El acto de disculpa debe realizarse en un plazo de 20 días, como parte de la resolución del juez Mynor Moto al cerrar el caso de criminalización contra cuatro autoridades indígenas de 2023. Luis Pacheco, Basilio Puac, Héctor Chaclán y Esteban Toc, fueron perseguidos por el Ministerio Público en la administración de Consuelo Porras, por la organización y convocatoria del paro nacional por la democracia en 2023.
Por Simón Antonio Ramón
El Estado de Guatemala debe ofrecer una disculpa a los 48 Cantones de Totonicapán y a la Municipalidad Indígena de Sololá, por la criminalización contra Luis Pacheco, Basilio Puac, Héctor Chaclán, presidente, vicepresidente y tesorero de la junta directiva los de 48 Cantones en 2023 y Esteban Tzoc Tzay, exvicealcalde de la Municipalidad Indígena de Sololá en el periodo de 2022 y 2023.
Así lo ordenó el juez Tercero de Instancia Penal, Mynor Mauricio Moto Morataya, el pasado 11 de septiembre al emitir su fallo en la etapa intermedia y cerrar el caso contra los cuatro dirigentes.
La criminalización contra las cuatro exautoridades comunitarias fue impulsada durante la gestión de la fiscal general del MP, Consuelo Porras, por medio de la Fiscalía contra el Crimen Organizado que los acusó de los de delitos de asociación ilícita, obstaculización a la acción penal, sedición, terrorismo y obstrucción a la justicia, debido a la convocatoria del Paro Nacional Indefinido que duró más de 100 días.
La protesta tuvo el objetivo de defender la democracia y pedir la renuncia de la exfiscal general, el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) Rafael Curruchiche; Cinthia Monterroso, exfiscal de la FECI y el juez Fredy Orellana, quienes pretendían anular los resultados electorales.
La resolución
La abogada Jovita Tzul, en su intervención en la etapa intermedia el jueves 10 de septiembre, solicitó la disculpa pública porque el MP señaló a los 48 Cantones y a la Municipalidad Indígena de Sololá como estructuras criminales, y acusó a Luis Pacheco, Basilio Puac, Héctor Chaclán y Esteban Toc Tzay del delito de asociación ilícita.
“El MP siempre tuvo información sobre que 48 Cantones no era una estructura criminal, que todos los acusados actuaron en ejercicio de su servicio comunitario como autoridades comunales, no obstante eso, se presentó en el escrito de acusación varios delitos incluyendo el delito de asociación ilícita, causando los efectos estigmatizantes que se causaron, los daños que generó su actuar”, señaló la abogada.
En la resolución del 11 de septiembre el juez Mynor Moto ordenó la disculpa privada o pública a 48 Cantones y a la Municipalidad Indígena de Sololá. “El Estado de Guatemala a través del análisis del poder judicial determina un reconocimiento de su posición como organización social comunitaria a través de los pueblos ancestrales e indígenas, la cual es legal, es legítima, tiene amparo constitucional y desde luego tiene asidero nacional e internacional con respecto a su reconocimiento en lo que sus esfuerzos para buscar su propio desarrollo integral”, señaló el juzgador.
La disculpa no es suficiente
El antropólogo Rigoberto Quemé, maya K’ich’e de Quetzaltenango señala que la justicia debe ser pronta y cumplida, pero en este caso no fue así. “Para toda la comunidad representa un símbolo de justicia, pero lo negativo significa que la justicia en Guatemala no es pronta ni cumplida, porque tiene carácter racista hacia las demandas indígenas”, dijo. “Simbólicamente significa un triunfo bastante grande para los pueblos a pesar del calvario que tuvieron, tenían razón”, aseguró.
A su consideración, cuando el Ministerio Público compara la organización comunitaria como una estructura criminal es más que una reproducción de prácticas históricas en donde son neutralizadas y estigmatizadas las demandas de los pueblos indígenas en el país.
“El Estado acepta la lucha de los pueblos indígenas hasta cierto límite, cuando ya toca cuestiones estructurales como el derecho indígena, el territorio y la autonomía política, ahí el estado rechaza rotundamente eso”, aseguró.
La exdiputada Otilia Lux, señaló que la disculpa como acto simbólico no es suficiente, sino que los sectores que impulsaron este proceso de criminalización deben enfrentar la justicia. “Deben ir a lo más profundo, ahí hubo gente querellante injusta en donde una forma espuria denunciaron a grandes líderes que habían hecho una convocatoria a nivel nacional, en donde nos adherimos todos y todas las guatemaltecas”, dijo.
Pidió la investigación del juez que empezó este caso, la Fundación contra el Terrorismo y de la exfiscal general. Aseguró que el paro nacional que se inició el 2 de octubre, demostró que se estaba fraguando un fraude electoral en el país tras las elecciones generales de 2023.
“En este sentido, la expresión pacífica del pueblo es correcta y legítima, es parte de la democracia en donde demostramos con nuestras voces y acciones nuestros desacuerdos y cómo corregir los rumbos que debe llevar el Estado guatemalteco”, señaló.
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