El 14 de agosto pasado se presentó el informe “La verdad del exilio. Ética, criminalización y lucha por la justicia de Guatemala (2014-2025)”. La coordinación del informe estuvo a cargo de Carlos Beristain, médico y psicólogo, quien también dirigió la investigación del informe de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) Guatemala: Nunca Más y ha participado en varias comisiones de la verdad en diferentes países.
El informe, que reúne el testimonio de 132 personas que tuvieron que irse al exilio a partir de 2014, señala que hay logros en la lucha por la justicia en Guatemala, y que la criminalización, el exilio y el encarcelamiento ilegal, contra operadores de justicia, periodistas, estudiantes, autoridades indígenas y activistas de derechos humanos ha sido una herramienta para tratar de neutralizar esos avances. Este exilio, señala Beristain, “es más selectivo, con objetivos políticos determinados, que muestra la resistencia a la democratización del país”, es una venganza contra quienes se atrevieron a investigar casos contra la corrupción o a llevar a juicio casos provenientes del conflicto armado, han tratado de imponer “un terror ejemplificante”.
Por Lucy Chay
“Los momentos más difíciles de las entrevistas no fueron cuando preguntamos sobre la persecución, los momentos más difíciles de las entrevistas fueron cuando preguntamos a la gente lo que significaba el exilio”, esta frase es parte del discurso dado por Carlos Beristain al momento de la entrega del informe La Verdad del Exilio.
El documento de más de 600 páginas documenta y analiza las experiencias del exilio forzado de 2014 a 2025, y con 132 testimonios, el contraste de la información y la revisión de informes de organizaciones internacionales, busca comprender los mecanismos y patrones que forzaron a la salida de operadores de justicia, periodistas, autoridades indígenas y activistas de derechos humanos, así como el impacto en la vida de las personas afectadas.
La entrega, que se realizó el viernes 14 de agosto en el Palacio Nacional de la Cultura, se hizo frente a un público conformado por algunos activistas de derechos humanos, periodistas y exfiscales que hasta hace poco permanecían en el exilio; los padres, madres y hermanos, de muchos exiliados más que siguen fuera de Guatemala; y frente a una pantalla gigante que mostraba la presencia virtual de periodistas, exoperadores de justicia, estudiantes de la USAC y autoridades indígenas que permanecen fuera del país.
Tras la presentación del informe en el Palacio, y en medio de una agenda cargada, Beristain concedió a Prensa Comunitaria unos minutos para hablar acerca del trabajo que se termino de documentar a principios de este año cuando todavía se estaba a la espera de un cambio en el Ministerio Público, entidad desde donde se originaron la mayoría de casos espurios contra exoperadores de justicia, periodistas, estudiantes y autoridades indígenas.
La entrevista se realizó en la una sala pequeña ubicada en la sede de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHA), un espacio que antes era uno de los lugares de trabajo de Monseñor Juan Gerardi.
En la presentación del informe La verdad del exilio usted señaló que es muy difícil explicar el exilio para aquellos que no lo han sufrido. ¿Qué es el exilio? ¿Cómo podríamos explicar qué es lo que significa para aquellos que nunca lo han vivido?
Hay una filósofa española que se llama María Zambrano, exiliada en los años 30, en la guerra civil española, que decía que el exilio es perderlo todo para no perder la vida. Y eso define bien lo que significa el exilio.
Es una ruptura de la vida, entre un antes y un después. Es un no lugar y una mitad de camino hacia ninguna parte porque no puedes volver de dónde vienes y nunca terminas de ser parte del país al que llegas y de las condiciones a las que te permiten estar.
Entonces hay una serie de, no solamente impactos de toda esa situación, sino también de pérdida de derechos. Dejas de ser un ciudadano, dependes de si el Estado al que llegas te cree o no te cree, si hay políticas de acogida o si no las hay o, como le ha tocado a mucha gente, tratar de empezar desde cero. Meter la vida en una maleta y salir del país y tratar de empezar todo de nuevo.
Entonces hay visiones distorsionadas sobre el exilio, versiones de aquellos que piensan en un exilio dorado, que la gente que se fue lo pasó mejor, que está en mejores condiciones.
