Con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), creado en 1983, también nació el proceso dirigido a elegir a las autoridades de la institución. Desde entonces una Comisión Postuladora integrada por las universidades del país, entre otras entidades, evalúa los perfiles y el cumplimiento de los requisitos. Elige a 20 candidatos y de esta nómina se seleccionan cinco magistraturas titulares y cinco suplentes. A la fecha 33, han sido magistrados titulares.
Por Prensa Comunitaria
De 1984 a 2020 han sido electas siete magistraturas del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La nómina de 20 candidatos, de las cuales se elige a 10, se elabora en una Comisión de Postulación presidida por el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), que hasta 2022, representaba una de las figuras con mayor honorabilidad y credibilidad del país. En la historia del TSE se reconoce de los magistrados una irreprochable hoja de vida. Por ejemplo, a Arturo Herbruger, primer presidente de este Tribunal se le recuerda como abogado y político, probo, transparente y con capacidad de mediar. Cualidades que facilitarían el regreso de la democracia al país. No siempre su trabajo ha sido fácil. El fantasma del fraude los ha perseguido a lo largo de la historia. Los actuales magistrados titulares lo saben bien.
La Séptima Magistratura comenzó a trabajar en 2020 en medio de la polémica por las irregularidades en la certificación del título de doctorado y de maestría de dos de los magistrados, a los pocos meses los alcanzó la pandemia de la covid-19; convocaron y organizaron los comicios generales de 2023, fueron señalados por excluir candidaturas presidenciales y luego de los comicios han sido blanco de una persecución judicial a causa de la compra de un sistema informático.
Los 33 magistrados
De 1984 a 2020, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Organismo Legislativo han elegido 33 magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral, y a por lo menos 25 magistrados suplentes, de un listado de 20 candidatos definidos en una Comisión de Postulación.
En 1983, el jefe de Estado, Efraín Ríos Montt dio el visto bueno a la selección de los primeros cinco magistrados, del recién creado Tribunal Supremo Electoral, que serían los responsables de hacer cumplir el engranaje legal destinado a promover lo que se necesitaba entonces para que Guatemala fuera otra vez, un país democrático.
Durante el Gobierno de Ríos Montt se emitieron la ley Orgánica del TSE (Decreto ley 30-83), que lo facultaba como órgano autónomo de cualquier dependencia o autoridad estatal; la ley del Registro de Ciudadanos (Decreto ley 31-83) y la ley de Organizaciones Políticas (Decreto ley 32-83) con la finalidad de que los magistrados electos arrancaran su trabajo en un marco institucional vigente.
Se eligió a Arturo Herbruger Asturias, presidente del TSE; Justo Rufino Morales Merlo; Gonzalo Menéndez de la Riva; Manuel Ruano Mejía y Ricardo René Búcaro Salvarría, vocales I, II, III y IV.
Nace la Comisión Postuladora
Sin embargo, con el fin de que la duda o la incertidumbre no marcaran el trabajo del nuevo ente, se consideró que se elegirían a sus autoridades con un mecanismo distinto. Se convocó a una Comisión de Postulación presidida por el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC); los rectores y decanos de las universidades privadas; el decano de la facultad de Derecho de la USAC; así como de la Asamblea de los Presidentes de los Colegios Profesionales, entre otros, por su reconocida honorabilidad y perfil idóneo.
De esa instancia surgió la nómina que se envió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que eligió en la Primera Magistratura a Herbruger Asturias (presidente); Menéndez de la Riva (vocal I); Ruano Mejía (II), Julio César Ordóñez Polanco (vocal III) y a John Schwank Durán (vocal IV). Se eligió por primera vez un magistrado suplente, Manuel Antonio Aldana.
La Primera Magistratura fue electa por seis años, de 1984 a 1990. Fue responsable de las elecciones a diputados de la Asamblea Nacional Constituyente, en 1984 y de las primeras Elecciones Generales de la era democrática, que dieron el triunfo a Vinicio Cerezo, de la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG). En 1988, convocaron y organizaron las elecciones municipales de medio periodo.
