Juan Francisco Cifuentes Cano, era el jefe de la Brigada de Reacción y Operativos Especiales, por lo que ahora se le acusó de los delitos contra los deberes de humanidad y desaparición forzada.
Por Simón Antonio Ramón
La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público y querellantes en el juicio oral y público de la desaparición de la estudiante Luz Leticia Hernández Agustín y otras dos personas, pidieron al Tribunal Octavo de Sentencia Penal que el acusado Juan Francisco Cifuentes Cano, sea condenado a 170 años de prisión por delitos contra los deberes de humanidad y desaparición forzada.
El juicio se desarrolla por la detención y desaparición de Luz Leticia Hernández Agustín, quien el 22 de noviembre de 1982, fecha en la que cumplía 25 años, fue secuestrada y desaparecida. Junto a Luz fueron secuestrados y desaparecidos: Ana María López Rodríguez, de 19 años y Leandro Gabriel Calate Temú, de 26 años, así como otras personas, en un operativo policial en la colonia Monterreal de la zona 4 de Mixco.
El 15 de diciembre de ese año Leandro Calate y otros detenidos fueron presentados ante un Tribunal de Fuero Especial, en un traslado Leandro fue herido con arma de fuego por agentes de seguridad y murió en el Hospital Militar el 6 de enero de 1983; mientras Luz Leticia Hernandez Agustín y Ana María López Rodríguez no se conoce su paradero desde el 22 de noviembre de 1982.
La sentencia
“Dentro del presente debate se ha indicado que las víctimas son Luz Leticia Hernández Agustín, Ana María López Rodríguez y Leandro Gabriel Calate Temú. Estas personas fueron víctimas de desaparición forzada y de delitos contra los deberes de humanidad porque se violaron garantías y derechos humanos esenciales para las personas”, dijo la fiscal Joselyn Nineth Vásquez, al iniciar sus conclusiones.
Vásquez solicitó al Tribunal que Juan Francisco Cifuentes Cano, quien era jefe de la Brigada de Reacción y Operativos Especiales (BROE), cuando se realizó el operativo debe ser condenado por 80 años por la desaparición forzada de Luz Leticia Hernández Agustín y 90 años por delitos contra los deberes de humanidad por las violencias sufridas por Luz Leticia, Ana María y Leandro Calate.
Además indicó al Tribunal que debe resarcirse a las víctimas aunque no haya participado en el juicio. “Porque la defensa maliciosamente se opuso a la declaración y la participación de las hijas de Leandro Calate, sin embargo, conforme nuestra normativa ellas también son víctimas”, señaló la fiscal al finalizar sus conclusiones.
La abogada Lilian Vásquez, representante de Mirtala y Marta Hernández Agustín, junto al abogado Alejandro Aspuac de la organización de Familiares de Desaparecidas y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), se adhieren a la petición del Ministerio Público en solicitar los 170 años de prisión a Juan Francisco Cifuentes Cano, único acusado en este caso; pero también es uno de los acusados por los delitos de desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad en el caso Diario Militar.
Organizaciones de derechos humanos difundieron un comunicado de prensa este lunes 24 de agosto, en el que señalaron la responsabilidad del Estado por este caso para garantizar justicia a las víctimas. “Exigimos a las autoridades de justicia condenen al responsable de este crimen, continúen con las investigaciones sobre el paradero de Luz Leticia, así como el de las 45 mil personas detenidas-desaparecidas en Guatemala durante el conflicto armado interno”, señalaron.
El operativo
El 25 de septiembre de 1982 las fuerzas de seguridad habían detenido a Ileana del Rosario Solares Castillo, por lo que integrantes del grupo Nuestro Movimiento una célula urbana de la guerrilla Organización del Pueblo en Armas (ORPA) secuestraron a Jorge Mario Ríos Muñoz, sobrino de José Efraín Ríos Montt quien ocho meses antes había dado un golpe de estado a Romeo Lucas García. Con este secuestro se buscaba intercambiar la libertad de Ileana del Rosario.
En el operativo del 22 de noviembre de 1982, también se detuvo a María Cruz López Rodríguez, junto a Leandro Calate. María Cruz fue sentenciada a 30 años de prisión por un Tribunal de Fuero Especial y durante el gobierno Óscar Mejía Víctores recibió amnistía; mientras Ileana del Rosario Solares Castillo quien era objetivo del intercambio, tampoco se sabe de su paradero desde aquel año.
El juicio continuará el martes 25 de agosto con la intervención del abogado de Juan Franciso Cifuentes Cano. Posteriormente se conocerá la fecha de la sentencia.
