La Sala Tercera de Apelaciones confirmó el cierre del denominado caso Asodefir, al concluir que la acusación presentada por la FECI carecía de sustento probatorio y jurídico. La resolución ratifica que los hechos señalados no podían encuadrarse en los delitos imputados y respalda el fallo del Juzgado Segundo Penal en 2025.
Por Alexander Valdéz
El pleno de magistrados de la Sala Tercera de Apelaciones resolvió confirmar el cierre del denominado caso Asodefir, al establecer que la acusación carecía de sustento probatorio y jurídico, y que los hechos señalados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Rafael Curruchiche no podían encuadrarse en los delitos imputados.
La decisión pone fin a un expediente que fue anunciado en mayo de 2022, cuando la FECI, ya bajo el mando de Curruchiche, presentó el caso como un supuesto entramado criminal vinculado a una donación de Q1 millón 700 mil realizada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
En su resolución, la Sala respaldó lo ya determinado por el Juzgado Segundo Penal, que en 2025 había advertido que no existían suficientes medios de prueba para sostener los delitos de estafa propia ni lavado de dinero. Además, los magistrados hicieron ver un aspecto clave: la temporalidad de los hechos señalados y la entrada en vigencia de los tipos penales invocados por la FECI impiden aplicar retroactivamente la ley penal.
“Tomando en cuenta que en su análisis, el auto de sobreseimiento contiene una clara y precisa fundamentación; debido a que tal y como manifestó en audiencia que no se reúnen las condiciones para imposición de una pena a los acusados, lo que hace inviable dictar el auto de apertura a juicio, es decir, que la consideración realizada por el Juez de Primera Instancia, sí se encuentra relacionado y analizado conforme los diferentes elementos de convicción, lo cual permite advertir que esa resolución se encuentra correctamente motivada y fundamentada”, indicó la Sala.
Este fallo implica que la decisión del juzgado se confirmó, es decir, el proceso penal no puede continuar contra las personas involucradas. Sin embargo, el fallo de la Sala aún puede ser revisado en la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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Cinco años después
En mayo de 2022, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), ya bajo el control de Rafael Curruchiche, presentó la investigación penal denominada como Caso Asodefir y anunció por lo menos 13 órdenes de captura.
El caso fue presentado como “emblemático” a través de videos y anuncios difundidos en las redes sociales del Ministerio Público, tanto por Rafael Curruchiche como por la fiscal general Consuelo Porras. En esos mensajes, además, se acusó a exfiscales de la FECI de haber garantizado supuesta protección a las personas señaladas, un extremo que fue desmentido posteriormente por Juan Francisco Sandoval, quienes rechazaron haber incurrido en cualquier acto irregular.
Activista fue criminalizada
Entre los incluidos en este caso por Curruchiche figuró la activista Carmen Rosa de León Escribano, quien salió al exilio a raíz de la persecución que inició la FECI, en 2022. Además, contra quien la FECI intentó que se girara una alerta roja en la Interpol.
De León Escribano es socióloga y activista política. Denunció públicamente acciones de corrupción del gobierno de Alejandro Giammattei, además, fijó posturas en defensa de periodistas, operadores de justicia y activistas, cuando empezaban las acciones de criminalización desde el MP de Consuelo Porras.
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