La Misión Internacional de Juristas señaló que el Estado de derecho en Guatemala se desmorona ante la cooptación judicial, la persecución de abogados independientes y la criminalización de defensores de DDHH y pueblos indígenas.
Por Joel Solano y Alexander Valdéz
Un informe preliminar de la Misión Internacional de Juristas por Guatemala revela un alarmante colapso del Estado de derecho en el país, caracterizado por la cooptación sistemática del sistema judicial y la criminalización de operadores de justicia, defensores de derechos humanos y autoridades indígenas.
La Misión, integrada por organizaciones internacionales como el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo y Lawyers for Lawyers, documentó un patrón estructural de persecución que incluye intimidación física, hostigamiento digital y el uso abusivo del sistema penal para silenciar voces críticas. Este entramado, según el informe, cuenta con la complicidad de actores clave dentro del Ministerio Público y el Organismo Judicial.
Entre los hallazgos más graves se destaca la situación de vulnerabilidad que enfrentan los abogados, especialmente aquellos que defienden derechos humanos o representan a comunidades indígenas. El clima de terror ha generado autocensura, ajustes en las estrategias de litigio y una sensación de desprotección entre los profesionales del derecho. Además, las mujeres abogadas enfrentan una doble persecución por su labor y por género, sufriendo trato discriminatorio en los tribunales y acoso en los ámbitos físico y digital.
La criminalización también afecta de manera desproporcionada a los pueblos indígenas, quienes son equiparados arbitrariamente con el crimen organizado por defender sus territorios o ejercer su derecho a la protesta pacífica. El informe señala la persistencia de un racismo estructural que limita su acceso a una justicia intercultural y equitativa, reflejado en denuncias infundadas, difamación pública y trato desigual en las audiencias judiciales.
Ante esta crítica situación, la Misión hace un llamado urgente a las autoridades guatemaltecas para garantizar un entorno seguro para los operadores de justicia, expedir políticas de protección efectivas y asegurar la integridad de los procesos electorales. El informe completo, que incluirá recomendaciones concretas, será publicado en los próximos meses, pero los hallazgos preliminares subrayan la necesidad de acciones inmediatas para frenar el deterioro democrático y proteger a quienes defienden la justicia en Guatemala.
Un año clave
El 2026 será un año clave para Guatemala. En apenas unos meses, el país enfrentará cinco procesos de elección que definirán el rumbo institucional y político de la próxima década: la renovación de la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público (MP), el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Contraloría General de Cuentas y las autoridades de la Universidad de San Carlos (USAC).
Según organizaciones sociales, como ha ocurrido en otros momentos, los grupos de poder económico, político y corporativo ya comenzaron a mover su influencia para incidir en los procesos de postulación y nombramiento.