No. La gente que se fue perdió estatus, perdió capa. Desde el líder de autoridad ancestral en sus propias comunidades hasta la magistrada de la Corte Suprema o de la Corte Constitucional o el jefe de la fiscalía, todos han bajado por la escalera de su propio desarrollo personal, han tenido rupturas de su proyecto de vida. Han tenido enormes impactos de no ser nadie en un país en el que pueden tener ciertas condiciones de mayor seguridad, pero a la vez han perdido su propia identidad, su propio reconocimiento, sus recursos económicos, su trabajo, sus relaciones sociales, su familia. Algunas de las personas que nosotros entrevistamos salió con parte de su familia nuclear, otras no, parte de la familia quedó aquí o parte de los hijos quedaron allá. La separación familiar forzada es uno de los mayores estresores en el caso del exilio.
Y como muchos exiliados me han dicho y he señalado en el caso de una pequeña cita que he usado de Eduardo Galeano, la salida, el hecho de ser forzado por la situación para defender tu propia integridad personal y psicológica, tiene un impacto mucho mayor que otro tipo de salidas del país que la gente puede tener cuando va a buscar nuevas formas de vida porque quiere tener otro proyecto de vida.
El exilio es una forma de ser arrancado de tu propia historia. Sin derechos, sin sentido ¿del por qué se es atacado por un Estado? que al final era un Estado que tú estabas defendiendo, con el que tú estabas trabajando. Todo eso ha sido parte de la experiencia del exilio y de lo que se necesita entender para mí y dejarse tocar por esa experiencia. Por eso el informe tiene tantos testimonios, tiene tantas citas.
Varias de las personas exiliadas se refieren a una muerte civil tras salir del país. ¿Podemos hablar de muerte civil cuando hablamos de exilio? ¿Qué significa la muerte civil en este contexto?
Bueno, la muerte civil significa la pérdida no solamente de tus derechos civiles y políticos, porque pierdes tu ciudadanía, dejas de ser ciudadano de tu Estado en el que vives y pasas a ser un demandante de asilo o una persona que está esperando si le otorgan refugio o si le dan una visa para poder quedarse en otro país.
Conlleva una pérdida de tu identidad, de tu trabajo, de lo que estabas haciendo, de tus derechos económicos y sociales. No puedes acceder a tu cuenta bancaria. Hay mucha gente que tuvo que vender sus propiedades para poder pagarse los primeros meses en el exilio, que no tenía recursos para poder mantenerse, no tuvo ayuda humanitaria de organizaciones, por ejemplo, algunos casos la tuvieron, otros casos no la tuvieron.
Las personas que se van al exilio quedan borradas del mapa, son excluidos de la historia en Guatemala, son vistos o han sido narrados por parte de quienes les acusaron como los traidores, los que se fueron, los que huyeron de la justicia, sin una reivindicación de su propia historia.
Por eso la narrativa y el papel de los medios es tan importante, porque hay que reconstruir una narrativa digna de esa lucha por la dignidad y por la democracia, de la que todas estas personas son un ejemplo claro, pero que quedaron borradas del mapa, no existen.
Un exprocurador de derechos humanos, un exjefe de la FECI, un líder de una autoridad indígena, quedan sin su comunidad, sin su familia, sin sus medios de vida, sin su trabajo, sin su trayectoria profesional.
Hay mucha gente que se formó en este país, que está en el exilio, que se formó a base de ir a la universidad, de trabajar, de formarse en la universidad en medio de una enorme precariedad económica, que a pesar de eso que consiguieron formarse, consiguieron ser abogados y notarios, consiguieron después entrar en la fiscalía, que tenían una posición, tenían un trabajo digno, del que fueron borrados, suprimidos; y fueron borrados de una historia en su propio país. Son personas que se quedan en una estación de limbo, no estás ni aquí ni allá, no tienes derechos que te reconozcan, y tienes que pasar a pedir, a ver si alguien te da ayuda humanitaria, o a ver si alguien te da cobijo, o a ver si alguien te da algún tipo de trabajo.
Pero son pescadillas que te muerden la cola (un problema sin salida) porque si no tienes estatus de reconocimiento, o si vas a pedir a tratar de alquilar una casa, y la persona que te va a alquilar la casa entra en internet y ve que tienes procesos abiertos en Guatemala, obviamente no vas a poder tener ni siquiera acceso a lo mínimo para poder reconstruir tu vida. Y eso significa la muerte civil, la pérdida no solamente de los derechos civiles y políticos, sino también de los económicos y sociales.
