Reconocer que la organización de pueblos indígenas y sus autoridades no son criminales y que manifestar no es un delito fueron algunos de los puntos de la disculpa pública ofrecida por el Estado. Con la frente en alto y con orgullo de haber defendido la democracia, las autoridades indígenas criminalizadas lo dejaron claro, “una disculpa no es suficiente”.
Lideraron las movilizaciones de 2023 en defensa de la democracia no a título personal sino siguiendo el mandato del pueblo y cumpliendo con su servicio comunitario. Su persecución penal les causó afectaciones psicológicas y financieras que les afectaron, no solo a ellos, también a sus familias. “La defensa de la democracia tuvo un precio y fue la criminalización”, señaló una de las autoridades afectadas.
Por Regina Pérez
Cuatro exdirectivos de 48 Cantones de Totonicapán y una autoridad de la Municipalidad de Sololá recibieron una disculpa pública de parte del Estado de Guatemala este día bajo las energías de Junlajuj Tijax (11 Tijax) del calendario maya.
Luis Pacheco, presidente; Basilio Puac, vicepresidente; Héctor Chaclán, tesorero; María Juan Elías, exvocal I de 48 Cantones y Esteban Toc Tzay de la Municipalidad de Sololá fueron criminalizados por defender la democracia en 2023. Pacheco y Chaclán, fueron sometidos a prisión por 468 días y María Juana, condenada al exilio.
Las autoridades fueron acusadas de sedición, terrorismo, asociación ilícita, obstaculización a la acción penal y obstrucción a la justicia, por haber liderado las movilizaciones que iniciaron el 2 de octubre de 2023 y que culminaron el 14 de enero de 2024, cuando Bernardo Arévalo y Karin Herrera asumieron el poder.
El 11 de septiembre de 2026, el juez Mynor Moto, falló a favor de los exdirigentes al indicar que las autoridades indígenas no constituyen una organización criminal y calificó las protestas de octubre de 2023 como pacíficas por lo que ordenó una disculpa de parte del Estado.
Así es como este 7 de octubre, las cinco autoridades ancestrales, escucharon en un escenario montado por el gobierno de Bernardo Arévalo en el Palacio Nacional las disculpas, una actividad en la que no se mencionaron acciones para reparar el daño más que el cumplimiento del acto requerido.
“En nombre del Estado de Guatemala ofrezco una disculpa pública a los 48 Cantones de Totonicapán y a su Junta Directiva de 2023 como organización comunal y a la municipalidad de Sololá y las personas que ejercían entonces su representación”, indicó Julio Saavedra, procurador general de la Nación (PGN) en representación del Estado.
Las cinco autoridades indígenas que dieron su servicio en 2023 de izquierda a derecha. Luis Pacheco, Héctor Chaclán, María Juana Elías, Basilio Puac y Esteban Toc. Foto Fabricio Alonzo
Saavedra reconoció, en cumplimiento a una resolución del juez que cerró el caso, que el Estado persiguió penalmente a los 48 Cantones de Totonicapán y a su Junta Directiva “como si se tratara de una organización criminal, la prueba determinó lo contrario”.
“Es necesario decirlo con claridad, la defensa de la democracia también se ejerce desde las comunidades y las autoridades indígenas, participar en esas movilizaciones no puede considerarse un acto contrario al orden democrático, es inaceptable calificarlos como acto de terrorismo” señaló.
¿Quién repara el daño?
Sin embargo, la disculpa, ordenada por el juez Mynor Moto el 11 y 25 de septiembre, cuando cerró el caso de criminalización, tuvo un significado agridulce para las autoridades que desempeñaron sus cargos en 2023, porque si bien el Estado se disculpó, se cuestionó “¿Quién repara el daño causado?”. Fueron 520 días en los que sufrieron cárcel, arresto domiciliario, exilio, afectaciones financieras y a su salud mental, así como la ausencia y el alejamiento de sus familias.
Esa fue una de las preguntas de Basilio Puac, exvicepresidente de la Junta Directiva de los 48 Cantones, quien fue el último en pasar al estrado. Elogió el discurso del procurador general de la Nación, pero añadió con diplomacia: “el discurso fue muy puntual pero hay una parte que faltó y le añado esto, el daño psicológico, financiero que se causó en cada una de las familias, eso faltó”.
Agregó: una disculpa pública es muy fácil, pero, ¿ahora quién repara eso?.
Puac fue la cuarta autoridad indígena en ser detenida, el 14 de enero de este año, en Chimaltenango, donde tiene un negocio. Puac comentó a Prensa Comunitaria que tras la captura de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, el 23 de abril de 2025, le restringieron salir de su comunidad por cuatro meses por el temor de ser detenido.
Basilio Puac, exvicepresidente de la Junta Directiva de los 48 Cantones fue contundente. Foto Fabricio Alonzo
Eso le representó pérdidas económicas debido a que él tiene un negocio en el mercado municipal de Chimaltenango y no pudo atenderlo. Aunque su esposa quería salir a atender su puesto no fue igual, porque no había quien manejara el vehículo o transportara la mercadería. “A los cuatro meses ya no aguanté, salí, porque lo que tenía ahorrado, se me terminó”, contó.