Menéndez de la Riva renunció al cargo en 1987, al ser elegido el primer Procurador de los Derechos Humanos por el pleno del Congreso, el 13 de agosto de ese año. La figura de Magistrado de conciencia nació con la Constitución vigente desde 1986. El exmagistrado del TSE ocupó el cargo de 1987 a 1989, cuando el pleno de diputados votó por Ramiro de León Carpio como su sucesor.
El impacto del Serranazo en el TSE
En 1989 se eligió la Segunda Magistratura, cuyo periodo arrancó en 1990 y concluiría en 1996. La CSJ reeligió al presidente Herbruger Asturias y esta vez a Ruano Mejía lo designó vocal I. Eligió además a Fernando Bonilla Martínez, vocal II; Mario Roberto Guerra Roldán, vocal III y a Gabriel Antonio Medrano Valenzuela, vocal IV.
En 1990, los magistrados convocaron a los comicios generales que llevaron a la Presidencia y Vicepresidencia a los candidatos del Movimiento de Acción Solidaria (MAS) Jorge Serrano Elías y Gustavo Espina. El nuevo presidente, había dirigido el Consejo de Estado, que hacía las veces de Organismo Legislativo durante el Gobierno de facto de Efraín Ríos Montt.
Ese año, el TSE también promovió las primeras votaciones de diputados de Guatemala en el Parlamento Centroamericano. En 1993, los magistrados promovieron las elecciones municipales de medio periodo. Sin embargo, un acontecimiento imprevisto encendió otra vez las alarmas a nivel nacional y en el extranjero. La democracia en el país, otra vez, estaba en peligro.
El 25 de mayo de 1993, a poco más de dos años de haber sido juramentado, el presidente Serrano Elías, en un autogolpe de Estado conocido como “El Serranazo”, disolvió el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia. También suprimió la Constitución Política de la República, consensuada y aprobada por el pleno de la Asamblea Nacional Constituyente en 1985 y vigente desde 1986, apenas ocho años atrás.
“El Serranazo” fue rechazado por los distintos sectores de la sociedad guatemalteca, incluido el Ejército, lo cual obligó a Serrano Elías y Espina a renunciar a los cargos el 1 y 5 de junio de 1993.
El caos provocado por esta crisis de gobernabilidad impactó de forma directa al TSE. Se desconoció a Gustavo Espina como sucesor de Serrano Elías y arrancó un proceso en el Congreso de la República para elegir a sus sucesores.
El 5 de junio de 1993, el pleno de diputados declaró vacantes los cargos y comenzó un proceso para elegir de una terna a los sucesores de los dirigentes del MAS, que habían salido al exilio.
Ese día se aceptó la renuncia de Herbruger Asturias al TSE, a quien se había considerado como candidato a vicepresidente de la República y se aprobó el decreto 16-93, mediante el cual se declaró presidente electo a Ramiro de León Carpio hasta el 14 de enero de 1996. “El presente decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso. Se aprobó en una lectura”, se lee en la publicación del Diario de Centroamérica, del 9 de junio de ese año.
Alfonso Cabrera, dirigente de la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), quien fue presidente del Legislativo de 1986 a 1987, recordó que fue él quien postuló a Herbruger Asturias en la terna para la Vicepresidencia. “Era una persona excepcional, un gran abogado y político. Probo y con una reconocida trayectoria”, dijo.
Herbruger Asturias acompañó en el Gobierno a De León Carpio hasta 1996. Su lugar en el TSE fue ocupado por el magistrado Manuel Ruano Mejía, pero falleció ese año. Se designó entonces en su lugar al magistrado Fernando Bonilla Martínez, quien murió en 1994. Fue el magistrado Mario Guerra Roldán quien ocupó la Presidencia hasta 1996.