Durante el conflicto armado hubo exilio. El informe La verdad del exilio que fue presentado ahora trae los testimonios y la experiencia de las personas exiliadas de 2014 a 2025. Para 2014 ya habían pasado 18 años de la firma de los Acuerdos de Paz y también 16 años de la presentación del informe de Recuperación de la Memoria Histórica Guatemala: Nunca Más, así como el asesinato de Monseñor Juan Gerardi. ¿Qué diferencia hay entre ese exilio durante el conflicto armado interno, de este exilio que abarca de 2014 a 2025? Y en este lapso de tiempo, entre la firma de los Acuerdos de Paz y la presentación de este nuevo informe ¿hubo casos de exilio?
Bueno, hay una diferencia. Primero la masividad. Es decir, el exilio de los años 80 es un exilio masivo, producto de una política de tierra arrasada y de una criminalización de la oposición política y una persecución política en la que la muerte no era una muerte civil, sino que era una muerte física. A la gente la mataban y la desaparecían y la gente se tuvo que defender así.
Era un exilio masivo. Era un exilio que generó una gran crisis social en Guatemala. El exilio fue un factor de legitimidad del aparato de Estado. En las dictaduras militares mostraba la ilegitimidad de un régimen. Y el exilio convocó también a una solidaridad del ACNUR (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), de organizaciones internacionales; tuvo redes de apoyo, hubo campamentos de refugiados, hubo redes de solidaridad muy amplias en esos años que ayudaron a sostener el exilio.
En este caso (el exilio en el cual se enfoca el informe recién presentado de 2014 a 2025), el exilio es un exilio en términos numéricos más reducido, más dirigido a determinados perfiles en ciertos momentos de cada una de estas épocas, de estos años, que pasan por operadores de justicia, pero también pasan por líderes de pueblos originarios, pero también por periodistas que están investigando y llevando a cabo publicaciones de temas sustanciales, de la corrupción, narcotráfico, violencia contra la población civil en el marco del conflicto de armado interno.
Es un exilio que es más selectivo, con menos apoyo, porque no hay una dimensión de crisis afuera. Hay mucha gente que fue a pedir asilo, a los primeros que salieron, por ejemplo, a México a pedir apoyo, no les creían. -¿Por qué tienen que salir de Guatemala? Si Guatemala es un país democrático, si no hay una dictadura, si no hay una violencia directa contra ustedes, les preguntaban.
Tuvieron que explicar cuáles eran estos factores que los hacían pedir asilo. Interpol tuvo que entender cuáles eran los factores de criminalización y que se trataba de persecución política, porque muchos tenían órdenes de detención internacional.
Es un exilio más selectivo, pero también con objetivos políticos muy determinados. Es un exilio muy significativo en términos de distintos perfiles a los que se dirige, no tanto de activistas políticos o de comunidades indígenas que fueron señaladas de ser la base social de la guerrilla, que fue básicamente el señalamiento durante todos esos años de conflicto armado.
Es un exilio hasta de operadores de justicia, personas del propio aparato del Estado, comunicadores, periodistas, etcétera, que muestra las resistencias a la democratización del país. Han pasado muchos años de firma de los Acuerdos de Paz, pero la resistencia a la democratización ha estado presente.
¿Cuántos años costó llevar adelante los casos de Sepur Zarco, de la violencia en el caso Molina Theissen, de los casos de genocidio, de diferentes casos de violaciones de derechos humanos? El caso Mirna Mack, que era el único caso que se había podido llevar en esa época ante los tribunales. Y eso te muestra el impacto de la impunidad, los problemas de seguridad que suponían para las víctimas, para las personas que llevaban esos casos adelante, de sus abogados, los testigos o las víctimas directas. Pero ese tipo de resistencias a la justicia se ha ido ampliando porque se fueron logrando cosas.
Lo que hemos tratado de demostrar en el informe es que hay logros en la lucha por la justicia en Guatemala que no se han dado en otros países cercanos. Y que precisamente la criminalización, el exilio, la persecución, el encarcelamiento ilegal y arbitrario de muchas de estas personas han sido herramientas para tratar de neutralizar esos logros.
