Luego de los ataques armados atribuidos a la pandilla Barrio 18, que dejaron policías fallecidos y heridos, el Gobierno decretó estado de sitio a nivel nacional por 30 días, una medida publicada en el Diario de Centro América y que solo espera la ratificación del Congreso de la República, que puede ser en la sesión de este mismo lunes.
Por Alexander Valdéz
Ya fue publicado en el Diario de Centro América el decreto gubernativo número 1-2026, con el que el Organismo Ejecutivo declaró el estado de sitio en todo el territorio por un plazo de 30 días. La medida fue adoptada en consejo de ministros y firmada por el presidente Bernardo Arévalo. El motivo principal del Ejecutivo responde a los hechos armados, atribuidos a la pandilla del Barrio 18, registrados este domingo contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que dejó como saldo a nueve agentes fallecidos y seis heridos.
Un estado de sitio es una medida excepcional contemplada en nuestra Constitución que permite al Ejecutivo restringir temporalmente ciertos derechos cuando existe una grave amenaza al orden público o a la seguridad del Estado. Su aplicación es limitada en el tiempo, debe ser ratificada por el Congreso y ejecutarse con respeto a los derechos humanos.
Según el decreto, el grupo de pandilleros ha intensificado actos violentos, incluyendo atentados armados contra autoridades civiles y policiales, con el objetivo de presionar al Estado para obtener beneficios carcelarios para sus líderes. El Gobierno sostiene que estas acciones ponen en riesgo la vida, la libertad, la seguridad, la justicia y el orden público, así como a la población.
¿Qué implica? esta medida conlleva la restricción temporal de ciertos derechos constitucionales. Entre las medidas autorizadas se encuentran la limitación o prohibición de reuniones y manifestaciones, la disolución de concentraciones públicas, la restricción de circulación en zonas y horarios determinados, la posibilidad de detenciones sin orden judicial en casos vinculados a la alteración del orden público y la requisa de bienes o servicios necesarios para garantizar funciones esenciales del Estado.
Por aparte, el decreto establece controles institucionales y políticos sobre la medida. Pero será el Congreso de la República el que deba ratificar, modificar o improbar el estado de sitio en un plazo de tres días, y el Ejecutivo está obligado a presentar un informe circunstanciado sobre los hechos y acciones adoptadas.
Las razones para el estado de sitio
- Los ataques armados simultáneos: El Ejecutivo argumenta que se registraron ataques armados coordinados en distintos puntos del país, atribuidos principalmente a la pandilla del Barrio 18, dirigidos contra fuerzas de seguridad.
- Amenaza al orden público y la seguridad pública: Según los informes oficiales, estas acciones criminales pusieron en riesgo la vida, la libertad y la seguridad de la población, así como la estabilidad institucional.
- Presión de estructuras criminales: El Gobierno sostiene que los grupos armados buscaban forzar a las autoridades a ceder a exigencias fuera del marco legal, lo que motivó una respuesta excepcional del Estado.
- Base constitucional y legal: La medida se adoptó al amparo del artículo 138 de la Constitución y la Ley de Orden Público, que permiten decretar estado de sitio ante perturbaciones graves de la paz.
- Carácter temporal y control político: El estado de sitio fue decretado por 30 días debe ser conocido y ratificado por el Congreso, además de aplicarse, según el decreto, con respeto a los derechos humanos y tratados internacionales.
Incidentes armados
Hasta ahora, los ataques dirigidos contra la Policía Nacional Civil (PNC) han dejado un saldo de nueve agentes fallecidos y cinco siguen hospitalizados. La jornada del domingo se reportaron 13 ataques armados contra elementos policiales en distintos puntos del departamento de Guatemala, en lo que las autoridades consideran acciones coordinadas por pandilleros.
De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, estos atentados ocurrieron después de que se retomara el control del centro carcelario Renovación 1, en Escuintla, donde se registraron motines encabezados por pandilleros del Barrio 18. Durante el operativo, las fuerzas de seguridad lograron liberar a nueve personas que permanecían como rehenes y restablecer el orden en el penal.