La Segunda Magistratura fue la responsable de convocar las elecciones municipales de medio periodo en 1993 y de promover la Consulta Popular, del 30 de enero de 1994, en la que ganó el “SI” a la reforma de 37 preceptos constitucionales, con poco más de 300 000 votos. El abstencionismo se registró en 85 por ciento. Con esta consulta se promovió la depuración del Congreso de la República y del Organismo Judicial.
En 1995, los magistrados del TSE convocaron a las Elecciones Generales y del Parlamento Centroamericano, el 12 de noviembre de ese año. En la primera vuelta de las votaciones a la Presidencia resultaron en los primeros lugares: Álvaro Arzú, del Partido de Avanzada Nacional (PAN); y Alfonso Portillo, del Frente Republicano Guatemalteco (FRG). En la segunda vuelta del 7 de enero de 1996, Arzú obtuvo la victoria con una diferencia del 2 por ciento sobre su rival. Su triunfó lo decidió el distrito metropolitano y ciudad de Guatemala.
La Tercera Magistratura
En 1996, fueron electos los magistrados del TSE para el periodo que concluiría en 2002: Félix Castillo Milla, presidente; Medrano Valenzuela, vocal I; Guerra Roldán, vocal II; César Augusto Conde Rada, vocal III y a Osmundo Romeo Villatoro Díaz, vocal IV.
A los dos años promovieron las elecciones municipales de medio periodo y entregaron al legislativo, la propuesta de reformas a la ley Electoral y de Partidos Políticos, “Guatemala, Paz y Democracia”, en consenso con los partidos políticos. El 16 de mayo de 1999, los magistrados dirigieron la Consulta Popular que surgió con la firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera, en 1996. El referéndum reportó un abstencionismo de más del 81.45 por ciento.
El “NO” ganó la consulta con el voto de 757 940 guatemaltecos, el 18.55 por ciento, de los más de 4.8 millones empadronados. Se esperaban reformas constitucionales que reconocían un país multicultural, multiétnico y plurilingüe; así como derechos de los pueblos indígenas a ser consultados sobre medidas administrativas que les afectara de forma directa.
Seis meses más tarde, los magistrados del TSE dieron luz verde a la jornada de Elecciones Generales y de Parlamento Centroamericano, programadas para el 7 de noviembre de 1999. La segunda vuelta de votaciones presidenciales se efectuó el 26 de diciembre de ese año. Alfonso Portillo, del FRG ganó con el 63.31 por ciento del electorado, equivalente a 1 millón 185 160 votos. Por Óscar Berger, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), votaron 549 936 guatemaltecos, el 31.69 por ciento.
La Cuarta Magistratura se inició por el periodo de 2002 a 2008. En esta oportunidad la decisión de elegir a los 10 magistrados (titulares y suplentes) recayó, por primera vez, en el pleno de diputados del Congreso, ya no en el de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por reformas a la ley Electoral y de Partidos Políticos.
El Legislativo eligió a Óscar Edmundo Bolaños Parada, presidente; Ángel Alfredo Figueroa, vocal I; Roberto Aníbal Valenzuela Chinchilla, vocal II; Raymundo Caz Tzub, Vocal III y a Zoila Alicia Villela Villalobos, vocal IV, la primera magistrada del TSE.
Fueron responsables de convocar y organizar los comicios generales y al Parlamento Centroamericano de 2003, que llevó al poder a Óscar Berger, por la Gran Alianza Nacional (GANA) y los de 2007, en los que Álvaro Colom ganó la Presidencia por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
La Quinta Magistratura (periodo 2008-2013) se integró con tres abogadas. Una de ellas, María Eugenia Villagrán de León fue designada presidenta del TSE. Los vocales electos fueron: Helder Ulises Gómez, Mirtala Concepción Góngora Zetina, Patricia Eugenia Cervantes Chacón y Marco Tulio Melini Minera.
La sombra del caso la Línea
Se eligieron magistrados suplentes en esa ocasión: Enrique Dougherty Liekens; Saúl Guillermo Bonilla Sandoval, José Rodolfo Pérez Lara, Hugo Haroldo Calderón Morales (quien sustituyó a Marta Victoria Barrientos Martínez, único cambio del listado original) y a José Mynor Par Usen.
