Por Tania Palencia prado
- ¿Qué implica ir por cambios constitucionales?
La Asociación Poder Ciudadano lanzó en la coyuntura preelectoral un debate que está vivo desde hace décadas y que ha sido siempre abandonado: reformar la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Por qué está siendo escuchado ahora? ¿Por qué estamos firmando esta propuesta? ¿La conocemos? ¿Qué implicará su aprobación?
Con certeza podemos afirmar que existe un amplio consenso acerca de que la función jurisdiccional del Estado guatemalteco está podrida. Los sucesivos y excesivos abusos cometidos por acción y omisión de muchos jueces, magistrados y fiscales, además del corrupto esquema de elección y gestión que los cobija, nos agrede e indigna en extremo y es causa directa de que, sin dudas, queramos una reforma de arquitectura institucional en la justicia, tal como lo dice Poder Ciudadano.
La justicia guatemalteca no protege los derechos fundamentales y no mantiene la paz social. Al contrario. Ha sido detonante y protagonista de las guerras entre los órganos de Estado; ha sido ciega a los privilegios de una oligarquía y un ejército que payasean ser neutrales, y ha sido también el instrumento clave para no reconocer ni reparar los delitos de lesa humanidad que han herido gravemente a la sociedad negando y haciendo invisible lo mejor de los Acuerdos de Paz.
¡Sí! Guatemala necesita una profunda renovación del sistema de justicia. Pero… ¡Cuidado! Mucho cuidado, porque ir por cambios constitucionales no debe confundirse ni reducirse a firmar y delegar en las élites y demás representantes la tarea de hacer lo que al parecer deben hacer. No es así de fácil, lineal o expedito este cambio que queremos vivir. Necesitamos más claridad para argumentar a favor de una transformación constitucional.
El principal argumento para no firmar y no apoyar a Poder Ciudadano comienza con señalar que su propuesta se asienta en una incoherencia. En el intercambio oral y público la asociación ha levantado la tesis acerca de que la propuesta va al grano, no es paja, es concreta, objetiva, tangible, posible, resuelve, no sueña, no se va a las nubes, llama al pan pan y al vino vino. De igual manera, ya comienzan reacciones defensivas que encumbran la urgencia de no ser dogmáticos, ni aspiracionales, sino que busquemos lo tangible, ya que ir por más no es factible ni inteligente.
La incoherencia la observo desde el segundo párrafo de la exposición de motivos. Dice Poder Ciudadano que “la justicia no constituye una mera función estatal, sino una condición indispensable para la vigencia efectiva de los derechos, la limitación del poder público y la consolidación del Estado constitucional de Derecho.” Esa opinión es una verdad importante. La justicia no es una mera función estatal, no es un sector, no es un procedimiento.
Los cambios que amerita la justicia en Guatemala deben entretejer las tres dimensiones dinámicas de toda Constitución: la dimensión dogmática (los valores supremos), la dimensión orgánica (la arquitectura o andamiaje institucional del Estado) y la dimensión pragmática (la defensa de los derechos). Tres dimensiones que deben estar articuladas, entrelazadas o vinculadas. En Guatemala, no lograremos mucho si solo cambiamos los procedimientos judiciales, sin advertir todas las aristas y actorías que teje el ejercicio real, corporal, territorial y vital de la justicia.
Tal como escribió Nietzsche en la Genealogía de la Moral: muchas veces el beneficio de una cosa no se obtiene al conseguirla, sino en lo que nos cuesta alcanzarlo. ¿Si conseguimos la reforma, nos vamos a beneficiar como pueblos? ¿Conseguiremos meter a la cárcel a Molina Barreto, a Walter Mazariegos, a Consuelo Porras, a Luis Benito Ruiz o a Alejandro Sinibaldi o evitaremos casos similares? ¿Mejoraremos al sistema carcelario? El punto de mi objeción reside precisamente en el concepto que subyace en la idea de hacer lo mínimo, lo básico, “lo que se puede hacer.”
- Viable aunque medio medio.
