Por Josué Fiallo
El último contingente keniano abandonó Haití a fines de abril. La imagen sugiere cierre, relevo y nueva etapa. Pero el dato central sigue siendo otro: cambiar de uniforme no cambia, por sí solo, la lógica de una crisis sostenida por armas que entran desde fuera, por instituciones exhaustas y por una población atrapada entre violencia, desplazamiento y abandono. La pregunta no es solo quién llega ahora. La pregunta es qué condiciones estructurales han cambiado para que esta vez el resultado sea distinto.
Conviene empezar por una precisión elemental: Haití no es una rareza incomprensible del Caribe. Es una versión extrema de fracturas que América Latina y Centroamérica conocen demasiado bien: pérdida de control territorial, captura criminal de corredores económicos, servicios públicos desfondados y una ciudadanía obligada a sobrevivir donde el Estado ya no alcanza. Lo que ocurre hoy en Puerto Príncipe ya ocurrió, en versión más contenida, en San Pedro Sula. Ya ocurre, en estado de excepción permanente, en San Salvador. Ya pulsa bajo la superficie de la zona dieciocho de Ciudad de Guatemala. La diferencia haitiana no es de naturaleza. Es de escala, de fecha, de profundidad acumulada.
También conviene explicar la secuencia internacional. Desde 2004, Haití pasó de una gran misión de estabilización de la ONU a una misión más acotada de apoyo a la justicia, luego a una oficina política especial y, ahora, a una oficina de apoyo logístico que respalda una fuerza ampliada contra las pandillas. Esa trayectoria no cuenta una historia de consolidación sostenida. Cuenta, más bien, cómo los mandatos internacionales se fueron reduciendo o transformando mientras el deterioro haitiano seguía avanzando.
Las cifras ya no permiten hablar de una crisis episódica. La oficina de derechos humanos de la ONU verificó al menos 5.519 muertes y 2.608 personas heridas entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de 2026. La organización migratoria reportó más de 1,4 millones de desplazados internos. La oficina humanitaria de la ONU informó en abril que el plan de respuesta para 2026 estaba financiado en apenas 19,5 % de los 880,3 millones de dólares requeridos. No se trata solo de inseguridad. Se trata de un colapso acumulativo que combina violencia, desarraigo y desfinanciamiento.
Esto no es una crisis. Esto es un sistema.
La dimensión sanitaria confirma ese deterioro. A fines de abril, los organismos de salud señalaron que en Puerto Príncipe la mitad de los establecimientos hospitalarios con internación estaban cerrados o destruidos y que solo un tercio seguía plenamente operativo. Cuando una capital pierde simultáneamente territorio, movilidad, hospitales y capacidad pública, la violencia deja de ser un episodio y se convierte en un orden de facto.
La masacre de fines de marzo en Petite-Rivière de l’Artibonite mostró que el desborde ya no puede leerse como un fenómeno encapsulado en la capital. Los reportes humanitarios hablaron de decenas de muertos, viviendas incendiadas y más de 13.500 personas desplazadas en pocos días. Artibonite no es un detalle rural dentro de una crisis urbana. Es una prueba de que la coerción armada ya interfiere con territorios esenciales para el abastecimiento y la vida cotidiana del país.
Sería fácil convertir el balance de la misión liderada por Kenia en una consigna absoluta. Sería también un error. La misión quedó claramente por debajo de su tamaño previsto y no modificó de manera estructural el mapa del control territorial. Eso debe decirse sin rodeos. Pero no hace falta exagerar para criticarla con seriedad. El punto decisivo es otro: fue insuficiente para el tamaño del problema y operó con recursos y alcance por debajo de la magnitud de la amenaza.
La nueva etapa arranca con una fuerza ampliada a 5.550 integrantes, con facultades de arresto que la misión anterior no tenía y con soporte de la oficina de apoyo de la ONU ya operativa desde el 1 de abril. Chad anunció el despliegue de 1.500 militares y una avanzada inicial ya llegó a Puerto Príncipe, junto con Jack Christofides, representante especial de la fuerza. La alemana Daniela Kroslak fue designada para encabezar la nueva oficina de apoyo. Todo eso importa. Pero no basta.
No basta porque el suministro material de la violencia sigue entrando. La oficina fiscalizadora estadounidense concluyó que alrededor de 73 % de las armas recuperadas y rastreadas en 25 países del Caribe entre 2018 y 2022 provenían de Estados Unidos.
De las armas trazadas a un comprador minorista inicial, la mayoría se originó en Florida, Georgia y Texas. Esos son los AK47, los AR15 y los Galiles israelíes que codician Vitel’Homme Innocent y Jimmy Cherizier, alias Barbecue, cabecillas de Viv Ansanm, la coalición que el Departamento de Estado designó organización terrorista extranjera en mayo de 2025. Mientras ese flujo siga vivo, cualquier fuerza externa correrá detrás de una desventaja logística que no controla.
Los casos concretos vuelven visible esa ruta. En enero de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a tres personas por un envío desde Miami hacia Haití que había sido interceptado meses antes en la República Dominicana con 18 rifles, cinco pistolas, cargadores, más de 36.000 cartuchos y un silenciador ocultos en un contenedor supuestamente cargado con bienes domésticos. Meses antes, en julio de 2025, Jean Wiltene Eugene fue sentenciado por su papel en una operación de contrabando de armas desde Florida hacia Haití. No estamos ante una abstracción geopolítica. Estamos ante una cadena concreta de compra, ocultamiento, embarque y reventa. La pregunta tiene respuesta. La respuesta incomoda.
La dimensión política vuelve esa omisión todavía más grave. El Consejo Electoral Provisional mantiene una primera vuelta prevista para el 30 de agosto de 2026 y una segunda para el 6 de diciembre. Pero el registro de votantes, que debía comenzar en abril, ya fue pospuesto. Las elecciones siguen siendo necesarias. Lo que no puede seguir siendo una ficción es la idea de que bastará con publicar un calendario para que existan condiciones reales de competencia, seguridad y participación.
Hay algo injusto en hablar de Haití desde Centroamérica y el Caribe. Nuestros padecimientos, por reales que sean, palidecen frente a los suyos. Pero hay algo necesario en hacerlo, porque el silencio del hemisferio sobre Haití es el silencio que mañana podríamos oír sobre nosotros. La solidaridad latinoamericana, palabra grande que tantas veces se queda corta, debería empezar por Haití y desde Haití.
Haití no necesita únicamente un nuevo relevo de uniformes. Necesita una respuesta que una tres decisiones en un mismo gesto: cortar el tráfico ilícito de armas que sigue saliendo de Florida, financiar de verdad la emergencia humanitaria, y sostener una transición política capaz de proteger primero a la población antes de pedirle que vote. Si eso no ocurre, la nueva etapa repetirá el patrón conocido. Cambia la fuerza. Cambia el nombre del mandato. Cambia la promesa. La desventaja haitiana, en cambio, permanece.
Y en una bodega cualquiera de Hialeah, alguien firma un recibo en efectivo, mete las cajas en una camioneta y enciende el motor. La distancia entre esa escena y un balde de agua de lluvia en Cité Soleil se mide en horas, no en océanos.