Los magistrados organizaron las Elecciones Generales que ganó el Partido Patriota (PP) con sus abanderados, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti en la segunda vuelta del 6 de noviembre de 2011.
Las magistradas Villagrán de León, Góngora Zetina y Cervantes Chacón negaron en esas votaciones, la inscripción de Sandra Torres, como candidata presidencial de la UNE, luego de divorciarse de Álvaro Colom.
Cuatro años después, la lucha contra la corrupción en el país alcanzó al presidente Pérez Molina y a la vicepresidenta Baldetti y ambos renunciaron a los cargos tras ser acusados de dirigir una extensa red de evasión fiscal que incluyó a importantes funcionarios del Gobierno. Baldetti dimitió el 9 de mayo de 2015 y Pérez Molina, el 2 de septiembre de ese año. Ambos fueron encarcelados en los meses posteriores.
Tras la renuncia de Baldetti, el Congreso de la República eligió, (el 14 de mayo), a Alejandro Maldonado Aguirre, quien fue incluido en una terna seleccionada por Pérez Molina, para ocupar el cargo. No obstante, con la posterior renuncia del presidente, Maldonado Aguirre fue juramentado jefe del Ejecutivo, del 3 de septiembre de 2015 al 14 de enero de 2016.
La Vicepresidencia la ocupó Alfonso Fuentes Soria, quien fue rector de la USAC (de 1990 a 1994), quien también conformaba la terna presentada por Pérez Molina al Legislativo. Lo juramentaron el 16 de septiembre de 2015.
Los nuevos retos de los magistrados del TSE
La Sexta Magistratura, periodo 2014-2020, promovió una serie de acciones con la finalidad de garantizar el voto de la población migrante guatemalteca. Esta magistratura estuvo integrada por Rudy Marlon Pineda, presidente; Julio René Solórzano Barrios, vocal I; Jorge Mario Valenzuela Días; vocal II, María Eugenia Mijangos Martínez, vocal III y Mario Ismael Aguilar Elizardi.
Los magistrados suplentes fueron José Aquiles Linares, Óscar Emilio Sequén, Augusto Eleazar López, Estuardo Gamalero Cordero y Ana Elly López.
Esta magistratura tuvo la responsabilidad de las Elecciones Generales de 2015, que ganó Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional (FCN Nación), en la segunda vuelta del 25 de octubre con más de 2 millones de votos. El segundo lugar lo ocupó Sandra Torres, quien logró ser inscrita como presidenciable de la UNE.
Ese año, el presidente del TSE presentó al Legislativo una propuesta de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, entre las que destacó: el voto de los migrantes guatemaltecos. En 2016, el pleno de diputados aprobó las modificaciones a dicha normativa y cobró vigencia el artículo 12 “Derecho al voto en el extranjero en la elección presidencial”. Para ello, el TSE emitió un reglamento específico.
Asimismo, con la ley vigente, se creó el 25 de noviembre de ese año, la unidad especializada de control y fiscalización de las finanzas de los partidos políticos (Acuerdo del TSE 304-2016) y se aprobó su reglamento. En esa misma fecha también se instituyó la unidad especializada sobre medios de comunicación y estudios de opinión (Acuerdo del TSE 305-2016) con su reglamento.
Además, con las reformas a la normativa se comenzó a rotar la Presidencia del TSE (artículo 126) entre los magistrados titulares, en cinco periodos iguales. El primer periodo, según la ley, le correspondería al magistrado de mayor edad, el de menor edad es quien concluye el último periodo.
Dos años más tarde, esta magistratura convocó la Consulta Popular sobre el diferendo territorial, insular y marítimo con Belice. En el referéndum del 15 de abril de 2018, más de 1 millón de guatemaltecos votaron “SI” a la pregunta: ¿Está usted de acuerdo con que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios sea sometido a la Corte Internacional de Justicia para su resolución definitiva y que ésta determine las fronteras de los respectivos territorios y áreas de las partes?
