Mazariegos quiere evitar la fiscalización de la Contraloría y recuperar su finiquito

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Créditos: Jarosław Jaśnikowski

El rector de facto de la USAC tiene en la mira recuperar su finiquito y evitar la fiscalización de Q14 mil millones que ha recibido esa casa de estudios en cuatro años como parte del presupuesto establecido en la Constitución. Para esto ha trazado un plan que le permita incidir y negociar en la elección del nuevo Contralor General de Cuentas. Por el momento ya ha modificado el número de integrantes de la Comisión de Postulación (de 23 a 27 integrantes), lo que le asegura tres votos de decanos, falta esperar que los dos colegios profesionales convoquen a elegir a sus representantes, para saber si las planillas afines a Mazariegos logran la mayoría.

Por Prensa Comunitaria

Cuatro meses antes que el Congreso elija al nuevo contralor general de la Nación, las piezas empiezan a moverse en el tablero. Nuevamente, Walter Mazariegos, rector de facto de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), busca cuotas de poder e incidir en esta elección asegurándose la mayor cantidad de votos de los integrantes de la Comisión Postuladora que deberá conformar el listado final de seis candidatos idóneos para que el Congreso de la República elija al sucesor de Frank Helmuth Bode Fuentes.

Carmen Aida Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, señaló a través de sus redes sociales que la comisión de postulación reportará cambios en su integración. “El primer caso lo veremos a partir de junio, cuando debe iniciar el proceso de integración de la comisión de postulación de candidatos a Contralor General de Cuentas para el periodo 2026-2030. Hay dos nuevas facultades en Ciencias Económicas y por mandato constitucional los decanos deben integrar la comisión”, afirmó. 

Esta comisión de postulación se integra por un rector en representación del Foro de Rectores de las universidades del país, quien preside la comisión; decanos de las facultades de Contaduría Pública y Auditoría y representantes de los Colegios Profesionales de Económicas y Contadores Públicos, un número equivalente al total de decanos. 

En el proceso de 2022, la postuladora estuvo conformada por 23 comisionados: el rector de la Universidad del Valle la presidió, además la integraron 11 decanos y 11 profesionales. Pero ahora, que se suman las dos universidades el número aumenta de 13 decanos de Ciencias Económicas y 13 representantes de los Colegios Profesionales, para un total de 27 comisionados.

Tres votos asegurados, pero Mazariegos busca más

La directora de Movimiento Pro Justicia se refiere a las unidades académicas de la Universidad Juan José Arévalo Bermejo y la Universidad Americana vinculadas a Mazariegos. Ambas poseen las facultades de Ciencias Económicas, por lo que el rector de facto se garantiza dos puestos en la postuladora con los votos de Silvia Cristina Duarte Lucero y Edgar Estuardo Santos Sutuj. A estos se sumarían el voto del decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la USAC, Byron Mejía. 

Pero esos votos no son suficientes para Mazariegos luego que las autoridades de la Contraloría confirmaran en abril pasado que hay tres denuncias interpuestas contra las autoridades de la USAC en la Fiscalía contra la Corrupción, y por lo cual se debe analizar si se le entrega la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos (finiquito) que requiere para asumir el cargo de rector.

La Constitución establece que la USAC debe recibir un presupuesto no menor del 5 por ciento del Presupuesto General de Ingresos aprobado cada año. De 2022 a la fecha, la USAC ha manejado al menos Q14 mil millones, según las asignaciones anuales.

Ante este escenario, Mazariegos  y su grupo cercano buscan conseguir una mayor cantidad de votos de comisionados y para esto ya trabajan en la presentación de las planillas que participarán en las elecciones de los dos colegios.  Son trece los puestos que se disputaran en dichas asambleas cuyas fechas de realización se conocerán luego del 1 de junio, cuando el Congreso convoque a integrar la postuladora. 

La presión también se genera en el Foro de Rectores quienes deberán designar a un representante para que presida la Comisión.  En dicha instancia también se ha señalado a varios rectores vinculados a Mazariegos y al exrector Estuardo Gálvez.

¿Cuál es la función de la Contraloría?

La Contraloría General de Cuentas (CGC) es una entidad rectora de la fiscalización y el control de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas; los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que, por delegación del Estado, invierta o administre fondos públicos.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la CGC, esta entidad goza de independencia funcional, técnica, presupuestaria, financiera y administrativa. El contralor goza de las mismas inmunidades que los magistrados de la Corte de Apelaciones y no puede ser reelecto. 

Quien resulte electo por el Congreso de la República deberá iniciar su mandato constitucional el 13 de octubre de 2026 para un periodo de cuatro años. Entre sus funciones de auditar presupuestos, municipalidades, CODEDES y compras públicas también destacará su papel en las elecciones generales del 2027 ya que puede influir directamente en el mapa electoral al decidir quien cumple o no con los requisitos para extender el finiquito. Su independencia será clave en un contexto de instituciones cooptadas y de corrupción.

Además, la asunción del cargo también ha estado empañada en los últimos tres periodos ya que quien es electo no ha asumido el cargo en la fecha establecida, 13 de octubre. En un informe, el Movimiento Pro Justicia recuerda que la excontralora Nora Segura asumió el cargo en diciembre del 2010 y dejó el cargo el 17 de octubre de 2014, tras una resolución de la CC, porque ella pretendía extender su mandato a diciembre. 

Mientras el excontralor Carlos estuvo al frente de la CGC en los periodos 2006-2010 y 2014-2018. En este segundo periodo asumió en enero de 2015 y entregó en octubre de 2018. De igual manera, el contralor Edwin Salazar tampoco asumió el cargo en octubre del 2018, sino en abril del 2019. Ante los atrasos en la elección de contralor, la jefatura de la institución ha sido asumida por el subcontralor de Probidad, según lo establece la Ley Orgánica de la CGC.

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