Si te matan, te criminalizan, si hay impunidad, logremos ser viables para que te medio maten, medio criminalicen y sean medio impunes. El poder constituyente de una nueva justicia no se instala solo con procedimientos. Se construye limitando y doblegando a los poderes abusivos, lo cual exige otros cambios constitucionales, entre ellos la misma carrera civil, la reorganización territorial y municipal, la economía comunitaria, la política criminal y más. La actual Constitución tiene agujeros negros en cada sección. Simplemente no hay deberes ni sanciones para las y los empleados públicos. No hay límites al poder de la administración legislativa y las diputaciones. Esos agujeros deben eliminarse con rigor técnico y político para no seguir conviviendo con jueces que avalan desalojos, que meten presas a las mujeres violadas por el ejército o que perdonan a quienes queman o violan a las niñas y adolescentes.
¿Qué justicia puede haber en Guatemala si la Constitución no es clara en la protección de los bienes naturales o no confiere poder al cuidado del agua o de los bosques? ¿Qué justicia puede haber si la Constitución no prohíbe la desigualdad laboral de las mujeres o de las y los indígenas o no confiere poder a los idiomas de los pueblos originarios para hablar en los tribunales, en los bancos o en las instituciones públicas? ¿Qué justicia puede haber si la Constitución no prohíbe la militarización o no confiere poder a las autoridades ancestrales para resolver sus conflictos y nutrir al sistema jurídico dominante con la eficacia del derecho maya?
Al aceptar un cambio sectorial bajo el argumento de que eso es lo posible, permitimos que crezca otro prejuicio más grave. Ese prejuicio consiste en no valorar nuestro poder o nuestra propia fuerza ciudadana. Menospreciar los sueños nos lleva a desvalorizar el sentido mismo de una Constitución Política. Constituirse remite a una idea de comunidad. La Constitución es el punto fundacional que entrelaza la comunidad, el derecho y el Estado. Refuerza un tono naciente de sociedad, de modo que tiene un profundo contenido ético y su significado es configurar el hecho social en derecho, en pactos. La Constitución está en las calles. Indica el poder real de acción y decisión que tenemos.
Hasta ahora la gente, los pueblos, las ciudadanías, no hemos tenido poder real de acción y decisión constitucional. En las calles habita la corrupción en infraestructura, en salud, en el municipalismo y gente mal pagada. La Constitución ha sido siempre un pacto de élites mafiosas y se erige como una narrativa paraestatal. La sociedad vibrante de carne y hueso no ha importado a los constituyentes. El pathos profundo de las Constituciones guatemaltecas ha sido asegurar que el Estado gestione las alianzas público-privadas. Y en lo privado simplemente no están los pueblos. Todo buen estudio de derecho constitucional comparado mostrará que en Guatemala es grave la ausencia de poder ciudadano y aún más grave la negación absoluta de nuestra diversidad pluricultural.
Es urgente valorar como necesario, objetivo y viable posicionarnos a favor de cambios constitucionales integrales, como importante es renunciar a la cultura de subordinación y tutelaje político que mamamos desde hace siglos. Esa cultura despolitizante es la misma que hace años nos llevó a gritar: ¡En estas condiciones no queremos elecciones! Pensemos: ¿En qué condiciones sí queremos elecciones? ¿Quién va a darnos esas condiciones? ¿Las dará el otro que te convierte en cliente para votar por él o que te mata por ser disidente? ¿Las levantarán los partidos políticos que ahora muy oportunistas van a querer limpiarse votando a favor de parches constitucionales? El vasallaje dice: “no hay condiciones”, pero ellos, los intelectuales orgánicos de la oligarquía dicen: “ahorita, metamos el gol.”
- ¿Qué busca resolver Poder Ciudadano?
El gol lo quieren meter aprovechando la extendida indignación social. En su afán de vender eficacia la propuesta de Poder Ciudadano demerita la existencia vital de la mayoría ciudadana y desvaloriza su histórica falta de acceso a la administración de justicia, especialmente la falta de acceso por parte de las mujeres, las mujeres indígenas, las adolescentes y la niñez. Su propuesta crea y fortalece los mecanismos para elegir y controlar al operador de justicia, pero le resta absolutamente poder al derecho indígena y niega la validez y pertinencia del pluralismo jurídico.
