En la audiencia se solicitaría la incorporación de pruebas de descargo a favor de Ramón Cadena, Pedro Ros y Christopher Morales, que el Ministerio Público ha rechazado.
Por Simón Antonio Ramón
El Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal aplazó para el 19 de agosto la audiencia en donde el abogado Ramón Cadena y los estudiantes Pedro Ros y Chritopher Morales de la Universidad de San Carlos (USAC) fueron criminalizados.
El proceso del caso Toma USAC: Botín Político está a cargo del juez A, Víctor Cruz, y hoy en esta audiencia se solicitaría la incorporación de pruebas que la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural ha rechazado; sin embargo, se notificó que el juzgador estaba atendiendo otra audiencia.
“Se suspende la presente audiencia por imposibilidad material de la judicatura estando el juez en audiencia y por la incomparecencia del querellante”, se lee en el oficio que se entregó a los tres señalados.
A esta audiencia asistió el fiscal Jorge Alberto De León Maldonado, debido a que jefe de la fiscalía Saúl Sánchez fue trasladado a la Fiscalía contra Secuestros y posteriormente renunció a su cargo. Hasta el momento se desconoce quién dirigirá la fiscalía que está criminalizando a los estudiantes y docentes por las protestas contra el fraude de Walter Mazariegos en 2022.
El abogado Ramón Cadena reconocido por su labor en temas de derechos humanos, dijo que la audiencia debió realizarse. “Creo que es ilegal todo lo que está pasando es parte de un retardo malicioso”, señaló. “Tendremos que someternos a estos otra vez, es muy probable que se vuelva a suspender la audiencia, así podemos llegar al próximo año fácilmente”, dijo.
Pedro Ros y Christopher Morales denunciaron la violación al derecho de defensa por las constantes suspensiones a sus audiencias, a lo que se une el abogado defensor Edgar Pérez del Bufete de Derechos Humanos. “Que se estén suspendiendo audiencias hace prolongar el dolor y tortura de cualquier persona que este sometida, es una situación que de conformidad con la política criminal del Estado lo que debe resolver la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministerio Público. Principalmente, la CSJ de conformidad con lo que establece el artículo 79 de la Ley del Organismo Judicial”, dijo el abogado.