Otro episodio del golpe que significó ser criminalizado fue la afectación a su familia. Su hijo mayor empezaba las clases el 16 de enero, dos días después de su captura. Pero su ánimo estaba decaído y las calificaciones en el primer trimestre de estudios fueron bajas.
Su captura se ejecutó en el cumpleaños de su hijo más pequeño, de un año. “Su mamá quedó mal de la leche, del susto, del impacto, por poco pierde la leche materna, mi familia la tuvo que curar, la gente esto no lo imagina” indicó.
“No defendimos a un presidente”
Esteban Toc Tzay fue detenido el 28 de agosto de 2025 en la ruta interamericana. Debido a su enfermedad renal, la jueza Gabriela Espinoza le otorgó arresto domiciliario.
Como ajq’ij (guía espiritual) su primera referencia en su discurso fue a la energía del día según el calendario maya. “Quiero dirigirme hacia ustedes a través del nahual Junlajuj Tijax”. Es un día que significa cuchillo o machete, pero su significado va más allá.
“Es un día donde termina todo, se corta una etapa más de la vida y aquí se muere todo”, explicó a Prensa Comunitaria. Quizá por eso remarcó en su discurso que el hecho de recibir la disculpa pública en este día no le extrañaba. Fue el final de una etapa dolorosa que vivieron las cinco autoridades indígenas que cumplieron un servicio a la comunidad.
Esteban Toc, ajq’ij y ex vicealcalde indígena de Sololá. Foto Fabricio Alonzo
Expresó que no se arrepienten de haber salido a las calles, siguiendo el mandato de sus comunidades, no a una decisión personal. “En ningún momento fuimos por un presidente o por un partido, sino que simplemente defendimos la voz y el sufragio de cada uno de los ciudadanos guatemaltecos que querían el cambio para un país”.
Toc manifestó que en 2023, los pueblos indígenas defendieron una democracia que no era la suya, la de los mayas. “Aunque no es la democracia de los mayas, es la del Estado…esa disculpa que nos presentaron, no fue solo a don Esteban, fue al pueblo maya, garífuna, Xinca, que representamos en 2023, se tenía que dar esta actividad (de disculpa) porque nos acusaron falsamente, nos sentimos orgullosos de lo que hicimos” expresó.
468 días de cárcel y una disculpa que no es suficiente
Luis Pacheco y Héctor Chaclán, expresidente y extesorero de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán fueron quienes más tiempo pasaron en la cárcel, 468 días.
Los días que pasaron en la cárcel no podrán ser reparados, indicaron.
“No ha sido fácil, es un desgaste personal pero la entrega al servicio comunitario debe tomarse como sagrado, porque es una representación legítima de las comunidades”, señaló Pacheco.
Dijo que ahora las represalias por el trabajo realizado ya no son las desapariciones forzadas, el secuestro o el asesinato, pero sí es una muerte social, que afecta a la familia y causa un sufrimiento y un sacrificio económico. “Pero con la dignidad y la frente en alto hemos sabido responder a un proceso judicial injusto” indicó.
Luis Pacheco, expresidente de los 48 Cantones de Totonicapán en 2023. Foto Fabricio Alonzo
Junto a Chaclán fueron tomados como ejemplo de lo que puede pasar si la ciudadanía protesta: la cárcel. “No tengamos miedo, manifestar nuestros derechos, no es delito”.
La resolución del 11 de septiembre marca ese precedente histórico, que manifestar no es delito. Por eso, cuando fue aprehendido, su reacción fue de tranquilidad por haber servido a su pueblo de Totonicapán, sabía de dónde venía la represalia y no se consideraba un delincuente.
Por su parte, Chaclán calificó el proceso en contra de las autoridades como espurio y una persecución política en contra de los 48 Cantones y la Municipalidad Indígena de Sololá.
Agradeció a su familia, a su esposa, sus hijos y a la familia de Pacheco, quienes los acompañaron durante sus días en la prisión. “Tuvimos que pasar más de 468 días presos, pero a pesar de eso mantuvimos la paciencia” dijo. El agradecimiento se extendió a la actual Junta Directiva de los 48 Cantones que aseguró, los han apoyado y a su alcalde comunal de su comunidad, Chotacaj.
Héctor Chaclán pasó más de 468 días en prisión. Foto Fabricio Alonzo
“Creo que la disculpa pública no es suficiente, es más allá, es pedirle al Estado que respete a los pueblos indígenas” expresó.
En entrevista con Prensa Comunitaria, Chaclán amplió esa parte de su discurso. “Creo que una disculpa no es suficiente, sabemos que lo que está sucediendo es algo histórico, las disculpas deben ir más allá, es reconocer que los dueños de este territorio de Guatemala son los pueblos indígenas y todos los que vivimos en Guatemala”.
