La Sala Tercera de Apelaciones reactivó el proceso penal en contra de los exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán. La decisión pone fin a meses de parálisis judicial y abre la posibilidad de que ambos líderes indígenas soliciten medidas sustitutivas o se defina si el caso avanza a juicio o se clausura.
Por Rony Ríos
La Sala Tercera de Apelaciones aceptó la petición de la jueza Quinto de Primera Instancia Penal, Judith Secaida, y la apartó del caso en contra de los exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán.
Esta solicitud había provocado que el caso en contra de Pacheco y Chaclán se paralizara, impidiendo que ellos pidieran una audiencia para gozar de medidas sustitutivas o se iniciara la etapa intermedia. El Juzgado deberá decidir si son enviados a juicio o se clausura el proceso en su contra.
Luis Pacheco y Héctor Chaclán fueron detenidos luego de haber encabezado movilizaciones nacionales entre octubre de 2023 y enero de 2024, en respuesta al intento del Ministerio Público (MP) de anular los resultados electorales en los que finalmente fue electo el binomio de Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
La Fiscalía Especial Contra la impunidad (FECI) coordinó la detención de Pacheco y Chaclán hace más de seis meses bajo señalamientos de terrorismo, asociación ilícita y obstaculización a la acción penal, mientras coordinaban junto a otras autoridades indígenas, las movilizaciones en defensa de la democracia.
Detención arbitraria
Según Amnistía Internacional (AI), los cargos presentados en contra de Pacheco y Chaclán “carecen de fundamento jurídico” y responden a una estrategia de persecución política contra líderes indígenas.
Además, el proceso judicial permaneció paralizado pese a que el plazo de investigación venció en julio de 2025, lo que impidió la designación de un juez para la etapa intermedia. Fue hasta ayer, con la resolución de la Sala Tercera que se designó el caso al Juzgado Quinto B.
AI sostiene que “organizar una protesta pacífica es un derecho, no un delito” y que el uso indebido del delito de terrorismo para silenciar disidencias vulnera derechos humanos. Además, de que el sistema de justicia guatemalteco habría prolongado arbitrariamente su encarcelamiento, violando garantías procesales básicas.
En tanto, los 48 Cantones de Totonicapán aseguraron que la detención de sus dirigentes envía un mensaje claro, en el que se intimida a la población porque la movilización comunitaria corre el riesgo de criminalizarse, especialmente cuando cuestiona al poder institucional.