Las Elecciones Generales y al Parlamento Centroamericano, del 16 de junio de 2019, también fueron responsabilidad de la Sexta Magistratura. En la primera vuelta, obtuvieron los primeros lugares: Torres de la UNE y Alejandro Giammattei de VAMOS Guatemala. Giammattei ganó la Presidencia en la segunda vuelta, convocada para el 11 de agosto de ese año, con más de 1 millón 900 votos (había logrado 614 000 en la primera vuelta). La presidenciable de la UNE obtuvo 1 millón 300 000.
Resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) impidieron la inscripción de Thelma Aldana, Zury Ríos y Edwin Escobar como candidatos presidenciales en esas votaciones.
Giammattei fue juramentado el 14 de enero de 2020 y a los meses se declaró una pandemia sanitaria a nivel mundial a causa de la covid-19.
La Séptima Magistratura y la persecución judicial
Los magistrados que hoy dirigen el TSE fueron electos en 2020 y su periodo concluye en 2026. Los magistrados titulares son: Mynor Custodio Franco Flores, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, Irma Elizabeth Palencia Orellana, Blanca Odilia Alfaro Guerra y Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños.
En 2021, dirigieron jornadas de empadronamiento y de actualización de datos de residencia electoral en delegaciones y subdelegaciones del Registro de Ciudadano. Estas acciones se promovieron en Guatemala y Estados Unidos, en especial, por ser el mayor con mayor cantidad de migrantes.
En mayo de 2021, una investigación de elPeriódico evidenció irregularidades en la certificación del título de doctorado de Derecho Penal que Rojas Cetina habría utilizado para postularse a magistrado electoral, al igual que el título de maestría del magistrado suplente Marco Cornejo. La información que fue confirmada por la Universidad Da Vinci señala que ninguno había completado los estudios cuando presentaron sus certificados a la Comisión de Postulación.
Dos años después convocaron y organizaron las Elecciones Generales y del Parlamento Centroamericano del 25 de junio de 2024, en las que Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, pasó a la segunda vuelta junto con Torres de la UNE. En la segunda vuelta del 20 de agosto de ese año, Arévalo ganó la Presidencia con el respaldo de 2 millones 442 718. Torres obtuvo 1 millón 567 664, unos 200 000 más que la elección que perdió contra Giammattei.
Para esos comicios, el TSE, excluyó de la contienda las candidaturas de Thelma Cabrera, del Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP); Roberto Arzú de PODEMOS; Óscar Rodolfo Castañeda, de Poder; y Carlos Pineda, de Prosperidad Ciudadana.
Rechazo a los resultados electorales
A raíz del triunfo de Arévalo se inició una persecución judicial en contra de los magistrados del TSE y, por primera vez, en la época democrática del país, se violentaron las urnas que resguardaban el voto de la población guatemalteca y se allanaron las instalaciones del Tribunal en la zona 2 y sus bodegas. El MP solicitó el retiro de antejuicio de los magistrados, a quienes señalaba de la supuesta compra fraudulenta del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
El 15 de noviembre de 2023, en la 25 sesión ordinaria del pleno de diputados se hizo el sorteo para integrar la Comisión Pesquisidora que quedó integrada por: Enrique Montano, Julio Longo, Flavio Muñoz, Douglas Rivero y Osmundo Ponce.
El 1 de diciembre de ese año, tras conocer el informe de la Pesquisidora el pleno de diputados declaró con lugar la formación de causa de las diligencias de antejuicio promovidas en contra de: Irma Elizabeth Palencia, Ranulfo Rafael Rojas, Gabriel Vladimir Aguilera y Mynor Custodio Franco y se remitió esa resolución a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que admitió el retiro de antejuicio en enero de 2024.
El pasado 28 de noviembre, la Cámara de Amparos y Antejuicios de la CSJ resolvió que se permitía a los magistrados titulares del TSE regresar a sus cargos. Gabriel Aguilera Bolaños asumió la presidencia del TSE a partir de esa fecha.
