La Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia de amparo planteado por la defensa del exfiscal anticorrupción Stuardo Campo y mantuvo vigente la prisión preventiva ordenada por el Juzgado Décimo Penal desde diciembre de 2023.
Por Alexander Valdéz
La Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió la sentencia de amparo (998-2024) promovido por la defensa del exfiscal anticorrupción Stuardo Campo. El objetivo era dejar sin efecto las resoluciones emitidas por la Sala Primera de Apelaciones y el juez Víctor Cruz, quienes ordenaron que el exfiscal permanezca en prisión preventiva, el único caso que lo mantiene encarcelado desde la gestión de Consuelo Porras en el Ministerio Público (MP).
El fallo fue emitido pese a que, en un primer proceso, el Tribunal Décimo en 2025 absolvió a Campo por falta de pruebas presentadas por el MP y ordenó su libertad inmediata bajo medidas sustitutivas, al considerar que no existía peligro de fuga ni riesgo de obstaculizar la investigación. Aun así, el exfiscal continúa enfrentando otro proceso encarcelado.
La defensa del exfiscal ya impugnó la resolución de la Cámara de Amparo y presentó una apelación ante la Corte de Constitucionalidad (CC). Ahora serán los magistrados de ese tribunal quienes deberán decidir si mantienen, revocan o modifican la resolución que sostiene la prisión preventiva de Campo.
De no resolverse esa apelación antes de la etapa intermedia, también existe la posibilidad de que el juez Víctor Cruz determine cerrar la investigación y ordenar la libertad del exfiscal. Sin embargo, el avance de la etapa intermedia se ha retrasado debido a múltiples suspensiones.
La Cámara de Amparo y Antejuicio es una de las instancias clave dentro del Organismo Judicial (OJ), allí deben revisarse casos como este. Desde el comienzo de la actual magistratura ha estado controlada por los magistrados Carlos Ramiro Contreras, Igmáin Galicia Pimentel y Clemen Vanessa Juárez, parte del bloque dominante dentro de la CSJ.
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¿Un retraso malicioso?
Luego de haber sido absuelto en el primer caso conocido como “Alfa 7”, el exfiscal anticorrupción aún debía resolver su situación legal en otros dos expedientes abiertos en su contra. En uno de esos procesos (Caso Zolic) ya se encontraba ligado a proceso penal por los delitos de denegación de justicia e incumplimiento de deberes.
Ese caso avanzó hacia la etapa intermedia en enero con el juez Víctor Cruz del Juzgado Décimo Penal, aunque con varios retrasos previos. La audiencia comenzó formalmente y debía servir para determinar si existían elementos suficientes para enviar a juicio al exfiscal o cerrar el proceso.
Sin embargo, desde enero el juez Cruz ha postergado en varias ocasiones la conclusión de la etapa intermedia, lo que ha impedido definir si Campo enfrentará debate oral y público. Mientras el proceso continúa sin una resolución definitiva, la prisión preventiva contra el exfiscal se ha extendido.
Investigó corrupción
El exfiscal Stuardo Campo estuvo al frente de distintas fiscalías dentro del Ministerio Público. Durante su paso por la Fiscalía contra la Corrupción impulsó investigaciones como el caso Libramiento de Chimaltenango, expedientes de corrupción en el Ministerio de Cultura y Deportes, irregularidades durante la pandemia, anomalías en la Contraloría General de Cuentas, procesos contra Mynor Moto, casos en el INSIVUMEH, el Instituto de la Víctima y pesquisas relacionadas con el expresidente Jimmy Morales, entre otros.
El 17 de abril de 2021, la entonces fiscal general Consuelo Porras lo trasladó de la Fiscalía contra la Corrupción hacia la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. Después de ese cambio, algunos expedientes de alto impacto, como el que vinculaba a Alejandra Carrillo, dejaron de registrar avances relevantes.
Campo tampoco fue el único integrante de esa unidad que terminó detenido y procesado. Su excompañero Eduardo Pantaleón, quien participó en investigaciones que alcanzaron a exfuncionarios de Estado, también fue capturado y posteriormente suspendido de su cargo.
Durante la administración de Porras no se conocieron investigaciones de corrupción que involucraran a altos funcionarios de gobierno, pese a la existencia de denuncias públicas. En contraste, distintas organizaciones y actores nacionales e internacionales cuestionaron que el MP concentrara acciones contra exfiscales y operadores de justicia que investigaron casos de corrupción en administraciones anteriores y en el gobierno de Alejandro Giammattei.
Con la llegada de Gabriel García Luna al MP, la defensa de Stuardo Campo y sociedad civil mantienen la esperanza de que cesen las acciones de persecución penal y el encarcelamiento contra el exfiscal y otros actores como las exautoridades de los 48 Cantones.
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