La Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Petén confirmó el cierre del caso a favor de tres militares vinculados al caso por el extravío de armamento del Comando Aéreo del Norte. Se rechazó una apelación del Ministerio Público (MP), al considerar que no había elementos suficientes para enviarlos a juicio por incumplimiento de deberes. El único que enfrentará juicio es Ludwin Jonathan Cardona Baltazar.
Por Alexander Valdéz
Por mayoría, la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Petén confirmó el cierre del caso (sobreseimiento) a favor de tres militares vinculados a la investigación por el robo de armamento en el Comando Aéreo del Norte. La resolución se debe a que no se aceptó una apelación presentada por el Ministerio Público (MP) contra la decisión del Juzgado de Primera Instancia Penal de Petén, que el 27 de abril decretó el cierre del proceso por el delito de incumplimiento de deberes.
Los beneficiados fueron Carlos Ernesto Ibarra Corrales, coronel; Alain Omar Marroquín Soch, teniente coronel de Aviación; y Josue Israel Ferez Jerónimo, soldado de segunda y especialista carpintero. El MP buscaba revertir ese fallo que los libra del proceso, al argumentar que existían elementos de investigación suficientes para que los sindicados enfrentaran un juicio por presuntas omisiones en el cumplimiento de sus funciones dentro del comando militar
En cambio, Ludwin Jonathan Cardona Baltazar es el único de los cuatro que enfrentará juicio, por los delitos de incumplimiento de deberes y hurto agravado, según la resolución. Según la acusación, el caso se originó por la sustracción de 74 fusiles, tres lanzagranadas, 14,422 municiones y 111 tolvas del almacén del Comando Aéreo del Norte. La investigación señaló deficiencias en los controles de seguridad y supervisión, así como fallas en el resguardo del armamento, en 2025. El valor estimado de lo sustraído ascendía a Q1 millón 75 mil 815.
El ente investigador sostiene que hubo suficiente evidencia para ordenar un juicio por dos delitos, por eso se opuso. “Se llegó a determinar y se aportó a la investigación que: Según videos de la cámara instalada en el Almacén General del Comando Aéreo Norte, lo cual consta en la carpeta judicial, desde el día 09 hasta el día 20 de octubre del año 2025, se suscitaron varios eventos dentro del almacén General del mencionado Comando, los cuales dieron con lugar a que los señores Ludwin Jonathan Cardona Baltazar, Bryan Lizandro Santos Córdova aprovechandose de la falta de protocolos, seguimiento de seguridad, y la omisión de una supervisión constante ingresaran a dicho almacén por varios días, violentaran la cámara de seguridad instalada en dicho lugar”, dijo el fiscal.
Sin embargo, al resolver la apelación, los magistrados concluyeron que no se aportaron elementos de convicción suficientes para establecer la probable participación de los otros tres sindicados en el delito de incumplimiento de deberes. La Sala también señaló que no se acreditó de manera suficiente la responsabilidad atribuida a Pérez Jerónimo en el control de ingreso y egreso del comando. Por ello, confirmó el fallo y determinó que no existía fundamento serio para someterlos a debate oral y público por ese delito.
Esa decisión fue firmada por los magistrados Efraín Berganza Sandoval y Marco Antonio Ramos Sologaistoa. Hubo una disidencia, la magistrada Karol Desiree Vásquez, no estuvo de acuerdo.
Una magistrada en desacuerdo
La magistrada Karol Desiree Vásquez en su voto razonado disidente cuestionó la decisión de la mayoría de la Sala de confirmar el sobreseimiento a favor de los militares antes citados. Vásquez argumentó que la etapa intermedia no exige certeza sobre la responsabilidad penal, sino indicios suficientes para determinar si los acusados deben enfrentar juicio. Señaló que el Ministerio Público (MP) presentó cerca de 300 medios de investigación que, a su criterio, sustentan la probabilidad de participación de los sindicados, por lo que consideró que no correspondía cerrar el proceso.
En su razonamiento, la magistrada sostuvo que los tres militares habrían incumplido sus deberes de control y custodia del armamento, desde la supervisión de las armas y los sistemas de videovigilancia hasta el registro de vehículos que ingresaban a las instalaciones. Según Vásquez, esas omisiones pudieron facilitar la sustracción de 74 fusiles, tres lanzagranadas y más de 14 mil municiones, valorados en Q1 millón 75 mil 815.
“En la carpeta judicial constan casi trescientos medios de investigación que describen con precisión la plataforma fáctica y la probabilidad de participación de los acusados. Descartar esta masa indiciaria bajo el pretexto de que “genera duda” o que “no se especifican con detalle las acciones ilícitas” configura inobservancia del artículo 328 del código procesal penal”, dijo.
Por ello, consideró que los indicios debían discutirse en un juicio y no descartarse anticipadamente. Su voto fue contrario, porque planteó declarar con lugar la apelación del MP, revocar el sobreseimiento y ordenar la apertura a juicio contra los tres sindicados.
Un evento sin aclararse
En octubre de 2025, el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron durante cuatro días un rastreo en el Comando Aéreo del Norte, ubicado en Flores, Petén, para localizar armamento sustraído de esas instalaciones militares. El inventario reportado incluía 75 fusiles, tres lanzagranadas, 14 mil 442 municiones y 11 tolvas. Durante las diligencias, los investigadores encontraron parte del arsenal escondido en los drenajes del comando.
En esa ocasión, Kleiber Sical, jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, informó que los fiscales localizaron bolsas negras en desagües a varios metros de profundidad. En su interior encontraron mil 800 cartuchos calibre 5.56, siete fusiles Galil y tres lanzagranadas M-79. También fueron halladas otras cinco armas largas cuya procedencia aún debía establecerse mediante peritajes, pues no se había confirmado si pertenecían al Ejército.
El fiscal señaló que las pesquisas apuntaban a la posible participación de una estructura criminal dedicada a suministrar armas a grupos delictivos. Consideró que podían existir más personas implicadas debido a la cantidad de armamento sustraído. Durante las diligencias, el MP también localizó un vehículo tipo sedán, color gris, propiedad de uno de los señalados, en cuyo interior encontraron un uniforme militar, bolsas con municiones y otros indicios que fueron incorporados a la investigación.
