Durante la primera declaración de Harold Salguero alias “Liro Rebelde”, el Ministerio Público no acusó del delito de asesinato al integrante de la pandilla del Barrio 18. Un hecho que ha generado reacciones por la inacción de la fiscalía frente a hechos en los que diez policías han sido asesinados y siete siguen en estado grave por las heridas sufridas.
Por Alexander Valdéz
Han pasado dos días desde los ataques armados atribuidos a pandilleros del Barrio 18 contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la detención de algunos de los presuntos responsables. Sin embargo, ayer uno de los capturados fue procesado únicamente por dos delitos, sin que la Fiscalía de Delitos contra la Vida lo señalara de asesinato ni cargos vinculados directamente con la muerte de los hasta ahora diez agentes policiales, provocando críticas contra el Ministerio Público.
En redes sociales señalan a la institución, a cargo de Consuelo Porras, de inacción y falta de contundencia frente a una crisis. El MP se defendió diciendo que lograron procesarlo y enviarlo a prisión preventiva, sin embargo, no mencionó que durante la primera declaración no se le imputaron los delitos más graves, pese a que contaban con indicios sobre la posible participación del pandillero en el asesinato de policías.
El presidente Bernardo Arévalo calificó de un “insulto” la acción del MP frente a los hechos ocurridos. “Hoy, en lugar de perseguir con rigor a quienes asesinaron cobardemente a los agentes de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público optó por protegerlos, pidiendo únicamente que fueran ligados por portación de armas y drogas, ignorando los delitos graves vinculados a sus actos terroristas que permitirían juzgarlos con la nueva ley anti pandillas. Es un insulto a los policías asesinados, a sus familias, al pueblo de Guatemala”, escribió.
No señalan el delito de asesinato
De los supuestos pandilleros detenidos por la PNC y vinculados a los ataques del domingo, Harold Salguero, alias “Liro Rebelde”, fue procesado únicamente por portación ilegal de armas de fuego y tenencia de drogas. Sin embargo, no se le imputó el delito de asesinato, pese a que la Fiscalía contaba con audios que sugieren una posible coordinación entre pandilleros para ejecutar los ataques.
Además, a esto se suma que los propios pandilleros, mientras permanecían en las carceletas de los tribunales reconocieron haber participado en los ataques. Aunque esas declaraciones no pueden ser utilizadas legalmente como prueba, según abogados consultados, sí podrían haber servido como indicio para imputarles el delito de asesinato u otros relacionados con pandillas y así profundizar la investigación.
Otras reacciones
- El abogado y exfiscal, Juan Francisco Solórzano Foppa, dijo que es “indefendible” lo que hace el Ministerio Público. “Todo el país vio la audiencia y la explicación que dio el juez. Le llevan pruebas de ser un asesino y no le imputan esos delitos. Es indefendible lo que está haciendo el MP. Bernardo Arévalo simplemente señala lo que todos ya vimos, Consuelo Porras está defendiendo a mareros”, añadió.
- El exministro de Gobernación y exfiscal, Francisco Rivas, dijo que el MP cuenta con información de la planificación pero, según él, la institución tiene un compromiso con la mafia. “Seguramente el MP cuenta con información sobre la planificación del amotinamiento con fines políticos, posee información sobre los atentados, su planificación, ejecución y responsabilidad. Dejen a un lado su compromiso con la mafia y háganles justicia a las nueve vidas perdidas”, escribió.
- El exfiscal Juan Francisco Sandoval, aseguró que había obligación de imputar el delito y hasta de prevenir lo que pasó el pasado fin de semana. “Mamarrachos. Todo el pueblo de Guatemala escuchó el audio. Ustedes tenían la obligación legal de anticipar barreras de protección, informar oportunamente y prevenir los resultados. No lo hicieron. Ahora pretenden culpar a la prensa para encubrir su omisión. Eso no es “MP fuerte y firme”: es negligencia institucional”, aseveró.
- El exjuez Carlos Ruano, dijo que el ente investigador “incumplió” en procesar e investigar los hechos. “Ya se cumplieron las primeras 72 horas de ocurridos los hechos, que todos vimos en flagrancia y este MP ha incumplido con su deber de procesar, investigar y llevar ante los tribunales a los terroristas, secuestradores y asesinos (materiales e intelectuales). La inacción del MP también es delito”, indicó.
Un estado de sitio
Ayer, el Congreso ratificó un estado de sitio por 30 días como medida de prevención y evitar nuevos ataques de pandilleros del Barrio 18 contra policías y civiles. La disposición busca reforzar la seguridad en las zonas más afectadas, otorgando mayores facultades a las fuerzas de seguridad para controlar la violencia y contener posibles actos delictivos, en medio de un entorno de alarma social.
Según el decreto, el grupo de pandilleros ha intensificado actos violentos, incluyendo atentados armados contra autoridades civiles y policiales, con el objetivo de presionar al Estado para obtener beneficios carcelarios para sus líderes. El Gobierno sostiene que estas acciones ponen en riesgo la vida, la libertad, la seguridad, la justicia y el orden público, así como a la población.
Esta medida conlleva la restricción temporal de algunos derechos constitucionales. Principalmente los artículos 5, 6, 33 y el segundo párrafo del artículo 38 de la Constitución. Esto implica que la libertad de acción (art. 5) y la detención legal (art. 6) podrán ser limitadas en casos relacionados con la seguridad; se regula la portación de armas (art. 38), permitiendo inspecciones y detenciones de quienes no cuenten con documentación legal; y se establecen restricciones al derecho de reunión y manifestación (art. 33), siempre con el objetivo declarado de garantizar el orden público.
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