Entonces, sí ha habido exilios más limitados de personas que tuvieron que salir después de la firma de la paz, o en los años entre 1996 y 2014; han sido más exilios de defensores y defensoras de derechos humanos. De hecho, ha habido programas de protección en Europa, en Estados Unidos, en otros países, para acoger a defensores y defensoras de derechos humanos que tenían que salir del país precisamente por su trabajo de investigación, en algunos casos especialmente de la defensa del territorio, del cubrimiento de informaciones relativas a hechos clave de violencia por parte de personas o sectores con un alto poder en el país. Entonces, sí hubo un exilio a goteo, en términos numéricos lo que tenemos, de ese tipo de personas y perfiles y defensores de derechos humanos.
Pero eso cambia en este contexto. Cambia especialmente a partir de la sentencia por genocidio en 2013 (contra Efraín Ríos Montt) donde hay una respuesta por parte de sectores con mucho poder de este país en contra de eso. Y que hace que algunas personas tengan que salir del país.
Entre ellas Claudia Paz y Paz o Claudia Escobar, personas que tenían papeles relevantes. Aunque no fue una mayoría, porque se mantuvo en la fiscalía a Thelma Aldana quien fue siguiendo con las investigaciones, periodo en el cual se mantuvo el trabajo de la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala), se fortaleció el trabajo de la CICIG, y eso evitó la posibilidad de que hubiera más personas que tendrían que salir por motivos de esa persecución. Pero estas instituciones sufrieron un ataque después, especialmente a partir del año 2019, 2020, 2021, que es el año más crítico, o 2022 y 2023, en el que se da un pico de personas que o bien son encarceladas o bien tienen que salir al exilio.
Un ataque selectivo, como usted lo llamó antes, ¿con el objetivo de frenar los avances de los casos de justicia transicional o contra la corrupción?
Por supuesto, son retaliaciones. En el caso de Molina Theissen se consiguió una sentencia de la Corte Interamericana, yo fui perito de la Corte Interamericana de ese caso sobre los temas de niñez desaparecida en contextos de violencia política. Fui perito del caso interno aquí, se logró una condena contra un grupo de la cúpula de inteligencia militar de la época, e inmediatamente que se logró eso, vino una respuesta de estas personas acusadas en contra de la familia, acusando a la familia de que mentían y que Marco Antonio Molina Teissen estaba vivo. Es la perversión del uso de la justicia y cómo es posible que una fiscalía admita un tipo de denuncia espuria de esa naturaleza que es una revictimización de la gente y someter de nuevo a familias de desaparecidos a una lista. Eso es una venganza por los logros. En la mayoría de los casos que hemos visto las reacciones han tenido dos objetivos: tiene el objetivo de neutralizar las investigaciones, liberar a los detenidos o dejar las acusaciones que se tenían cuando las pruebas eran muy evidentes y dos, una retaliación, una venganza contra quienes se atrevieron a llevar a cabo esos casos.
Porque esa venganza tiene una cosa que nosotros en el caso del REMHI (Informe de Recuperación de la Memoria Histórica Guatemala: Nunca Más) lo llamamos el terror ejemplificante. Es decir, hay un terror que no tiene que ver solamente con un efecto instrumental del terror, que es matar a una persona, sino que tiene el objetivo de dar el ejemplo para que nadie se atreva a hacer lo que ha hecho la persona. Y lo que hemos visto en estos casos es un tipo de terror ejemplificante.
Usted señaló en la presentación del informe que las personas exiliadas entrevistadas, al principio no tenían la intención de salir del país, pese a las amenazas. Muchos de ellos trataron de continuar con su trabajo…
Así es, así nos lo han contado, así lo hemos podido contrastar, así hemos podido ver el recorrido de cuando empezaron a tener amenazas y cuando terminaron saliendo. Eso no es un día recibo una amenaza y salgo el día siguiente. Mucha gente se quedó incluso cuando supieron que tenían procesos abiertos.
Mucha gente no sabía siquiera qué tipo de procesos abiertos tenía porque no tenían acceso a la información. Tenían los rumores, las amenazas públicas, las advertencias de que había investigaciones abiertas contra ellos, pero no tenían los datos sobre qué se acusaba, por qué, en base a qué tipo de acciones concretas. La gente trató de quedarse en una lógica de proporcionalidad que no funciona en un contexto de guerra ni de guerra legal como éstas, o de guerra jurídica como éstas.
Hay un dicho en otros países, no sé si en Guatemala se dice exactamente así, que es: pero si nada debo, nada temo. Mucha gente se quedó con esa lógica de si nada debo, nada temo.
“Aquí esto no tiene ningún sentido, no tiene ni pies ni cabeza. Cualquier juez que vea esto verá que no hay ninguna prueba para ello y absolverá y dirá que esta investigación no tiene ningún sustento”, señalaban.
¿Pero qué es lo que fueron viendo en el camino? Que Las personas fueron detenidas, fueron encarceladas en condiciones de maltrato, en condiciones de aislamiento. Por ejemplo: cinco mujeres metidas en una celda de dos y medio por dos y medio durante cinco días, todas juntas, que no tenían ni sitio para dormir, sin agua potable, en condiciones de victimización. La situación de José Rubén Zamora en la cárcel en la que yo hice un peritaje sobre ese caso muestra cómo la tortura fue parte de las técnicas de ablandamiento para tratar de quebrar la resistencia y que firmara cualquier cosa que le dejara libre, pero que se autoinculpara o que dijera cosas que no eran ciertas.
La gente trató de quedarse, pero vio condiciones en su propia defensa que no funcionaron y vio los ejemplos de personas que estaban siendo detenidas y en las condiciones en las que estaban siendo detenidas y una campaña en contra de muchas de estas personas que mostró que no había horizonte para la justicia ni para la defensa. Y aún más, hemos entrevistado abogados y abogadas que defendieron a estas personas y que también fueron criminalizados.
En el informe hay 132 testimonios ¿Qué tan importante es el testimonio en este tipo de informes? Porque siempre en todas las comisiones de verdad o cuando se hacen estos informes siempre hablan de los testimonios y muchas personas dicen bueno, pero se basan en lo que dice una persona…
Precisamente por eso no hemos hablado con una persona, por eso hemos hablado con 132 y por eso tenemos diferentes perfiles y por eso hemos comparado lo que cuentan operadoras de justicia, lo que cuentan periodistas de diferentes medios, lo que cuentan líderes de grupos originarios, la experiencia que han tenido los estudiantes de la USAC, personas defensoras de derechos humanos. Por eso el informe no es un informe que va contando caso a caso separadamente, sino hace un análisis más transversal. ¿Cuáles son estos patrones de victimización? ¿Qué es lo que está mostrando? Que muestra una regularidad de las acciones a la vez que una selectividad de los objetivos.
Entonces hay que contrastar la información. Nosotros no hemos incluido detalles muy concretos sobre el tipo de investigaciones que estaba llevando cada uno, como por ejemplo qué pasó con el caso de las Comisiones Paralelas. No, no entramos en ese tipo de cosas porque no es el objetivo del informe y necesitaríamos hacer otro tipo de investigación asociada a eso.
Pero sí hemos contrastado la información, sí hemos analizado obviamente las publicaciones, hay informes del Alto Comisionado de Naciones Unidas, de misiones jurídicas que hicieron evaluación de la situación del exilio, del Cyrus R. Vance Center For International Justice de Estados Unidos, hemos analizado toda la evidencia previa de informes que se han publicado y que muestran el conjunto de las tendencias. Analizamos lo publicado por la relatora Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, quien escribió el prólogo del informe que estamos presentado. En base a todo eso hemos contrastado la información.
No nos hemos ido a contar situaciones extremas de que una persona nos ha contado una cosa extraña. Hemos tratado de hacer un análisis ponderado y poder mostrar la regularidad, el conjunto de las situaciones que te muestran realidades muy consistentes con el relato mismo. La consistencia interna del relato es algo que siempre analizamos y también la consistencia externa, que relaciona entre un relato determinado con otros relatos de fiscales o líderes de esa época, en ese contexto, y con la evidencia de informes que tenemos.
En las metodologías cualitativas, como las que usamos, hablamos de la triangulación de las fuentes, en la que el testimonio es una fuente fundamental, pero también buscamos otras fuentes con las que podamos contrastar.
La primera recomendación del informe presentado sobre La verdad del exilio señala la necesidad de un reconocimiento público por parte del Estado. ¿Por qué es tan importante ese reconocimiento público?
Es muy importante porque la criminalización no solamente es un tipo de acusación que lleva a inseguridad jurídica (que o bien eres detenido o detenida o bien tienes que salir del país para proteger tu integridad) sino que conlleva una marca moral negativa.
