Por Josué Fiallo
Imaginemos las siete y media de la mañana del 17 de mayo de 2026. En la oficina del fiscal general todavía queda el olor de la pintura reciente. La luz blanca del sol entra por la ventana en franjas oblicuas y cae sobre una mesa de madera oscura, donde alguien dejó un cántaro de cerámica con vetas verdes, lleno hasta el borde, intacto. A esa misma hora, en una cocina prestada en San José, una jueza guatemalteca calienta café en una hornilla pequeña y sintoniza la radio por internet. Las manos le tiemblan un poco. Y en una redacción del centro de la capital alguien acaba de pegar contra el corcho un mapa de departamentos con marcas rojas allí donde, en los últimos años, fueron capturados, removidos, perseguidos o expulsados operadores de justicia. El mapa tiene demasiadas marcas.
El día después no será el final. Será la primera prueba.
Meses antes, en enero de 2024, cuando Bernardo Arévalo se preparaba para asumir la presidencia, la entonces fiscal general Consuelo Porras intentó retorcer la legalidad para impedir el traspaso democrático. Allanamientos a la sede del Movimiento Semilla, cajas electorales abiertas frente a las cámaras, pedidos repetidos de retiro de antejuicio. Cerca de cuarenta países llegaron a sancionarla o a restringirle el margen de maniobra por obstaculizar investigaciones de corrupción, debilitar la democracia e instrumentalizar el aparato penal contra adversarios políticos. Estados Unidos (EE. UU.), Canadá y la Unión Europea (UE) sumaron restricciones migratorias, sanciones financieras y señalamientos públicos. Esa fue una geometría poco frecuente: la presión exterior coincidió con una voluntad democrática local que ya había hablado en las urnas y en las calles.
La pregunta incómoda viaja con nosotros. Hay otra geometría asomando en el continente: la que convierte el comercio en coerción y el arancel en argumento diplomático. En abril, un análisis describió la llamada Gran América del Norte como un perímetro que va de Groenlandia a Ecuador y en el que Washington marca condiciones y ritmos mediante aranceles, incentivos y regulaciones. El contraste enseña algo. Una sanción contra una funcionaria acusada de proteger redes de impunidad no es lo mismo que un arancel cobrado para forzar concesiones migratorias o geopolíticas. Pero tampoco pertenecen a universos enteramente ajenos. La asimetría existe en ambos casos. Lo que separa la presión democrática de la presión imperial no es solo el método: es la causa, la rendición de cuentas de quien la ejerce y, sobre todo, su coincidencia con lo que el pueblo afectado pidió primero.
El nombre que ocupa ahora el centro del relato es Gabriel Estuardo García Luna, nombrado por Arévalo el 5 de mayo y llamado a tomar posesión el 17. Abogado y notario; licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, maestro en Derecho Penal, con estudios avanzados; exjuez, catedrático universitario, integrante suplente de la Junta de Disciplina Judicial y asesor penal en la Procuraduría General de la Nación (PGN). Su carrera comenzó dentro del Organismo Judicial. Su perfil no es el del héroe anunciado, sino el de un técnico que conoce el sistema desde adentro. Esa es una ventaja si la acompaña la valentía; puede ser una trampa si se vuelve complacencia.
La Comisión de Postulación, integrada por la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, los decanos de las facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y la presidencia del Tribunal de Honor de ese colegio, revisó al menos cuarenta y ocho expedientes y cerró una nómina de seis. La etapa de impugnaciones concluyó el 5 de mayo sin objeciones formales. Lo que sigue es la prueba. Y recobrar la Fiscalía no significa declararla pura: significa devolverla a su obligación más austera, que es responder ante la ley, ante las víctimas y ante un país.
Cinco prioridades, entonces, para los primeros cien días. No como lista burocrática, sino como programa ético escrito a mano en la primera hoja del cuaderno.
Primera. Auditoría integral del legado Porras. No solo nóminas y presupuesto: contratos vigentes, ascensos de los últimos veinticuatro meses, rotación de fiscales, asignación de casos sensibles, criterios de archivo, cadena de custodia documental y comunicaciones internas que puedan auditarse conforme a la ley. Una auditoría que sepa distinguir entre la herencia administrativa que debe continuar y la herencia política que debe desmontarse. No se trata de sustituir una cacería por otra. La continuidad administrativa es un valor. La continuidad de los esquemas de protección a redes ilícitas no lo es. Saber dónde se separa una de otra será la primera competencia del nuevo fiscal.