Incluye el respeto a las autoridades indígenas, su cultura, sus tradiciones, idiomas, formas y costumbres de vida.
Fue un proceso difícil en su salud física y mental, “fui llevado a prisión preventiva por más de 468 días, esta reparación, nadie la va a poder resolver, ni con millones de quetzales, porque esto no se trata de recibir dinero, se trata del daño que uno vivió estando en la cárcel, la separación de mi esposa, de mis hijos, mi familia, eso no se repara con dinero”.
Concluyó que la criminalización es un daño que va más allá y que lo que buscan es que esto no se vuelva a repetir, lo cual ocurrirá cuando el Estado entienda que el ejercicio que hacen las autoridades indígenas es legítimo, cuando son electas democráticamente en sus asambleas comunitarias.
Causantes de la criminalización sin consecuencias
María Juana Elías Tzunún, vocal I de la Junta Directiva de los 48 Cantones, sufrió el exilio tras la denuncia penal en su contra, por 15 meses no tuvo trabajo. Elías Tzunún fue la única mujer que integró dicha Junta Directiva.
Este año regresó para enfrentar el proceso judicial y su inocencia quedó probada el 25 de septiembre con el cierre del caso.
María Juana Elías Tzunún, la única mujer criminalizada en el grupo de autoridades. Foto Fabricio Alonzo.
La primera parte de su discurso, fue en K’iche’ y luego se dirigió a los presentes en español. En sus comunidades, es el único idioma que utiliza.
Su criminalización, indicó, fue injusta. Señaló que no incurrió en la violencia ni fue corrupta. “No fui armada cuando hicimos las articulaciones entre pueblos” afirmó.
Para ella aún hace falta más que una disculpa pública, sobre todo para quienes padecieron la cárcel o sufrieron el arresto domiciliario. “Esto nos perjudicó tanto en salud, trabajo, economía. También necesitamos una reparación de lo perdido, el alejamiento de nuestras comunidades nos afectó psicológicamente”.
Sus padres sufrieron su ausencia e incluso padecieron de los nervios. “¿Quién me repara eso? Nadie”, señaló.
Por otro lado, lamentó que quienes promovieron la denuncia, los directivos de la Fundación contra el Terrorismo, no haya tenido ningún tipo de consecuencias. “Son ellos los culpables de todo esto. ¿Dónde están? Ellos no vienen a pedir disculpas, sino que quien lo hizo fue el Estado y quien lo provocó (la criminalización” fueron ellos” dijo.
Estado declara que autoridades indígenas no son organizaciones criminales
Durante este acto también tuvieron intervención el alcalde indígena de Sololá y el presidente de la Junta Directiva de los 48 Cantones, Eduardo Tax.
“Expresó que este acto de disculpa pública debe contribuir a restituir la dignidad de nuestra autoridad indígena y fortalecer el respeto a nuestros pueblos originarios”, señaló el actual alcalde indígena de Sololá, Miguel Ángel Vicente.
“Señor presidente y procurador general de la nación, esperamos que esta disculpa pública se acompañe de acciones” de mejoras para sus comunidades, expresó.
El presidente Bernardo Arévalo fue el último en intervenir. Se disculpó con cada una de las autoridades, Luis Pacheco, Héctor Chaclán, María Juana Elías, Esteban Toc y Basilio Puac. Calificó el proceso penal en su contra como arbitrario e ilegal. Se les estigmatizó al tratar como organizaciones criminales a la Junta Directiva de los 48 Cantones y a la Municipalidad Indígena de Sololá.
“Fue un ataque contra autoridades que existen mucho antes que el Estado y que generación tras generación han sostenido la vida comunitaria de sus pueblos, por eso hoy el Estado declara ante la sociedad que la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán y la Municipalidad Indígena de Sololá no son organizaciones criminales, son autoridades legítimas, pilares de las estructuras sociales y de la identidad cultural de Guatemala y sus representantes merecen respeto, reconocimiento y dignificación”.
Autoridades indígenas, ministras y ministros y el presidente, escuchan las palabras de las autoridades que fueron criminalizadas. Foto Fabricio Alonzo
El presidente señaló que este acto de disculpa debe marcar un precedente, “que el filo de este día corte la injusticia y que su fuerza nos ayude a sanar para avanzar esa reconciliación que ustedes han señalado”.
Acto seguido, las autoridades indígenas criminalizadas se tomaron la foto oficial con Arévalo así como fotografías con la Junta Directiva y la Municipalidad Indígena de Sololá.
Hubo abrazos, apretones de manos y reconocimiento por su defensa de la democracia, que en palabras de Puac, tuvo un precio, la criminalización y la cárcel.
A pesar de todo lo sufrido, Puac envió un mensaje hacia quienes causaron este dolor. “Dios bendiga a estas personas, donde quiera que estén, que utilizaron el sistema de justicia como una herramienta de persecución. Hay una ley en la vida, que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará” expresó.
