Por Juan José Hurtado Paz y Paz
Los recientes asesinatos políticos de Evelio López y Juan Francisco Solórzano Foppa, así como el incremento de la violencia en general nos vuelven a plantear una disyuntiva fundamental: democracia o autoritarismo, derechos humanos o arbitrariedad, justicia o barbarie. No se trata de una discusión teórica. Está en juego el país en el que queremos vivir y el futuro que estamos construyendo para las nuevas generaciones.
En distintos momentos de nuestra historia, especialmente durante los procesos electorales, se ha señalado que el incremento de la violencia y la sensación de inseguridad favorecen las propuestas de mano dura. La violencia se utiliza como una forma de hacer política: acallar voces críticas e impedir la participación de posibles figuras que oxigenarían el panorama electoral. Además, cuando la población está atemorizada y desesperanzada crece la disposición a aceptar medidas autoritarias a cambio de la promesa de recuperar la tranquilidad. El terror es un instrumento de intimidación y de dominación al que no debemos dar cabida.
Flota en el ambiente la idea de que “necesitamos un Bukele en Guatemala”. El modelo salvadoreño se presenta como la demostración de que es posible acabar con la violencia mediante la desarticulación de las pandillas, las detenciones masivas y el encarcelamiento prolongado. Se ofrece una respuesta aparentemente sencilla a un problema complejo: identificar a los supuestos responsables, detenerlos y encerrarlos. Quienes defienden esta fórmula suelen añadir que los derechos humanos solo sirven para proteger a los delincuentes.
¿Es realmente ese el camino que queremos seguir? ¿Estamos dispuestos a sacrificar las pocas libertades que tenemos, las garantías judiciales y el derecho a disentir a cambio de una seguridad que depende de la voluntad de un gobernante que pasa por encima de derechos?
El modelo salvadoreño no puede analizarse únicamente a partir de la disminución reportada de los homicidios. También hay que considerar el costo humano e institucional de las medidas adoptadas: criminalización de luchadores sociales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, encarcelamientos sin las debidas garantías, denuncias de torturas y malos tratos, muertes bajo custodia y persecución contra voces críticas y opositores. El régimen de excepción prolongado ha restringido derechos fundamentales. El desplazamiento forzado y la salida al exilio de personas críticas del gobierno son otras expresiones del deterioro de las libertades democráticas.
Reconocer estos hechos no significa negar que la violencia de las pandillas haya causado un sufrimiento enorme ni desconocer el derecho de la población salvadoreña a vivir sin miedo. Significa que la seguridad no puede evaluarse al margen de los derechos humanos y que los resultados de una política pública deben medirse tanto por su eficacia como por sus costos y consecuencias.
Debemos aclarar que los derechos humanos no son un obstáculo para combatir la delincuencia. Defender los derechos humanos no significa justificar delitos ni impedir que se investigue, capture, procese y sancione a quienes los cometen. Pero sí son el límite que pone freno a que el Estado, en nombre de combatirla, se convierta en fuente de violencia. Significa exigir investigaciones rigurosas, pruebas, juicios justos y sanciones conforme a la ley. También significa proteger a las víctimas y garantizar que la justicia no dependa del poder económico, político o militar de cada persona. La corrupción y la impunidad deben terminar.
Las políticas de mano duran no resuelven por sí mismas las causas profundas de la violencia. Pueden producir resultados inmediatos, pero la represión indiscriminada no sustituye la necesidad de instituciones de justicia eficaces, la prevención del delito, ni la transformación de las condiciones que favorecen la exclusión y el reclutamiento de jóvenes por organizaciones criminales. Atacar las manifestaciones de la violencia sin transformar las condiciones que la generan significa perpetuar el problema. Es como pretender curar un cáncer con una aspirina: se puede aliviar temporalmente un síntoma, pero la enfermedad continúa avanzando.
Necesitamos un Estado capaz de prevenir, investigar y sancionar los delitos; combatir la corrupción y la impunidad; desarticular las estructuras criminales y proteger a las comunidades. Pero también necesitamos políticas integrales y sostenidas que reduzcan las exclusiones y las desigualdades, amplíen las oportunidades de educación y empleo digno, fortalezcan la convivencia comunitaria y promuevan una educación para la paz, el respeto a las diferencias y la resolución no violenta de los conflictos. Son derechos que deben ejercerse. La mejor medicina es la preventiva y no el tratamiento de enfermedades.
La niñez y las juventudes merecen especial atención. Ser joven no es delito. No podemos criminalizar a toda una generación ni condenar a la exclusión a quienes crecen en comunidades donde escasean las oportunidades. Necesitamos espacios de participación; acceso a una educación de calidad y formación con valores; recreación, cultura y deporte; empleo y posibilidades reales de construir un proyecto de vida digno. Prevenir la violencia exige actuar sobre las condiciones que la provocan y alimentan, sin desconocer la responsabilidad individual de quienes delinquen.
Este abordaje integral requiere tiempo, recursos, voluntad política y participación ciudadana. No ofrece soluciones mágicas ni resultados espectaculares de un día para otro. Precisamente por eso, resulta menos atractivo y favorece a quienes pretenden ganar apoyo político ofreciendo respuestas simples a problemas complejos.
La democracia, por supuesto, no es perfecta. Las instituciones democráticas pueden ser ineficientes, corruptas y estar capturadas por intereses particulares. Las elecciones, por sí solas, tampoco garantizan que pueda haber cambios. La democracia exige mucho más: instituciones independientes, rendición de cuentas, participación ciudadana, libertad de organización y de expresión, justicia accesible y respeto a los derechos individuales y colectivos. Cuando estas condiciones se debilitan, debemos profundizar la democracia y transformarla, no abandonarla.
Un gobernante que concentra el poder desacredita a sus críticos y pretende situarse por encima de la ley puede presentarse como salvador. Pero ¿qué ocurre cuando ese poder se utiliza contra personas inocentes, luchadores sociales, opositores, periodistas, defensores de derechos humanos o cualquier ciudadano que cuestione sus decisiones? Sin instituciones independientes ni garantías efectivas, la población queda a merced de la voluntad de quien gobierna. Y recuperar las libertades perdidas puede resultar mucho más difícil que renunciar a ellas. Es más fácil destruir que construir.
Guatemala conoce demasiado bien las consecuencias del autoritarismo, la represión, la persecución política y la violencia ejercida desde el poder. No podemos olvidar esa historia ni aceptar que, por miedo, terminemos legitimando prácticas que tanto sufrimiento han causado.
No tenemos que elegir entre vivir bajo la amenaza de los criminales o someternos a la arbitrariedad de un gobernante. Tenemos derecho a exigir seguridad, justicia y libertad al mismo tiempo.
La respuesta no es una dictadura disfrazada de solución, sino una democracia capaz de enfrentar la violencia, combatir la impunidad, reducir las desigualdades y garantizar una vida digna para todas y todos. No deberíamos tener que escoger entre derechos humanos y seguridad, porque sin derechos no hay justicia y sin justicia no puede haber seguridad duradera.
La pregunta que debemos hacernos, como sociedad, es: ¿qué queremos para Guatemala: democracia o dictadura?
