De 33 expedientes evaluados, por el momento, Consuelo Porras obtuvo la nota de 92.33 puntos, convirtiéndose en el puntaje más alto a falta de hacer la revisión de otros expedientes. Porras fue la que más tachas recibió de la sociedad civil.
Por Alexander Valdéz
En el último día de evaluación de aspirantes a dirigir el Ministerio Público (MP), la fiscal general Consuelo Porras, la más señalada por sociedad civil con 33 impedimentos y con sanciones internacionales por corrupción en 40 países, se posiciona como la mejor calificación otorgada por la Comisión Postuladora, que por mayoría respaldó concederle 92.33 puntos.
En su evaluación obtuvo 24 puntos por su formación académica y 60 por su experiencia profesional; dentro de este último se suma la entrevista, con 6.33 puntos. Además, recibió 2 puntos en proyección humana. 13 comisionados apoyaron esa nota, mientras que Luis Ruano, decano de la Universidad Mariano Gálvez, se abstuvo de votar y Patricia Gámez, representante del CANG, se expresó en contra. Según ella, existen dudas en la tesis de doctorado, por eso no se le debió otorgar la totalidad de la nota.
“La razón de mi voto se debe a la objeción razonada que se presentó con relación al tema de la tesis doctoral que le pudo dar el acceso a un doctorado en circunstancias cuestionables. Es la razón por la que no aprobé la votación en ese sentido”, dijo Gámez a sus demás colegas.
Esa nota la posiciona como la más alta y, además, es la sexta abogada elegible para integrar la nómina final de aspirantes que se debe integrar y que se presentará al presidente Bernardo Arévalo, quien tendrá la última palabra para designar al relevo de Porras.
Al cierre de esta nota, había 33 expedientes evaluados y aún pendientes de revisar otras postulaciones como la de Marco Antonio Villeda, Ronalth Ochaeta, y Julio Saavedra, cercanos al Ejecutivo. También, Julio Clavería, César Payes, Eliseo Quiñonez y Miguel Ávila, estos últimos tres son actores cercanos a Porras y la han acompañado durante su gestión.
Por ahora la línea de corte está definida en 75 y solo seis la han superado. Al concluir la evaluación de expedientes, si no se tiene a 12 personas con notas que superen ese criterio se podría bajar el total del mínimo para incluir a otros aspirantes e iniciar la votación final e integración de la nómina.
En el proceso de 2022 la nota de corte se bajó de 75 a 60 puntos.
Una vez se concluya esta fase de calificación, la postuladora empezará a votar por cada uno de los elegibles y de esa cuenta integrará el listado final. La fecha prevista en el calendario de la postuladora para elaborar la nómina es este 17 de abril.
Acá otra nota que puedes leer:
Plagio de tesis
Desde 2022 Porras fue señalada de plagiar su tesis doctoral. Fue el abogado Marco Vinicio Mejía quien presentó una objeción contra Porras, a quien acusó de plagiar la tesis de licenciatura de Ramírez Choc, para poder obtener el grado.
En esa ocasión se reveló que Porras envió un oficio a la Comisión Postuladora, exigiendo que se abstuvieran de hacer una revisión de su tesis. De hecho, pese a ese señalamiento ella logró pasar el filtro final y el presidente Alejandro Giammattei la reeligiera.
Una revisión que hizo el medio Plaza Pública mostró que el 98% de los párrafos de su tesis doctoral en Derecho coinciden en un 51%, de forma literal o por parafraseo, con la tesis de licenciatura del fallecido abogado Benigno Ramírez Choc.
Los elegibles hasta ahora
En la primera jornada, tres aspirantes superaron la nota mínima de 75 puntos, mientras que en la segunda lo hicieron dos más, sumando hasta el miércoles cinco candidatos que siguen en el proceso. Quienes alcancen este puntaje podrán optar a integrar la nómina final de seis aspirantes que será enviada al presidente Arévalo.
Entre los aspirantes mejor calificados aparecen Brenda Dery Muñoz (90.86 puntos), y exfiscal; Gabriel García Luna (86.21), con experiencia en la Junta de Disciplina Judicial; y Néctor de León (79.69), exmagistrado de Sala. También avanzaron José Manuel Quinto (79), abogado defensor en casos de narcotráfico y secuestro, y Henry Elías Wilson (76.85), exmagistrado señalado en el caso Comisiones Paralelas 2020.
Proceso avanza entre incertidumbre
El proceso de elección del fiscal general avanza en un entorno de incertidumbre, marcado por al menos tres amparos que amenazan el trabajo de la postuladora. Estas acciones legales, planteadas ante la Corte de Constitucionalidad y una Sala de Apelaciones, podrían incidir directamente en las reglas del juego y en la participación de algunos aspirantes que se desempeñan o han desempeñado como jueces.
Entre los posibles efectos de estos amparos se encuentra la exclusión de perfiles como el juez Marco Antonio Villeda, así como la modificación de los criterios de calificación, porque se restaría puntos en el rubro de experiencia profesional a candidatos que han dirigido algún juzgado. Uno de los motivos es que no se les considera abogados por no ejercer en el ámbito privado. Pero, para poder ejercer como juez, uno de los requisitos que establece la ley es que deben ser abogados o abogadas.
Acá otra nota que puedes leer:
