El proceso por la incursión militar en Huité, Zacapa, que dejó ocho civiles fallecidos, pasó a un juzgado de Mayor Riesgo. La investigación, que permanece bajo reserva, incluye a 107 militares señalados y hasta ahora no se ha informado de avances sobre lo ocurrido el pasado 27 de septiembre en aquella localidad del país.
Por Alexander Valdéz
El pleno de magistrados que integran la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió aceptar una solicitud del fiscal general del Ministerio Público (MP) y autorizó trasladar el proceso por la incursión militar en Huité, Zacapa, que dejó ocho civiles fallecidos, al Juzgado de Mayor Riesgo “A”, que dirige la jueza Claudette Domínguez.
El expediente se encuentra bajo reserva; eso, según el ente investigador, impide informar acerca de los avances de la pesquisa. Lo que es un hecho es que en la investigación figuran 107 militares señalados, quienes ya fueron puestos a disposición de las autoridades para colaborar en la investigación, según confirmó el propio ministro de Defensa, Henry Sáenz.
Un proceso pasa a Mayor Riesgo cuando se considera que existe riesgo para los testigos, los fiscales o para el avance de la investigación. Por eso, el fiscal general tiene la facultad de solicitarlo ante la Cámara Penal. De esa cuenta, toda diligencia que se solicite, como allanamientos, órdenes de captura o citaciones judiciales, ahora debe gestionarse ante la jueza Domínguez.
Hasta ahora, el caso, que ha estado en manos de la Fiscalía de Zacapa, no ha reportado ningún avance sobre los hechos ocurridos el pasado 27 de septiembre.
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Dudas persisten
En el lugar, el Ministerio Público (MP) procesó cuatro escenas y localizó a siete personas fallecidas, tres mujeres y cuatro hombres, todas con heridas de arma de fuego. Una octava víctima murió posteriormente en el Hospital Roosevelt. Entre las personas asesinadas estaban Vilma Elizabeth Paz Paiz, de 56 años, y sus hijas Cinthia Gabriela, de 28, y Uve Lisbeth, de 22, quienes habían salido de su casa únicamente para abastecer de combustible el vehículo con el que se prepararían para la jornada del día siguiente.
Los ataques también cobraron la vida de otros pobladores, entre ellos un trabajador municipal y un adolescente de 14 años. Según los primeros reportes del MP, hombres armados ingresaron al municipio alrededor de las 17:30 horas y una de las hipótesis apuntaba a que buscaban a Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, alias “Haroldito”, señalado por autoridades estadounidenses como presunto líder de una estructura de narcotráfico.
Sin embargo, las circunstancias de las muertes y la participación de distintos grupos armados generaron versiones contradictorias. Familiares y vecinos señalaron la presencia de personal de la DEA y del Ejército, mientras la municipalidad rechazó que se tratara de un enfrentamiento entre organizaciones criminales.
El Ejército primero negó haber participado en una incursión y luego reconoció que unidades de la Segunda Brigada de Infantería estuvieron desplegadas en Huité. El presidente Bernardo Arévalo también confirmó la presencia de elementos militares y anunció una revisión interna para establecer cómo se desarrolló su actuación, sin precisar qué ocurrió durante los ataques.
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Jueza ha enfrentado cuestionamientos
Claudette Domínguez ha dirigido el Juzgado de Mayor Riesgo “A” por más de una década, es una jueza especialista en casos de alto impacto, no es el primero que involucra a un militar y que llega a su despacho. De hecho, ha estado al frente de expedientes como Genocidio Ixil, Creompaz, entre otros.
Sin embargo, ha enfrentado cuestionamientos por organizaciones de Derechos Humanos por supuestamente favorecer a los militares implicados. En 2019, dentro del caso Creompaz, los familiares de las víctimas y sus representantes legales presentaron recusaciones por considerar su falta de imparcialidad y objetividad en su labor. La solicitud de separarla del caso se debe por las resoluciones hechas en casos similares, como el caso en el que 6 ex patrulleros fueron absueltos por delitos de violencia sexual contra 36 mujeres Achí’.
“La jueza ha demostrado un patrón en su actuar en casos donde hay militares señalados. Por ejemplo, en el caso de las víctimas de tortura y violencia sexual de 36 mujeres Achi’, una de sus resoluciones fue revocarle una orden de captura del general Erick Fernando Melgar Padilla a quien le revocó una orden de captura”, señalaron.
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