Los traumas políticos como estos no son solo hechos de violencia que tienen un impacto psicológico, sino que conllevan una marca moral negativa. Esa marca moral negativa es un estigma y el estigma no se quita con nada, por eso es tan potente.
El estigma tiene dos funciones desde la psicología social. El estigma tiene la función de facilitar la agresión porque ellos (los que se fueron al exilio o los que tienen casos abiertos), según la narrativa que tratan de impulsar, es que “eran corruptos, porque no hacían bien su trabajo”. El estigma facilita la agresión, la justifica. El estigma supone una marca moral negativa para la víctima que tiene que estar demostrando que no es verdad lo que han dicho de ella. Le aísla socialmente. Le genera ostracismo social a muchas personas. Algunas personas entrevistadas también señalaron que las consecuencias se extendieron entre sus propias familias, como primos u otros familiares que creyeron la versión oficial de la historia de que ellos eran corruptos, de que ellos habían cometido violaciones de derechos humanos y que lo que les pasaba era consecuencia de eso.
Entonces el reconocimiento público es fundamental porque es un componente clave para la desestigmatización que es un punto clave para facilitar la agresión y para justificar la violencia y para atacar el buen nombre.
Si una persona tiene algo es la dignidad y en la estigmatización lo que ataca es la dignidad de la persona, le quita el buen nombre, el buen hacer, su trabajo, es otro tipo de muerte civil asociada a eso y por eso el reconocimiento público es tan importante. Es importante que venga además de una alta autoridad del Estado y que venga del presidente del gobierno, del fiscal general; que digan que estas estrategias que se pusieron en marcha fueron estrategias de criminalización que fueron injustas, que las personas no han sido culpables sino que han sido acusaciones fabricadas para otros intereses espurios por detrás porque eso es muy importante también para la población para que la población entienda de qué estamos hablando y no se deje llevar por la construcción de narrativas distorsionadas que terminan legitimando a quien agrede a todas estas personas.
Muchas personas podemos decir, bueno si ya hubo cambio de fiscal general, desde donde se generaron muchos de estos casos espurios, entonces ya pueden volver a sus casas y con sus familias. Pero no es un proceso tan fácil, en el informe se habla de desarrollar un proceso de descriminalización. ¿Qué implica ese proceso?
Los procesos siguen abiertos. Primero, mucha gente no sabe si tiene procesos abiertos o no porque una de las estrategias de criminalización fue el oscurantismo, la falta de acceso a la información sobre sus propios casos en los que se les acusa o el conocimiento de que se les acusa de abuso de autoridad pero en base a qué acciones concretas, en qué casos concretos qué es lo que yo he hecho con el abuso de autoridad o con qué pruebas tienen frente a eso.
Lo que se necesita para esa descriminalización es un acceso a la información, un análisis de cuáles son los elementos de prueba que pueden estar en las acusaciones que se les han planteado y un análisis objetivo independiente desde el punto de vista penal y en base a las pruebas objetivas de las acusaciones que se tienen.
Con un análisis de ese tipo, la gran mayoría de los casos de los que estamos hablando, por el conocimiento que tenemos y por lo que ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), muchos casos se caerían inmediatamente.
Pero también hay que tener un análisis de en qué punto de las investigaciones o el proceso judicial se encuentran, si el caso se encuentra bajo el análisis judicial para llevar a cabo una sentencia, entonces está en un punto de desarrollo mucho mayor que un caso que se encuentra en investigación en la Fiscalía.
Los procedimientos que hay que llevar a cabo en un caso y otro son diferentes, pero se necesita que se den con garantías para que la gente pueda venir y defenderse legalmente, que se le pueda proporcionar un abogado y que pueda analizar cuáles son esas pruebas, que pueda tener un derecho a la defensa y que pueda hacerlo en libertad.
Muchas veces, los acusados por corrupción acusaron a los que los investigaron y a partir de ahí los metieron en la cárcel y con una suspensión permanente de las audiencias por parte de los jueces, sin ninguna posibilidad de defensa como una forma de castigo a su trabajo y eso es lo que hay que cambiar y para eso se necesita una política que parte del Ministerio Público.
Una política que pase por el análisis en conjunto de los casos, la evaluación de la situación procesal de cada uno de ellos y también lo que nosotros hemos señalado en el informe,
una de las estrategias que tiene esta criminalización ha sido presentar denuncias múltiples hay personas que tienen 80 denuncias, 90 denuncias. Con 90 denuncias te puedes pasar los próximos 50 años tratando de defenderte.