A diferencia de CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), que intentó en 2016 la aprobación de un paquete constitucional para reformar al sistema de justicia donde incluyó un vago y formal reconocimiento a las autoridades y al sistema jurídico maya, esta asociación se empina hacia la gerencia inolora, incolora e insípida y solo se limita a proponer cambios procedimentales. Es como construir una piscina en una casa que no tiene agua ni luz y donde se prohíbe nadar a los niños. Es seguro que en poco tiempo la piscina se volverá un chiquero. O es como guardar una penca sin arrancar los bananos podridos.
Reconocer con rigor el pluralismo jurídico implicaría desplegar en varias secciones constitucionales el derecho internacional en materia de pueblos indígenas, admitiendo la coexistencia de varios sistemas jurídicos funcionando en condiciones de equidad, respeto y coordinación: idiomas, autonomías, formas de gobierno, presupuestos, autoridades, etc. Pero la Asociación Poder Ciudadano fue muy limpia, aunque pésima cirujana: quitan la verruga con preciosismo tecnócrata y dejan tapadito el tumor en la raíz de la dermis: el racismo jurídico en el ADN del Estado.
Con otras palabras, esta propuesta controla al representante sin dar poder al representado. ¿Qué pasará allí? ¿Qué pasó cuando la vieja reforma constitucional le quitó poder a la Junta Monetaria? ¿Qué pasó con las leyes que permitieron entrar al CACIF en nombre de la eficacia y la eficiencia? ¿Qué pasa con la actual propuesta de Ley de Aguas que despoja de poder real a las comunidades?
Poder Ciudadano propone “un sistema de remoción de las más altas autoridades del sistema de justicia y de fiscalización; la autonomía reforzada del Ministerio Público y de su Fiscal General, junto con la constitucionalización de la carrera fiscal; la modernización de la Contraloría General de Cuentas y del procedimiento de elección de su titular; la delimitación del amparo en materia judicial conforme al principio de definitividad; la profesionalización de la gestión administrativa de la Corte de Constitucionalidad mediante una Secretaría técnica permanente; y la actualización del régimen constitucional de la colegiación profesional.” Junto a ello propone cinco ejes: “la superación del sistema de comisiones de postulación; la ampliación de mandatos judiciales; la renovación escalonada de altas cortes; el nombramiento independiente de jueces; y el establecimiento de un sistema especializado de gobernanza judicial.”
Hay que leer esta propuesta especialmente porque muchas de sus soluciones técnicas son claras, directas, útiles y funcionales aunque excluyentes. No son oscuras ni gatopardistas, pero sí muy mentirosas, manipuladoras: la innovación sectorial y procedimental en un país como Guatemala donde la Constitución todavía no define los fundamentos de una política criminal garantista y restaurativa, solo nos harán perder el tiempo en lugar de dedicarlo a prepararnos hacia una Asamblea Plurinacional Constituyente.
Es al Estado en su conjunto al que hay que transformar, pero también es como sociedad que debemos empoderarnos y levantarnos en unidad plurinacional. Todas las fuerzas sociales necesitamos cambios para asumir corresponsabilidad y protagonismo hacia nuevas formas de convivencia. Los pies en la tierra y en la mirada los sueños de paz, esperanza, alegría y amor, esa es la ruta que nos cultiva como seres humanos. No nos dobleguemos a la tecnocracia de las élites. Convoquemos a una Asamblea Constituyente Plurinacional y Popular.
REDES
“El gol lo quieren meter aprovechando la extendida indignación social. En su afán de vender eficacia la propuesta de Poder Ciudadano demerita la existencia vital de la mayoría ciudadana y desvaloriza su histórica falta de acceso a la administración de justicia, especialmente la falta de acceso por parte de las mujeres, las mujeres indígenas, las adolescentes y la niñez”.
Escribe Tania Palencia 🖋️
