El panel internacional concluyó que los recientes procesos para elegir jefe del Ministerio Público (MP) y a las magistraturas de la Corte de Constitucionalidad (CC) evidenciaron la continuidad de prácticas que comprometen la independencia judicial. El informe advierte sobre la captura de las instituciones de justicia y recomienda reformas para garantizar procesos transparentes y basados en méritos.
Por Alexander Valdéz
El Panel de Personas Expertas Independientes para Guatemala (PEI-GT) presentó su informe final sobre los procesos de designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y de elección de Fiscal General del Ministerio Público (MP), en el que concluye que ambos mecanismos continúan afectados por la captura política, la falta de transparencia y la instrumentalización de las instituciones de justicia.
Entre los principales hallazgos, señala que las Comisiones de Postulación han sido objeto de cooptación por intereses político-económicos y criminales, lo que ha desvirtuado su propósito original de garantizar procesos basados en méritos. Además, cuestionó la ausencia de perfiles claros para evaluar a las personas aspirantes, la discrecionalidad en las reglas de selección, la falta de resolución fundamentada de las tachas ciudadanas y la existencia de negociaciones opacas que debilitan la legitimidad de las designaciones.
El informe también menciona a la exfiscal general Consuelo Porras, a quien atribuye la instrumentalización del derecho penal para criminalizar a periodistas, operadores de justicia, defensores de derechos humanos y autoridades indígenas. Como ejemplos menciona los casos de Jose Rubén Zamora, Virginia Laparra y de las autoridades indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, al considerar que estos procesos reflejan un patrón de persecución que debilitó el Estado de derecho y generó un efecto intimidatorio sobre quienes participan en esos procesos de segundo grado.
“En nuestra opinión, tiene que haber una profunda reflexión producto de un amplio debate nacional, sobre la necesidad de efectuar un cambio de sistema de elección de autoridades de las altas cortes y fiscalía general, y que se valore si es necesario sustituir o reforzar de otra manera el actual modelo de Comisiones de Postulación, totalmente agotado y profundamente desprestigiado y pervertido, lo que afecta la legitimidad de sus resultados”, indicaron.
El PEI-GT también expresó preocupación por la situación de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), al afirmar que la crisis institucional y los señalamientos sobre la fraudulenta reelección de Walter Mazariegos afectan la legitimidad de las decisiones del Consejo Superior Universitario (CSU), órgano que participa en la designación de autoridades del sistema de justicia.
Por aparte, el PEI-GT propone una reforma integral del sistema de selección de altas autoridades de justicia, establecer perfiles objetivos para los cargos, fortalecer la transparencia y la participación ciudadana, prevenir conflictos de interés y revisar el modelo de Comisiones de Postulación. También insta a mantener la vigilancia ciudadana sobre la transformación del Ministerio Público y a garantizar que los futuros procesos se ajusten a estándares internacionales de independencia judicial.
“Se observó una serie de prácticas que riñen con la necesidad de oxigenar las instituciones del sector justicia con la alternabilidad en la ocupación de los altos cargos. Este Panel considera que no se respetó el principio de renovación. Existieron iniciativas de reelección de autoridades que ya ocupaban un alto cargo en el sistema de justicia y eran altamente cuestionadas o habían sido sancionadas. La determinación de un buen perfil hubiera sido el filtro perfecto para evitar este tipo de candidaturas”, agregaron.
Foto del comunicado
Así fueron “Los Juegos del Caos”
Desde noviembre de 2025 hasta mayo de este año hubo elecciones de segundo grado de forma simultánea en instituciones clave, ligadas al sector justicia. En ese período se designaron a las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público (MP) y la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
De todas las designaciones, aunque en todas hubo cuestionamientos y dudas, la más señalada fue la de la USAC. Todo porque Walter Mazariegos logró mantenerse al frente de la única universidad pública del país tras repetir el mecanismo utilizado en 2022, que incluyó la exclusión de electores de oposición y se desarrolló en medio de acciones legales, denuncias penales por un presunto fraude y señalamientos de falta de legitimidad. Aunque ya asumió un nuevo período, los recursos judiciales que buscan anular su reelección continúan pendientes de resolución.
Únicamente está pendiente la elección del próximo Contralor General de Cuentas (CGC), un cargo estratégico por su responsabilidad en la fiscalización del gasto público. Su relevo también cobra especial relevancia de cara al proceso electoral previsto para 2027, debido al papel que la Contraloría desempeña en la emisión de finiquitos y el control del uso de recursos públicos.
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