Por Eguizel Morales Ramírez
Al levantarme por la mañana reviso las redes sociales, leo noticias de Guatemala, Chile y del mundo, y veo los mensajes que me han llegado. Hoy ocurrió algo curioso. Uno de los comunicadores que sigo en Petén, Guatemala, muy conocido en el departamento, César Soler, publicó el siguiente mensaje: «Las estadísticas del Renap registran un aumento de divorcios y una reducción de matrimonios en Guatemala». Los comentarios de muchos hombres me sorprendieron. A partir de esta noticia, y aprovechando que me gusta escribir, quise compartir algunas reflexiones.
Las relaciones de pareja no pueden analizarse de manera aislada de la realidad social que viven las mujeres en Guatemala. Las estadísticas muestran que la desigualdad de género sigue siendo una condición cotidiana que afecta profundamente la vida de millones de mujeres y limita sus oportunidades de desarrollo.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), Guatemala tiene aproximadamente 17.8 millones de habitantes. Las mujeres representan el 50.8 % de la población, mientras que los hombres constituyen el 49.2 %. Sin embargo, esa igualdad numérica no se traduce en igualdad de oportunidades.
La violencia contra las mujeres continúa siendo una de las principales problemáticas sociales del país. La Encuesta Nacional de Calidad y Bienestar de los Hogares reveló que el 48.8 % de las mujeres guatemaltecas ha sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida. Además, el 34.5 % ha experimentado violencia sexual, el 31.7 % violencia psicológica, el 18.1 % violencia física y el 14.9 % violencia económica. La violencia, además, tiene un carácter interseccional, pues afecta a mujeres urbanas y rurales, mestizas, afrodescendientes e indígenas, aunque diversos estudios señalan una mayor prevalencia en las áreas urbanas.
Las cifras más recientes son alarmantes. Entre enero y diciembre de 2024, más de 6,400 mujeres fueron atendidas por delitos sexuales y más de 19,000 por agresiones físicas. A ello se suman más de 21,000 evaluaciones psicológicas relacionadas con violencia contra las mujeres y menores de edad. Éstas son únicamente las situaciones denunciadas; muchas otras permanecen en silencio e invisibilizadas. Entonces, ¿cómo no van a aumentar los divorcios y reducirse los matrimonios?
Además, el aumento de los divorcios puede interpretarse como una señal de que muchas mujeres ya no están dispuestas a permanecer en relaciones marcadas por la violencia, el control o la desigualdad. Aunque aún existen enormes obstáculos económicos, culturales y sociales para romper estos vínculos, cada vez más mujeres cuestionan los roles tradicionales que históricamente las obligaban a soportar situaciones injustas en nombre de la familia o del qué dirán.
La violencia intrafamiliar continúa siendo una problemática grave. Aunque afecta a hombres, mujeres, niñas, niños y personas mayores, las mujeres siguen siendo las principales víctimas de las relaciones de poder desiguales dentro de los hogares. Muchas veces, el miedo, la dependencia económica, la presión social o religiosa y la falta de oportunidades dificultan que las víctimas rompan los ciclos de violencia.
Aquí reforzaré mi argumento con algunos recuerdos de la vida cotidiana. En Guatemala, hasta hace relativamente poco tiempo, el acceso de niñas, adolescentes y mujeres a la educación no era una prioridad. Cuando era niña, escuchaba con frecuencia que los niños debían ir a la escuela porque eso les serviría más adelante, incluso para el servicio militar. En cambio, las niñas no lo necesitaban porque se quedarían en casa cocinando, lavando ropa, planchando, cuidando hijos y atendiendo al marido. Aunque estas ideas han perdido fuerza en algunos sectores, siguen presentes en muchas familias y comunidades.
A ello se suma el problema de los embarazos en niñas y adolescentes, que vuelve el panorama aún más preocupante. Guatemala registra una de las tasas más altas de embarazo adolescente en América Latina. Cada año, miles de niñas y adolescentes se convierten en madres, limitando sus oportunidades educativas, laborales y de desarrollo personal. Detrás de estas cifras aparecen factores como la pobreza, la falta de educación sexual integral, las uniones tempranas —todavía ampliamente normalizadas— y, en muchos casos, la violencia sexual.
Las desigualdades también se observan en el mundo laboral. Los hombres participan en mayor proporción en el mercado de trabajo remunerado, mientras que muchas mujeres enfrentan acoso sexual y barreras para acceder a empleos formales, salarios justos y puestos de decisión. Además, cuando las mujeres trabajan fuera del hogar, generalmente continúan siendo las principales responsables de las tareas domésticas y del cuidado familiar, lo que genera la conocida triple jornada: empleo remunerado, trabajo doméstico y crianza o atención de dependientes.
El trabajo doméstico no remunerado es uno de los pilares invisibles de la economía guatemalteca. Cocinar, limpiar, cuidar a los hijos, atender a personas enfermas y organizar la vida familiar requiere tiempo, esfuerzo y conocimientos. Sin embargo, estas actividades suelen considerarse una obligación natural de las mujeres y no un trabajo que genera bienestar para toda la sociedad. Diversos estudios en América Latina muestran que las mujeres dedican entre dos y tres veces más horas que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.
A las mujeres se les exige llegar al matrimonio sin experiencia, pero después muchas son juzgadas precisamente por no tenerla. Es una contradicción que revela la persistencia de una doble moral que premia en los hombres aquello que castiga en las mujeres. Esta realidad refleja que la igualdad entre mujeres y hombres no depende únicamente de leyes o discursos. Requiere transformar prácticas culturales profundamente arraigadas en sociedades como la guatemalteca.
Mientras a los hombres se les siga educando para mandar y a las mujeres para servir; mientras se valore más el trabajo remunerado que el cuidado de las personas; mientras muchas mujeres no tengan acceso a la educación y sean abandonadas junto a sus hijos sin herramientas para generar ingresos; mientras no existan mecanismos efectivos que garanticen la corresponsabilidad paterna y sancionen el abandono familiar; y mientras se juzgue de manera distinta la sexualidad femenina y la masculina, la desigualdad continuará reproduciéndose de generación en generación.
Por ello, no se trata de una lucha entre hombres y mujeres. La tarea consiste en construir relaciones basadas en el respeto, la empatía, la corresponsabilidad y la igualdad. Las mujeres tienen derecho a estudiar, trabajar, generar ingresos y decidir sobre sus vidas. Los hombres tienen la oportunidad y la responsabilidad de participar activamente en las tareas domésticas, la crianza y el cuidado familiar. Una sociedad más justa beneficiará a ambos y permitirá construir familias más sanas, libres de violencia y con mayores oportunidades para las nuevas generaciones.