Blanca Odilia Alfaro Guerra, actual magistrada titular del TSE, comentó que allegados suyos fueron quienes la motivaron en 2019 a participar en el proceso para elegir a nuevos titulares del Tribunal. “Mire Blanca usted podría participar y seguro que queda de magistrada”, le expresaron.
Alfaro Guerra se consideraba, hasta ese momento, usuaria del TSE por sus participaciones político-partidarias. “Participé en tres campañas como alcaldesa de Masagua, Escuintla. Perdí la de 2007, con el FRG y gané la de 2012, con el PP y me reelegí en 2015. Renuncié por la campaña a la vicepresidencia con Prosperidad Ciudadana. Hasta entonces no lo había pensado”, dijo.
“En los primeros días de enero, cuando se instala la Postuladora, dan ocho días para entregar la papelería. Hago mucho chiste porque lo dejé hasta el último día y tuvimos que pagar a un motorista para que fuera arreglar los papeles. Todavía hay notas de personas que dijeron que no podía llegar al Tribunal por mi relación con los partidos políticos”, añadió.
La actual magistrada titular superó los requisitos de la Postuladora y fue incluida en la nómina de 20 candidatos y el siguiente paso, que consideró “muy duro”, fue el acercamiento con las bancadas políticas representadas en el Legislativo. “Hice mi trabajo, como todos los de la lista. Fue muy difícil la noche de la elección, ni me lo creía, lo miraba muy lejos o imposible, porque solo eligen a cinco titulares”, comentó. Cuando la juramentaron fue como si la invitaran a una mesa con “todo maravillosamente arreglado, bonito”, pero lo que no sabía era lo que había al final.
“Seis años son muy cortos y pasan muy rápido. La democracia no solo en teoría, como se dice, es el pilar fundamental de un país, pero también es la vida misma, el proceso educativo, tecnológico (con la IA), es el modo de cumplir lo que la Constitución dice el bien común, porque tiene que ver con liderazgos y considero que el TSE enfrenta el mejor reto de su vida qué es hacer los cambios como se deben hacer en la vida. Ver para adelante. Sabe que la mochila de lo qué pasó debe ser recuerdo. El Tribunal tiene que tener ojos con la mirada al frente para ver lo que viene: las Elecciones Generales 2027 y 2031”, agregó.
La covid-19 y la persecución judicial
A los pocos meses de ocupar los cargos, a nivel mundial la covid-19 amenazaba la salud de las personas, pero el presidente Mynor Custodio Franco Flores, hacía llegar a los cuatro magistrados titulares a la sede del TSE. Eso sí, con las mascarillas puestas. “Nos decía: es que acabamos de llegar y tenemos que enterarnos, porque había cierre de Residencia Electoral en 2022. También había que programar el calendario electoral. Aunque hubo meses que no hubo empadronamiento, en el TSE no se dejó de trabajar”, añadió.
Sin embargo, la pandemia mundial y sus efectos no fue lo único que impactó a la Séptima Magistratura. Desde el triunfo de Arévalo en las urnas, en 2023, los magistrados titulares del TSE han sido blanco de persecución judicial.
“A mí me causó dolor. Somos guatemaltecos, hermanos, y no podemos llegar hasta el grado de desconfianza, desnaturalización y judicialización de temas del TSE. Hay que agradecer a la Corte de Constitucionalidad (CC) dos fallos históricos que dicen: Lo del Tribunal lo mira el Tribunal y sobre el respeto a los resultados electorales de 2023. Nadie puede tocarlos”, comentó
La magistrada estaba presente cuando el 30 de septiembre de 2023, la policía y el Ministerio Público (MP) allanaron las instalaciones del TSE y secuestraron las actas electorales (4 y 8), en medio de un hostil operativo. Alfaro Guerra cayó al suelo rodeada de agentes del orden público.
