El ente internacional considera que la llegada de García Luna abre una oportunidad para recuperar la independencia institucional y fortalecer el Estado de derecho. El organismo también pidió garantizar su toma de posesión sin interferencias y advirtió que continúan las prácticas de criminalización y persecución política en el país.
Por Alexander Valdéz
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su reconocimiento a la designación de Gabriel García Luna como fiscal general del Ministerio Público (MP), por medio de un comunicado e indicó que esto representa una oportunidad para fortalecer el estado de Derecho en Guatemala y recuperar la institución. La CIDH pidió al Estado garantizar la toma de posesión de Luna el próximo domingo, sin interferencias externas.
La CIDH resaltó que el proceso de renovación del MP ocurrió en un contexto marcado por la criminalización y las injerencias indebidas. Según señalan, persiste la instrumentalización del derecho penal con fines políticos, especialmente contra periodistas, personas defensoras de derechos humanos, dirigentes indígenas y operadores de justicia considerados incómodos para estructuras de poder.
En el comunicado emitido con la declaración, recordó que en su informe sobre la situación de derechos humanos en Guatemala concluyó que el MP se apartó de su mandato constitucional al ejercer la acción penal de manera selectiva y sin independencia.
Además, advirtió que durante 2025 y 2026 continuaron las denuncias infundadas, el uso abusivo de la prisión preventiva y procesos bajo delitos considerados desproporcionados, así como campañas de difamación y hostigamiento digital.
“Asimismo, insta a garantizar su toma de posesión en el plazo previsto y conforme al ordenamiento nacional. La CIDH observa que el proceso de renovación de la máxima autoridad del Ministerio Público tuvo lugar en un escenario marcado por injerencias indebidas y la persistencia de la criminalización en el país. En ese contexto, considera que este nombramiento representa una oportunidad para fortalecer el Estado de derecho mediante el restablecimiento de las garantías de independencia y autonomía del MP”, indicó.
La CIDH también hizo referencia a casos recientes que considera emblemáticos, entre ellos las denuncias promovidas por la Fundación contra el Terrorismo contra integrantes de la Comisión de Postulación, la persecución contra exdirigentes de los 48 Cantones y las investigaciones vinculadas al caso “Corrupción Semilla”. Finalmente, el organismo internacional expresó su disposición de brindar cooperación técnica a la nueva administración del MP para contribuir a la recuperación de la autonomía institucional y la confianza pública en el sistema de justicia.
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Gabriel Estuardo García Luna debe asumir el cargo de fiscal general el próximo 17 de mayo, en medio de acciones legales promovidas para intentar frenar su llegada al Ministerio Público (MP). Los amparos han sido respaldados por actores vinculados a la Fundación contra el Terrorismo y por cuentas anónimas conocidas como “Netcenters”, desde donde se ha impulsado la narrativa de una posible suspensión de la designación realizada por el presidente Bernardo Arévalo.
El relevo en la Fiscalía General ocurrirá en un contexto marcado por denuncias de criminalización, el debilitamiento de la carrera fiscal, la pérdida de independencia de fiscales y las destituciones de personal en fiscalías clave como la Fiscalía de Derechos Humanos, la Fiscalía contra la Corrupción y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
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