El cierre de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) comenzó el 25 de marzo, cuando en nombre de la centenaria Huelga de Dolores, un grupo de “encapuchados” cerró el campus central en la zona 12. Se afirmó que las autoridades universitarias habían comenzado un diálogo con los responsables para reabrir las instalaciones universitarias, pero sin avances. No obstante, el mismo día, el Consejo Superior Universitario (CSU) suspendió por cuatro meses las actividades presenciales en las unidades académicas y administrativas por un proyecto arqueológico en el área. Desde esa fecha hasta el 7 de abril último, los “encapuchados” permanecieron en las instalaciones sin que interviniera para su desalojo, la Policía o la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación. Lo contradictorio del caso, es que pese al cierre de las instalaciones, los protestantes, facilitaron la reunión del CSU en las oficinas de la Rectoría (en la que se desacreditaron cuerpos electorales que favorecían a Rodolfo Chang) y fueron el grupo de choque que se enfrentó al estudiantado tras la fraudulenta reelección de Mazariegos. ¿Coincidencia?
Por Claudia Méndez Villaseñor
Walter Mazariegos se reeligió como “rector” de la USAC con un fraude anunciado. Cerró el campus central de la zona 12 con el apoyo de grupos de choque y de investigaciones arqueológicas (respaldadas por el Gobierno Central) para urdir con “sutileza” la manera de quitar del medio a Rodolfo Chang, virtual ganador de la Rectoría. Las protestas para reabrir los portones universitarios y frente al hotel antigüeño Casa Santo Domingo, del 7 y 8 de abril, respondían a la demanda del estudiantado sobre la transparencia y legalidad del proceso, pero, tanto en la zona 12 como en La Antigua Guatemala, estudiantes, legisladores y ciudadanos inconformes con la autoelección de Mazariegos fueron blanco de agresiones, amenazas, incluso de disparos al aire. Esos grupos de choque quedaron fuera de las investigaciones de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación. ¿La balanza de la justicia se inclina a favor de tan oscuros personajes? ¿Por qué el MP no actuó de oficio entonces, pero ahora sí avanza en una cacería de brujas?
Las jornadas de vigilia y protesta de estudiantes de la USAC contra el proceso ilegítimo y opaco definido por el Consejo Superior Universitario (CSU), condicional a Walter Mazariegos, y las actuaciones violentas de grupos de choque revelaron cómo actores del sistema judicial del país inclinan a conveniencia la balanza de la justicia. Desde el pasado 25 de marzo, cuando “encapuchados” tomaron el campus central universitario de la zona 12, prevaleció la falta de acciones policiales y de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, del Ministerio Público (MP).
Igual ocurrió el 7 y 8 de abril. Hubo presencia de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de antimotines, pero dieron la espalda a los agresores y respaldaron sus acciones. Hubo disparos al aire, le recordó José Chic, diputado del bloque legislativo Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) a jefes policiales que acudieron a una citación en el Congreso de la República, el pasado 9 de abril.
El congresista preguntó a los jefes policiales y representantes de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos, que acudieron a la citación, si se habían perfilado a personas que vestidas de negro se encontraban dentro de la USAC y que fueron identificadas en redes sociales. “Usted ya lo identificó, porque se le puede ver la cara desde el día 6 (de abril) ya lo tienen perfilado?”, cuestionó.
“Necesito saber quién aparece allí (se trata de un hombre vestido de negro y gorro pasamontañas de sobre sobresalen sus gafas. Porta un palo y se observa con claridad que ataca a los estudiantes que intentaban abrir las puertas), es uno de los responsables y de los sospechosos de esto qué pasó, material o intelectualmente”, señaló.
Chic también preguntó a los presentes, si los agentes policiales detuvieron a personas de los grupos de choque, en la protesta frente a los portones de la USAC y el hotel antigüeño del pasado 7 y 8 de abril, pero recibió un “no” como respuesta. “Los estudiantes entregaron a la Policía a una persona qué pasó con él”, dijo el diputado y le contestaron con una respuesta esquiva: “Lo estaremos verificando”. “Comisario, disculpe, usted no puede venir así y decir que va a verificar qué pasó con alguien qué usted se llevó”, indicó Chic.
En las confrontaciones que sucedieron luego de que se conociera el autonombramiento de Mazariegos en la Rectoría, afuera del hotel Casa Santo Domingo, el legislador de VOS otra vez cuestionó a los jefes policiales por su falta de acción frente a un hombre que disparó al aire desde esas instalaciones. “Por qué no dieron la orden de hacer algo y de irlo a detener. Allí incluso usted sí debió tocar la puerta del hotel para pedir permiso y entrar a sacarlo. Porque disparó al aire. Agradezca que disparó al aire, porque si hubiera disparado a alguien se lo vuela desde esa área y distancia en donde estaba. Había un Estado de Prevención que les permitía a ustedes sacar a este sujeto que puso en riesgo la vida de cientos de personas, incluidos agentes policiales”, confrontó. En el video que Chic presentó como evidencia se observa un cerco agentes policiacos que resguardaba la puerta principal del hotel al momento de los disparos. “Quiero el nombre de la persona que disparó, ¿Cómo se llama? ¿No lo identificó?, se indignó el diputado. Un jefe de la PNC aseguró que no se encontraba en el lugar al momento del incidente.
El legislador reiteró la pregunta sobre cuántas personas identificadas con palos y garrotes; mascarillas negras y gorros pasamontaña había identificado la PNC y le contestaron que tampoco. “Ninguno de ellos los tenemos identificados. Las fotografías hasta ahora las estoy viendo”, aseguró otro jefe policiaco que se presentó en esta citación.
Para Chic resultó contradictorio el actuar de la Policía en Sacatepéquez y la capital cuando está vigente un Estado de Prevención, ¿sino de qué sirve”. Les mostró otras fotografías de los grupos de choque vestidos de negro y con actitud amenazante. “Usted tenía que haber contemplado todas esas vicisitudes en un evento que usted sabía que iba a ser masivo y confrontativo. Alguien dio la orden para que no se accionara y no se hiciera nada en favor de las personas y que los ataques y agresiones o lo que les ocurriera quede en la impunidad”, agregó.
La inacción de la Policía ¿justificada?
En un comunicado del 6 de abril, el Gobierno de Guatemala, se refirió a que según el artículo 82 de la Constitución de la República, la USAC goza de autonomía, la que obliga a los organismos de Estado, incluido el Ejecutivo, a respetar plenamente ese ámbito de autogobierno. “Sin embargo, ello no implica que tales procesos (las elecciones universitarias) puedan llevarse a cabo burlando los principios democráticos que sustentan el gobierno de la universidad estatal. En ese comunicado también se aseguró un respaldo a la lucha por la legalidad y la legitimidad de la integración de los cuerpos electorales y que desde el Ejecutivo se tomarían las medidas necesarias para “asegurar la seguridad y el orden durante dichos procesos”, así mismo se afirmó que se “estaría atento a mantener la paz y la garantía de derecho a la manifestación pacífica”.
Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación aseguró el 8 de abril (el día que se autoproclamó Mazariegos “rector” de la USAC) que se mantendrían dispositivos de seguridad con la finalidad de resguardar el derecho de manifestación pacífica y proteger a los estudiantes y los ciudadanos, así como para evitar cualquier hecho de violencia. “Hemos instruido a la PNC para que actúe con responsabilidad, prudencia y estricto apego al marco legal. Estamos velando por que la violencia y los intereses ocultos no prevalezcan. La Policía actúa dentro del marco de la ley y no puede irrumpir en propiedad privada sin orden judicial. Respetar esos límites no es inacción, sus competencias están claramente delimitadas por el ordenamiento legal”, afirmó el funcionario Aseguró en esa publicación que la Policía está del lado “correcto”. “Cumple con su deber de proteger a la comunidad universitaria y a los ciudadanos”.
La carta del Patrimonio Cultural de la Nación
Contraria a inacción de la PNC frente a los grupos de choque que cerraron el campus central de la USAC desde el 25 de marzo y confrontaron con violencia las protestas del 7 y 8 de abril, en contra del fraude en las votaciones, el MP accionó, por medio de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, en contra de los estudiantes que lograron abrir las puertas del campus central universitario.
El pasado 7 de abril, mediante el oficio MPE01-2026-22925 dicha Fiscalía se dirigió al director de la Policía con el propósito de que de manera “urgente” se designara a por los menos tres equipos de investigadores identificaran con nombres y apellidos; obtuvieran la dirección de los involucrados que “tiraron el portón de acceso por el Periférico” y el vehículo que se utilizó con ese fin, entre otras diligencias. En el documento se justificaron las acciones dado que la USAC tiene categoría de Patrimonio Cultural y goza de protección legal del Estado de Guatemala.
Un allanamiento de la Fiscalía se realizó el 9 de abril, con el respaldo de las autoridades de la USAC, sin orden de juez competente, según el ministro de Gobernación. En un desafiante comunicado, de ese día, el MP manifestó “que las acciones se realizaron con el fin de inspeccionar lugares afectados y recolectar indicios. Resulta preocupante que se ignore lo regulado en el artículo 193 del Código Procesal Penal en el cual se establece que en edificios públicos o administrativos se puede prescindir de una orden de allanamiento contando con el consentimiento de las personas a cargo o de su superior jerárquico”. ¿Mazariegos respaldó esas diligencias?
“Por lo tanto, carece de fundamento lo expresado por el ministro de Gobernación al condicionar el apoyo de las fuerzas públicas a una orden de juez, toda vez que la ley faculta el ingreso bajo las condiciones ya descritas y debidamente autorizadas por las autoridades universitarias”. ¿Mazariegos dio el permiso al MP?
En horas de la tarde del 9 de abril, la USAC publicó en redes sociales que autoridades de las direcciones de Asuntos Jurídicos, Auditoría Interna y General de Administración acompañaron a agentes del MP y de la Policía dentro del complejo universitario, al cual no tuvo acceso el estudiantado que protestó el pasado 7 de abril frente a las puertas de ingreso. En ese video se mostró que la comitiva ingresó a la Rectoría y otros edificios de la USAC. También verificaron el suministro de agua entubada y de fluido eléctrico. No se reflejaron daños en jardines, solo en las puertas.
En todo caso, se evidenció que por ejemplo, el 7 de abril, los “encapuchados” que tomaron el campus central de la USAC, desde el pasado 25 de marzo, salieron impunes por la puerta de ingreso sobre la avenida Petapa, cuando se derribaron los portones. Ninguna autoridad se encontró en esa área para evitar su escape. ¿A la Fiscalía no le interesa que se identifiquen a estas personas que atacaron con gases lacrimógenos, piedras y palos a los estudiantes?, ¿tampoco le interesa que de cuentas el hombre que disparó desde el interior de Casa Santo Domingo contra los manifestantes?
La carta de Patrimonio Cultural se utilizó en uno de los casos y ahora, la de edificio público. ¿Cuánto más tiene que retorcer la ley Mazariegos para mantenerse en el poder?, ¿No es demasiado?