“Hicieron chistes y decían: ella se tiró, pero recién me habían operado de la columna y así nadie se va a tirar a propósito. Allí nadie se podía caer, estaba llenísimo. En ese espacio caben, sí mucho, unas 100 personas, pero había como 300. En algún momento, el magistrado Mynor Custodio logró que se bajara una de las cajas y quedó el espacio de la caja. En un video se observa que me empujó un policía y ya no hubo manera. Me caí y no sentí dolor físico. Lloré de impotencia, porque no se puede hacer nada”, recordó.
La magistrada cuenta que había conversado con los fiscales del MP para que no secuestraran las cajas. “Se le dijo que se le iban a escanear los documentos. Había 50 máquinas para escanear. No les queríamos negar nada. Les pedimos que comprendieran que desde el momento en que salieran las cajas del TSE, ambos quedaríamos mal frente a los ciudadanos”, afirmó.
A lo interno del Legislativo
Como exdiputado constituyente y presidente del Congreso por tres periodos (de enero de 2009 a enero de 2012), Roberto Alejos comentó algunas de las interioridades de la elección de magistrados del TSE, entre los diputados.
“En la Asamblea Nacional Constituyente se consideró la Academia como un peso favorable. “Se pensó en el rector de la USAC, el decano de Derecho de la USAC; los rectores y decanos de Derechos de las universidades privadas, que entonces solo eran cuatro. La balanza también se inclinaba por los abogados porque se trata de un Tribunal, que debe resolver acciones legales sobre lo electoral”, indicó. En ese sentido, los magistrados no tendrían por qué estar inmersos en asuntos administrativos, de logística o contrataciones, sino el Registro de Ciudadanos, añadió.
“Los abogados que se incluyen en la nómina son prestigiosos, con reconocida honorabilidad. Así fue el TSE original, con magistrado honorables que dieron credibilidad a ese nuevo ente, porque se venía de una época de fraudes electorales. Era indispensable que fueran honorables, de mucho prestigio en la profesión. Que fueran conocidos en la sociedad. Eso se había mantenido hasta que se politizó el TSE”, añadió. “Ahora se judicializó la política y se politizó la justicia. Los cargos se politizaron y el TSE se había mantenido alejado. Era el último baluarte, pero se politizó a causa del MP”, agregó Alejos.
“Durante el Gobierno de Álvaro Colom se podía elegir a cualquiera de los 20 candidatos de la nómina que entrega la Postuladora. Si la Comisión hace un buen trabajo, los 20 son los ideales. “El temor ahora es que no se piense en la honorabilidad”, añadió. “Ahora hay que estar muy atentos y duros con la Postuladora por el trabajo que haga. Sino elige a personas idóneas no importa por quien se vote. La sociedad debe vigilar que no se inscriban personas sin un buen perfil, que sea un proceso abierto, que se abran audiencia, que se escuchen las quejas y que se note quienes no son los ideales”, afirmó.
El perfil de algunos exmagistrados del TSE
Arturo Herbruger Asturias
Fue el primer presidente del TSE, en 1983 y vicepresidente del país del 18 de junio de 1993 a enero de 1996. Fue viceministro de Relaciones Exteriores, de 1946 a 1947, durante el Gobierno de Juan José Arévalo.
El 15 de marzo de 1949 fue electo presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por el Congreso de la República, junto con nueve magistrados. En 1953, el Legislativo lo removió del cargo y a otros magistrados, entre ellos Justo Rufino Morales Merlo, por resolver a favor el recurso de amparo presentado, contra el presidente Jacobo Árbenz que promovía el Decreto 900, ley de Reforma Agraria. El Legislativo decretó la destitución de Herbruger Asturias y de los magistrados, en enero de 1953. En su lugar, fueron nombrados: Marcial Méndez Montenegro, José Arturo Ruano Mejía, Ricardo Chávez Nackmann, Virgilio Zapata Mendía y Luis Edmundo López Duran.
