La CC ratificó la protección provisional otorgada a David Gaitán por a las órdenes de captura emitidas por la Sala Tercera de Apelaciones contra él y otros operadores de justicia criminalizados durante la gestión de Consuelo Porras en el Ministerio Público (MP), por haber investigado el caso de corrupción conocido como Odebrecht.
Por Alexander Valdéz
La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó un fallo a favor de David Gaitán, exmandatario de la CICIG, y dejó sin efecto, la orden de captura girada en su contra dentro del caso relacionado con la negociación del acuerdo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público (MP) y personeros de la empresa brasileña Odebrecht. Un expediente con el que se dejó de perseguir a los acusados de corrupción y se castigó a quienes expusieron los hallazgos que vincularon a personajes como Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón.
La resolución surge porque la CC declaró sin lugar una apelación que dejó interpuesta Rafael Curruchiche contra la decisión de la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que suspendió y luego anuló esa órden de captura emitida por la Sala Tercera de Apelaciones, sin que fuera su competencia legal. De esa cuenta, se mantienen los efectos de esa resolución y quedan suspendidos los actos dirigidos a ejecutar la orden de aprehensión contra el operador de justicia, actualmente en el exilio.
“Sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, por medio del agente fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad –FECI–, Julio René Catalán Vargas. III. Confirma el numeral II) de la resolución apelada, en cuanto otorga la protección Expediente 2682-2026 interina solicitada, con los mismos efectos decretados en primera instancia. IV. Notifíquese y con certificación de lo resuelto, devuélvase la copia de la pieza de amparo a donde corresponda”, indicó la CC, en relación a confirmar el amparo provisional.
David Gaitán, exmandatario de la CICIG, consideró que la resolución pone en evidencia que durante la gestión de Consuelo Porras y de Rafael Curruchiche se impulsaron procesos de manera irregular. A su juicio, existió un “litigio malicioso” con el que se intentó construir casos que califica de absurdos y que, con el paso del tiempo, han quedado expuestos por las propias resoluciones de las autoridades judiciales. En particular, señaló que la Sala Tercera actuó ilegalmente en su caso.
Gaitán, en un fallo que aún no garantiza su retorno al país, afirma que estas acciones no estuvieron dirigidas únicamente en su contra, sino también contra fiscales y jueces que se encontraban en circunstancias similares. “Entonces me parece que esto lo que demuestra es cómo estos casos han sido utilizados para perseguirme no sólo a mí sino a fiscales y jueces que estamos en las mismas circunstancias”.
Una evidencia de criminalización
El 30 de mayo de 2025, la Sala Tercera declaró en rebeldía a varios operadores de justicia, entre ellos Gaitán, y ordenó su captura por los delitos de obstrucción de justicia, conspiración, asociación ilícita, tráfico de influencias y colusión. También ordenó emitir los oficios para hacer efectiva su aprehensión, publicar sus datos personales en medios de comunicación y activar una alerta roja internacional a través de Interpol Guatemala.
En un solo fallo se emitieron más de 20 órdenes de captura contra operadores de justicia, entre ellos la exfiscal general Thelma Aldana, exfiscales de la FECI, como Juan Francisco Sandoval, y extrabajadores de la CICIG, entre ellos el excomisionado Iván Velásquez y la actual fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo.
En su reclamo, Gaitán cuestionó que la Sala hubiera actuado fuera del ámbito de sus atribuciones, debido a que su intervención en el expediente estaba relacionada con el trámite de una recusación y no con el fondo del proceso.
Además, señaló que ya había existido una orden de aprehensión en su contra por los mismos hechos, argumentos y medios de convicción, emitida en enero de 2023, por lo que alegó una doble persecución. En su resolución, la CC no entró a resolver el fondo del asunto, pero sí consideró que existían circunstancias suficientes para mantener la protección constitucional provisional a favor del exmandatario de la CICIG.
De acusado a acusador
Es más, ese proceso deriva de una denuncia presentada por el exministro Alejandro Sinibaldi contra los fiscales y operadores de justicia, pasando a ser de acusado al acusador, durante la gestión de Consuelo Porras. Mientras la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones conocía un incidente de recusación contra la jueza que tenía a su cargo el expediente, la FECI solicitó que Gaitán y otras personas fueran declaradas en rebeldía y se emitieran órdenes de captura.
El fallo representa un nuevo revés para el MP en este proceso, luego de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad apelara la protección otorgada a Gaitán. La Fiscalía argumentó que la orden de captura se había emitido con base en la investigación y los indicios que consideraba existentes, y sostuvo que la CC no debía revisar el criterio de la Sala sobre el fondo de los hechos investigados. La Corte, sin embargo, declaró sin lugar esa apelación y mantuvo vigente el amparo provisional.
Gaitán es uno de los exfuncionarios vinculados a las investigaciones de corrupción que posteriormente enfrentaron procesos penales y medidas de persecución judicial. En este expediente, la resolución de la CC deja claro que, por ahora, la orden de aprehensión emitida por la Sala Tercera no puede ejecutarse contra él. La protección es provisional, por lo que el fallo no constituye una resolución definitiva sobre su situación penal ni sobre los hechos investigados.
Sala ejecutó el fallo
En este caso, la protección no alcanza únicamente a David Gaitán. El fallo también dejó sin efecto las órdenes de captura emitidas contra los demás operadores de justicia perseguidos por el mismo expediente, entre ellos exfiscales de la FECI, la CICIG y la exfiscal general Thelma Aldana. La resolución beneficia, entre otros, a Juan Francisco Sandoval, Iván Velásquez, Siomara Sosa y Aldana, quienes fueron señalados por la firma de acuerdos de colaboración eficaz relacionados con el caso Odebrecht.
El pasado 6 de julio, la Sala acató la orden de la Cámara de Amparo y Antejuicio, ordenado a la Policía Nacional Civil (PNC) bajar de sus sistemas esas órdenes de aprehensión.
El caso Odebrecht
El caso Odebrecht develó uno de los actos de corrupción más grandes en el Ministerio de Comunicaciones; sin embargo, quedó como uno de los casos sin justicia. El proceso colocó a la vista cómo funcionaba una red de corrupción desde el más alto nivel dentro del Estado en 2017.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), expuso que fueron más de US$19 millones los que se habrían gestionado en sobornos por distintos proyectos carreteros por Odebrecht, un modelo que la empresa de origen brasileño aplicó en varios países.
Nueve años después, entre nuevos aires de justicia, los rezagos de la gestión de Consuelo Porras en el Ministerio Público (MP) y la desarticulación de la FECI, siguen pasando la factura, asegurando impunidad para quienes figuraban como acusados de ese robo millonario de fondos públicos.
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