Por Carmen Reina*
Recientemente, Guatemala fue la sede en América Latina de la presentación del Informe de Desarrollo Humano para América Latina, denominado “Democracias bajo presión”, en el cual se plantea que:
Cuando la democracia, el desarrollo humano y el Estado se fortalecen simultáneamente, pueden generar dinámicas de progreso más prósperas, inclusivas y sostenibles. Las democracias legítimas impulsan políticas públicas más representativas; los mayores niveles de desarrollo humano amplían la participación ciudadana, y los Estados con capacidad institucional permiten que las decisiones colectivas se traduzcan en resultados concretos para las personas. (PNUD.2026)
En la presentación de este informe, el Ejecutivo, el Secretario de la Secretaría General de Planificación (SEGEPLAN) habló de la generación de planes de desarrollo territoriales para definir políticas más acordes al desarrollo de la ciudadanía. En contraste, el 22 de junio el Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó el resultado de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos Continua (ENEIC) y de la Encuesta nacional de Ingresos y Gastos de los hogares (ENIGH), en la cual se encuentran alarmantes datos que evidencian la vulnerabilidad y desigualdad en la que vive la mayoría de la población en Guatemala: la pobreza y exclusión integral.
En el país, la población en edad de trabajar, la llamada “población económicamente activa” (PEA) es de alrededor de 12.7 millones de personas. La mayoría tiene algún tipo de empleo (el 97.8%); sin embargo, está trabajando generalmente en la informalidad, en un empleo en que perciben bajos ingresos, sin ninguna prestación de seguridad social (sin beneficio del IGSS) o laboral (no hay bono 14, aguinaldo, vacaciones, aportes a plan de jubilación, etc). La mayoría de las personas en Guatemala se dedica al área comercial (las y los guatemaltecos somos buenos para vender de todo, como estrategia de sobrevivencia), pero los ingresos son muy bajos y demuestran la gran inseguridad en materia de las condiciones básicas de vida.
Observemos las brechas de género: el empleo informal en hombres es alrededor del 60% y en el caso de las mujeres, el 70%. Los ingresos en promedio son muy bajos para todos: los hombres ganan en promedio Q3,313, mientras que las mujeres perciben unos Q2,281 mensuales, muy por debajo de la canasta básica.
Esta problemática se agrava mucho más en zonas rurales, con población mayoritariamente indígena y donde concurren los principales factores de desigualdad: el racismo estructural que excluye a población maya, xinka y garífuna; el patriarcado que condiciona a las mujeres en condiciones de ciudadanía de segunda clase y violencia multidimensional.
Todos estos problemas responden a las condiciones estructurales de las cuales ya casi no se habla, como la concentración de la tierra en pocas manos (el 60% de tierras cultivables en el 2% de la población). A ello se suman los nuevos ciclos de acumulación de capital, en el cual se despoja de los territorios históricos a comunidades rurales indígenas para la extracción minera, el cultivo de la palma de aceite, azúcar, construcción de hidroeléctricas y enclaves industriales.
Frente a esto, la respuesta del Estado no debería ser cosmética o parcial, sino buscar políticas sociales que generen condiciones de mayor equidad, inclusión y calidad de vida para las mayorías.
La actual administración ha planteado algunos cambios relevantes que se reportan: remozamiento de escuelas, combate a la corrupción, mapeo de hogares en extrema pobreza, el diseño de políticas de protección social denominadas “Mano a Mano”, que plantea nueve áreas de intervención: vivienda, fortalecimiento a la economía agrícola familiar, educación, salud, servicios básicos y gobernanza con participación. En el Sistema de Consejos de Desarrollo se plantea que para el 2027 habrá Q 4,985 millones en proyectos para infraestructura comunitaria. Esto, dentro de otros pequeños avances, ha generado algunas condiciones que, si fuesen sostenibles, podrían abrir espacios de cambio social. Sin embargo, hay matices y vacíos relevantes y muchos más desafíos.
La actual administración gubernamental ha alineado políticas de infraestructura, seguridad y de otro tipo a las directrices norteamericanas, en un contexto del impulso de la nueva Doctrina de Monroe desde la administración Trump. Es posible que no tuviesen opción; sin embargo, esto implica una lectura con una visión menos social dentro de las políticas públicas. “La bancarización de la población pobre”, según indica Christian Cabrera, subgerente técnico del INE, es impulsada por un plan oficial desde junio, coordinado por el presidente Arévalo y la Comisión de Inclusión financiera (COMIF), con el Banco de Guatemala, el Ministerio de Economía y la Superintendencia de Bancos. Su objetivo es que el 58% de la población sea bancarizada y entre al sistema financiero formal.
En pocas palabras, se busca que la gente pobre, especialmente juventud y mujeres que son “emprededores/as” y que promueven MIPYMES, entren a tener cuentas en la gran banca del monopolio financiero nacional. El tema fundamental al final es hacer el juego al capital financiero depredador, que especula y no ofrece oportunidades crediticias adecuadas. De nuevo, las y los pobres sirven para enriquecer a la oligarquía financiera. He ahí cómo, bajo la mirada de “políticas sociales”, se introduce a quienes se encuentran excluidos/as por pobreza del sistema financiero, uno de los más especuladores del capitalismo, para ser sujetos esclavizados de la banca.
Podrían pensarse formas alternas, como las cooperativas (que funcionan muy bien en el occidente del país, incluso con las remesas) y otras que no vulneren más a quienes se encuentran en las peores condiciones de vida. He ahí, que además de falta de eficacia y eficiencia para ejecutar la inversión pública, la mirada estratégica, no subordinada a la lógica acumuladora del capital debería privar en este tipo de políticas sociales. Esto, particularmente es de atender a un año de nuevas elecciones y con pocas posibilidades de que la nueva administración les dé seguimiento.
Aquí se plantea un desafío fundamental, el ejercicio de ciudadanía crítica, activa, con auditoría social y la construcción de un Estado social para luchar contra las grandes desigualdades que nos agobian. ¡Esa es la lucha irrenunciable!
*Socióloga feminista, periodista alternativa, defensora de derechos humanos y artivista.
