y estudiantes universitarios.
El informe también evalúa el desempeño el gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera por lo que señala que persisten en el país indices de pobreza y desigualdad, así como discriminación estructural contra pueblos indígenas.
El informe fue presentado la mañana del 4 de febrero por Juan Pappier, director para América Latina de HRW.
Independencia judicial y estado de derecho
Human Right Wacht documentó que los procesos de selección y elección de autoridades judiciales son opacos y debilitan la independencia judicial. Por lo que reiteran las observaciones de la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de magistrados y abogados, “que los procesos de nombramiento de altos funcionarios judiciales en Guatemala son vulnerables a la interferencia de actores corruptos”.
Señaló a Consuelo Porras y a Fredy Orellana como dos de los operadores de justicia que vulneran el estado de derecho y la persecución judicial contra defensores de derechos humanos, autoridades indígenas, periodistas y estudiantes universitarios, casos considerados como espurios.
Resalta la detención de varias autoridades indígenas como Luis Pacheco y Héctor Chaclán, el 23 abril y de Esteban Toc, detenido en septiembre de 2025, criminalizados por la convocatoria del paro nacional en 2023, cuando el MP intentó anular los resultados electorales para presidente y vicepresidente de ese año.
También, recoge las detenciones del estudiante Edmar Arriola y el abogado y reconocido defensor de derechos humanos Ramón Cadena Ramila por el caso Toma USAC: Botín Político, en donde estudiantes, docentes,profesionales y activistas protestaron contra el fraude electoral de rector en la USAC de 2022, momento en el que usurpa la Rectoría Walter Mazariegos al dia de hoy, sancionado por Estados Unidos como persona corrupta y antidemocrático en la Lista Engel.
La organización internacional señala que la detención del exfiscal Stuardo Campo; la criminalización de Claudia González, exmandataria de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG); y los exilios de la exfiscal Virginia Laparra y del exfiscal de la FECI Juan Francisco Sandoval, son casos calificados como procesos espurios.
Escenario hospital para la prensa
En este mismo contexto, se persigue al periodista José Rubén Zamora Marroquín, fundador deldesaparecido diario El Periódico, quien se encuentra en prisión desde julio de 2022, por lo que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria calificó que su detención ha sido desde el inicio arbitraria.
El informe señala que con la detención de Zamora; el registro hasta mayo de 2025 de 19 periodistas en el exilio, el asesinato de 23 periodistas desde 2015, el asesinato de Ismael Alonzo en marzo en Quetzaltenango, del cual afirma que el MP solo ha investigado y “resuelto” seis casos.
Situación estructural del país
El Estado de Guatemala se niega a ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe conocido como Acuerdo de Escazú. Esto por la negativa del Congreso de la República de ratificar dicho acuerdo. En el contexto de criminalización e impunidad según el informe de que, en 2024 fueron asesinados 28 defensores de derechos humanos.
Además, señala que las mujeres y las niñas enfrentan barreras estructurales para el acceso a la justicia, la atención médica, la educación y el seguro social, en casos de violencia sexual y embarazos forzosos, que entre 2018 a 2024 se registraron casi 15 mil casos. “El programa “Vida” de asistencia financiera para niñas embarazadas y madres menores de 14 años tiene una baja cobertura debido a estrictos requisitos de elegibilidad y obstáculos burocráticos”, denunció HRW.
A esta situación se suma que en el 2023 se registró que el 56 por ciento de la población vive en situación de pobreza, con afectaciones del 75 por ciento a la población indígena, siendo Guatemala el país que tiene el índice más alto en América Latina de desnutrición crónica con 47 por ciento de niños menores de cinco años y 58 por ciento de niñez indígenas.
Aumento de la violencia
Señaló que Guatemala se enfrenta a desafíos generados por el crimen organizado y narcotráfico, a partir de la debilidad institucional del sistema de justicia como la fuga de 20 integrantes del Barrio 18 de una cárcel de máxima seguridad.
Está situación se dio en medio del aumento de la violencia de un 21 por ciento entre enero y julio de 2024 a diferencia del mismo periodo del año anterior; y también, el aumento de las extorsiones en 2024 a un 39 por ciento a diferencia de 2023. La organización critica la poca atención del Estado guatemalteco al asesinato de al menos 16 personas LGBT.
Lea el informe completo en:
https://www.hrw.org/world-report/2026/country-chapters/guatemala
