A pocos días de que finalice el periodo de Consuelo Porras como fiscal general del Ministerio Público, personal de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio de la Nación, se ausentaron en la audiencia de etapa intermedia en el caso Toma USAC, uno de los casos emblemáticos impulsado por la gestión de Porras que provocó la persecución de estudiantes, docentes, personal administrativo y varias personas que tuvieron que salir al exilio.
Por Simón Antonio Ramón
La ausencia del personal de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio de la Nación del Ministerio Público (MP) provocó la suspensión de la audiencia de etapa intermedia en contra de los estudiantes Pedro Ros y Christopher Morales estudiantes de la Facultad de Agronomía y del abogado de derechos humanos Ramón Cadena, criminalizados por la protesta estudiantil en contra del fraude electoral de Walter Mazariegos en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) en 2022.
La audiencia del caso denominado Toma USAC: Botín Político, estaba programada para este lunes 11 de mayo a las 12:00 horas en el Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal bajo la dirección del juez A, Víctor Cruz, pero se suspendió debido a la ausencia de los integrantes del Ministerio Público bajo el mando del fiscal Ángel Saúl Sánchez.
“Se suspende la presente audiencia por incomparecencia del Ministerio Públicó”, se apuntó en la constancia que fue entregada a las partes. La audiencia fue programada el 19 de agosto a las 13:00 horas, en donde se decidirá si son enviados a juicio oral y público.
Un proceso marcado por litigio malicioso
El abogado Ramón Cadena calificó como arbitraria la ausencia de la fiscalía en la audiencia, una práctica común de los casos de criminalización. “Es parte de la incapacidad del Ministerio Público y de la fiscal general de no asistir a la audiencia, me parece una barbaridad con nosotros las víctimas que tenemos que venir de lejos, es arbitrario y el Ministerio Público debió haber estado aquí”, señaló.
Pedro Ros denunció que la ausencia del MP se ha repetido en audiencias de otras personas criminalizadas de este caso como otra característica de un litigio malicioso. “Lamentablemente es algo común con los demás compañeras y compañeros del caso Toma USAC, solo esperamos que muy pronto podamos retomar nuestros derechos totales y la criminalización cese”, dijo el estudiante.
Christopher Morales, también estudiante de la Facultad de Agronomía, denunció que las pruebas que han presentado a su favor fueron rechazadas por el juzgado. “Entre las pruebas no nos aceptaron muchos peritajes, tampoco nos aceptaron muchos documentos de testigos ni personas que pudieran declarar. Ahora que están las pruebas en manos del juez, esperamos que actúe objetivamente de acuerdo a lo que hay”, aseguró.
Se solicitó una audiencia ahora en mayo para que el juez reconsidere incorporar las pruebas presentadas. “Hay una audiencia individual el día 28 para poder solicitar que se puedan integrar los peritajes necesarios y las pruebas que la defensa tiene. En realidad, desde el momento que nos presentamos voluntariamente, hemos presentado nuestras pruebas, sin embargo, no nos dejan defendernos”, dijo Christopher Morales.
El caso Toma USAC
El caso inició el 16 de noviembre de 2023 cuando fueron detenidos Eduardo Velásquez, Rodolfo Chang, Alfredo Beber, Javier De León, Marcela Blanco y días después a Jorge Macario. A la fecha hay 24 personas ligadas a proceso por este caso, y la mayoría de las audiencias que han sido suspendidas han sido por decisión del juzgado o ausencia de la fiscalía.
Pedro Ros y Christopher Morales, llaman al próximo fiscal general Gabriel García Luna, a investigar las denuncias contra Walter Mazariegos por fraude electoral en la única universidad pública del país.
“Hacemos un llamado al nuevo fiscal general porque nosotros hemos lidiado con la criminalización, expulsión y exilio, hemos dejado nuestros proyectos de vida estancado en este proceso de criminalización por lo que le solicitamos se pueda priorizar todas las denuncias en contra del usurpador y en contra de sus cómplices, actualmente el Consejo Superior Universitario que siguen tomando decisiones ilegales”, señaló Ros.
Morales agregó que el Ministerio Público acusó a los estudiantes de cometer actos ilegales, mientras no investigó el fraude electoral de 2022. “Actualmente la universidad está pasando el ciclo que vivimos hace cuatro años, nos acusan de usurpación agravada, pero no se habla de que lo que hubo hace cuatro años fue un fraude y se está repitiendo ahorita”, señaló el estudiante.
Cadena pide al próximo fiscal cesar los actos de criminalización. “Pedirle que el Ministerio Público cambie, que deje de actuar en forma arbitraria y que en este caso, que García Luna considere que los muchachos de la universidad no son delincuentes”, aseguró el abogado.
En el oficio entregado a las partes, el abogado en representación de la USAC es Guillermo Alfredo Hernández; sin embargo, los abogados defensores indicaron que Billy Herrera Arita, señalado de negociar votos en la elección de magistrados en 2020 y acusado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), se presentó ahora como representante de la universidad pública.
Ros y Morales fueron ligados a proceso el 17 de noviembre de 2025 por los delitos de usurpación agravada y depredación de bienes culturales; mientras, Ramón Cadena fue ligado a proceso el 20 de noviembre bajo los mismo delitos. El próximo 19 de agosto se sabrá si enfrentan juicio oral y público por el caso.