Gonzalo Menéndez de la Riva
Antes de ser magistrado del TSE, había sido magistrado de la Cámara Penal de la CSJ de 1966 a 1970. Con la Constitución Política de 1985 nació la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, que comenzó a funcionar el 19 de agosto de 1987. Menéndez de la Riva, quien fue magistrado del TSE en 1983, se convirtió en el primer Procurador de Derechos Humanos. Fue electo para ese cargo por el Congreso de la República, el 13 de agosto de 1987 y tomó posesión el 19 de agosto.
Justo Rufino Morales Merlos
Fue uno de los magistrados de la CSJ, destituido en 1953 por el Legislativo, pero ocupó otra vez ese cargo de 1966 a 1970, cuando fue elegido presidente de la Cámara Penal y de la Cámara Civil de la Corte.
Julio César Ordóñez Polanco
Fue magistrado de la Cámara Penal de la CSJ de 1966-1970.
Gabriel Antonio Medrano Valenzuela
Fue rector de la Universidad Rafael Landívar, de 1996 a 1998 y presidente de la CSJ y OJ, en 2012. Desde el 13 de febrero de 2024 ocupa el cargo de Registrador General de la Propiedad.
Mario Roberto Guerra Roldán
Fue el primer jefe del Registro de Ciudadanos.
César Augusto Conde Rada
Fue miembro titular por las asociaciones empresariales de Comercio, Industria y Agricultura del país en el Consejo Consultivo del RENAP, del 27 de septiembre de 2015 al 26 de septiembre de 2016. Luego ocupó el cargo de vocal I, del 27 de septiembre de 2019 al 26 de septiembre de 2023. En 2017, participó como candidato a la presidencia del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, por la Planilla Alternativa Independiente.
Ángel Alfredo Figueroa
Fue presidente de la CSJ de 1997 a 1998.
Roberto Aníbal Valenzuela Chinchilla
Fue magistrado suplente de la Corte de Apelaciones de la CSJ en 1979.
Raymundo Caz Tzub
Catedrático de la Facultad de Derecho de la USAC.
Zoila Alicia Villela Villalobos
Fue aspirante a magistrada de la CSJ en 2014, se le excluyó de la nómina de candidatos por no presentar copia legalizada del DPI.
María Eugenia Villagrán de León
Asumió la jefatura de la Procuraduría General de la Nación (PGN), el 12 de diciembre de 2014, en lugar de Vladimir Osmán Aguilar Guerra, quien renunció al puesto al ser elegido magistrado de la CSJ.
Aguilar Guerra renunció a dicho cargo en 2016, luego de que se le involucró en el proceso irregular mediante el cual se otorgó un usufructo oneroso a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
Villagrán también se desempeñó como secretaria de la CSJ y jueza segunda de Primera Instancia del Ramo Civil. Además, fue presidenta del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
Presentó una denuncia en el Ministerio Público (MP) en contra del contrato de arrendamiento de la terminal portuaria de Puerto Barrios, Izabal, firmado entre Ferrovías y COBIGUA (Compañía Bananera Guatemalteca Independiente, S.A., que partir de 2015, cambió a Chiquita Guatemala, S.A.), dado que Ferrovías carecía de facultades para otorgar la administración del puerto a COBIGUA.
Renunció a la PGN en mayo de 2017 por amenazas y salió al exilio. Es hija de Francisco Villagrán Kramer, vicepresidente del país (1978 a 1980).
Rudy Marlon Pineda Ramírez
Fue magistrado de la Corte de Apelaciones, de la Sala Segunda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Jorge Mario Valenzuela Díaz
Fue magistrado de la Corte de Apelaciones y presidente de la Sala Primera del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.
Julio René Solórzano Barrios
Trabajador del TSE por 35 años, fue jefe del departamento de Administración y Servicios Generales, encargado del despacho de la Unidad de Cartografía y jefe de la Dirección Electoral.
María Eugenia Mijangos Martínez
Con otro abogado y líderes sociales presentó un recurso de amparo en contra de Mynor Moto Montoya, quien tomaría posesión en la Corte de Constitucionalidad, para el periodo 2016-2021.