Segunda. Revisión y corrección de procesos arbitrarios. Hace falta una unidad temporal, con mandato claro, metodología pública y garantías de independencia, dedicada a revisar las causas abiertas en los últimos cinco años contra jueces, fiscales, periodistas, defensores de derechos humanos, autoridades indígenas y actores cívicos. Archivar lo que carezca de mérito. Solicitar sobreseimientos cuando corresponda. Retirar imputaciones infundadas. Reparar lo reparable. Restituir, en lo posible, las carreras truncadas. La Misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) pidió esta semana que cesen las prácticas de instrumentalización penal y criminalización indebida. Es el mismo lenguaje que llevan años usando los operadores expulsados desde la otra orilla del exilio. Esa simetría dice mucho y exige respuesta.
Tercera. Directriz interna sobre comunicación de casos en proceso. Un protocolo claro debe prohibir filtraciones selectivas, regular las conferencias de prensa, asegurar la presunción de inocencia y evitar la criminalización mediática anticipada. La justicia no se hace con titulares ni con fotografías de detenidos en cadena nacional. Se hace con expedientes que respeten al imputado tanto como a la víctima. Nadie debe ser condenado en una rueda de prensa, ni absuelto por cercanía política.
Cuarta. Transparencia y libre acceso a la información. Un portal público, actualizado y comprensible, con datos agregados por delito, etapa procesal, territorio y unidad responsable, sin comprometer investigaciones ni datos personales. Declaraciones patrimoniales obligatorias y verificables para fiscales con cargos de dirección. Protocolos auditables para responder solicitudes ciudadanas. La opacidad es donde germina la sospecha. La luz, donde empieza la cura.
Quinta. Propuestas técnicas al proceso penal. El Ministerio Público (MP) no legisla, pero puede llevar al Congreso una agenda seria de reformas: cerrar los espacios que permitieron la criminalización, revisar tipos penales de redacción amplia, limitar el uso expansivo de medidas de coerción, contener la prisión preventiva abusiva y reforzar garantías para imputados que sean operadores de justicia. La ley debe escribirse para los próximos diez años, no solo para los próximos cien días.
Lo que también pesa sobre el escritorio del nuevo fiscal no cabe en esas cinco prioridades, pero no por eso es menos urgente. La violencia contra las mujeres no puede ser una nota al margen: exige una Fiscalía fortalecida, con enfoque de género, pertinencia cultural y atención real para mujeres indígenas y rurales. Esta semana, organizaciones pidieron al fiscal designado una justicia sin exclusión. La presencia territorial también debe dejar de ser promesa: intérpretes de idiomas mayas en las sedes del altiplano, fiscalías móviles para zonas rurales, rutas de denuncia seguras y personal formado para no convertir la distancia en impunidad. La justicia que no llega al territorio no es justicia: es una puerta pintada en una pared.
Está, también, el régimen ético interno: una oficina de integridad capaz de mirarse al espejo sin parpadear. Y está la memoria: los archivos perseguidos que deben volver a casa, los expedientes del posconflicto que ya no pueden seguir esperando, las víctimas que aprendieron a desconfiar de cada ventanilla porque demasiadas veces la ventanilla fue muro.
El día después no será el final. Será la primera prueba.
Hay un detalle que importa para quienes leen desde Guatemala y quienes leemos desde el resto del continente. La Fiscalía recobrada nace bajo dos miradas exteriores que no son la misma. Una observa desde la coherencia de sanciones que tardaron años en alinearse frente a una deriva autoritaria. La otra observa desde la lógica del perímetro continental, donde la cooperación se condiciona y la negociación se convierte en presión. El nuevo fiscal deberá saber distinguirlas y dialogar con ambas sin convertirse en instrumento de ninguna. La autonomía no se declara. Se ejerce. Una decisión a la vez. Un expediente a la vez. Una negativa a obedecer lo indebido, cuando lo indebido llegue con membrete, bandera, amenaza o aplauso.
Vuelvo al cántaro. En nuestra escena de mayo, sigue ahí, sobre la mesa de madera oscura, intacto, mientras Gabriel Estuardo García Luna entra por primera vez como fiscal general a una oficina recién pintada. Afuera, en San José, la jueza apaga la radio y se queda mirando la pared. En la redacción del periódico, alguien levanta el lápiz para escribir el primer titular del día. Cuarenta y ocho meses por delante. Noventa días para empezar a poner orden. Las primeras horas ya empezaron a contar.
El día después no será el final. Será la primera prueba. Y la prueba se medirá en lo que se haga cuando nadie esté mirando, cuando el cántaro siga lleno, cuando el agua todavía no se haya derramado.