Lo que hay que hacer es desmontar, analizar los patrones de criminalización y mostrar que con estos patrones de criminalización estos casos no pueden seguir adelante y hacerlo con las garantías legales y de libertad para que la gente pueda enfrentar eso como un país normal.
¿Implica también desmontar esas estructuras desde donde se iniciaron los casos?
Por supuesto, porque ¿qué ha pasado? Hay una discriminación de los acusados que pasa con las investigaciones que ellos llevaron. Muchas de esas investigaciones se han desmantelado, en muchos casos no han podido seguir adelante y esas situaciones son las que la fiscalía tendrá que revisar para ver qué tipo de manipulaciones se han dado en ese tipo de contextos para echar abajo casos concretos.
Nosotros damos muchos ejemplos en los testimonios no los hemos contado en el informe, pero la experiencia del exilio es muy importante porque ellos sí conocen los casos y sí tienen la claridad de qué pasó en este caso, cuáles son las pruebas que hay en este caso, para que ayuden a la fiscalía a poder verificar todas esas estrategias de impunidad asociadas a la criminalización de todas estas personas.
El informe se llama La verdad del exilio ¿Cuál es la verdad de este exilio? ¿Cómo podríamos resumir el principal hallazgo de este informe?
Para sintetizar, la gente que tuvo que irse al exilio se ha llevado una verdad del país con ella, han sido protagonistas de una historia, han sido personas claves en la lucha por la justicia por la defensa del territorio, por el periodismo independiente, se han llevado parte de esa verdad con ellos y esa verdad que ellos han vivido ha sido criminalizada y han tratado de borrarla de la historia.
El informe se llama La verdad del exilio porque hay una verdad que tiene que ser incorporada no solamente por parte de las personas afectadas directamente, sino por parte de una construcción de la democracia en la que esa verdad y esa experiencia colectiva es muy importante para Guatemala.
El subtítulo del informe habla de ética, criminalización y lucha por la justicia, precisamente porque hay un desafío ético fundamental aquí, no estamos hablando solamente de procesos penales o problemas procedimentales de que nos lleven a una investigación, estamos hablando de ilegalidades y de la ética, el informe reivindica la ética de estas personas porque esa es una ética para la construcción de la democracia en Guatemala y es para no dejarse contaminar por quienes quieren tergiversar la historia y borrar esa memoria, hacer como que eso no exista y consolidar un estatus quo en este país dominado por unas élites dominantes que no son un espacio para amigos indígenas, ni personas con una mentalidad independiente, ni un periodismo independiente, ni obviamente una justicia que funcione en base a la independencia que se necesita en un Estado de derecho.
Y según los testimonios obtenidos ¿ya existen las condiciones para regresar?
Bueno, tienes que tener en cuenta que el informe y todo el trabajo de campo lo hicimos en un periodo oscuro en el que todavía estaba presente el anterior fiscal general (Consuelo Porras) y no sabíamos qué iba a pasar el 16 de mayo de 2026. Nosotros terminamos todo ese trabajo de campo en el mes de marzo (2026) y empezamos ahí a trabajar con toda esa investigación.
Las personas están en una situación bueno, evaluando la situación en un espacio de esperanza. Hay una esperanza de poder retornar, algunos quieren retornar, algunos están volviendo después de hacer un análisis con información de en qué momento están sus casos, hemos visto que estaba Claudia Paz en la presentación del informe en el Palacio y ella no había vuelto en muchos años y eso es una muy buena noticia. Otras personas están en ese proceso de evaluación y no hemos podido identificar en qué momento se encuentra eso.
Es un momento extremadamente reciente, de junio en adelante, en el que la nueva fiscalía (ahora dirigida por Gabriel García Luna) está tratando de ponerse en marcha, pero sí queríamos llegar con este informe en un momento en el que es una herramienta clave para ese proceso que tiene que hacer tanto el gobierno como la fiscalía y los jueces en la evaluación de ese tipo de casos y poder escuchar de primera mano el análisis, la experiencia de la gente que es una herramienta fundamental para ello.
El informe “La verdad del exilio. Ética, criminalización y lucha por la justicia en Guatemala” puede leerlo aquí: https://exiliosguatemala.org/
