Mientras Consuelo Porras ingresaba a la Sala de Vistas del Palacio de Justicia para presentar su plan, buscando un tercer periodo de gestión al frente del Ministerio Público, autoridades indígenas se levantaron y le dieron la espalda. “Para nosotros Consuelo Porras no merece respeto, ella ya perdió la credibilidad”, dijo Feliciana Macario, de la Plataforma Nacional de Víctimas, que estuvo presente durante la jornada.
Por Regina Pérez
Fue una protesta silenciosa. La sala de vistas del Palacio de Justicia de la Corte Suprema de Justicia estaba llena de autoridades indígenas de varios territorios, observadores y periodistas que esperaban el ingreso de Consuelo Porras, la actual fiscal general. Este 9 de abril, llegó para presentar su plan de trabajo. Apenas ingresó a la sala, las autoridades indígenas y otros integrantes de la sociedad civil se pararon y le dieron la espalda en señal de rechazo a su gestión.
Era la candidata más esperada de este jueves en la sala de vistas, la número 7 de la lista de 12 personas a las que la Comisión de Postulación entrevistó esta jornada.
Al inicio de la sesión, la secretaria de la Comisión advirtió que quienes ingresarán a la sesión deberían permanecer de manera respetuosa y en silencio, sin adoptar comportamientos intimidatorios, provocativos ni producir disturbios o manifestar de cualquier modo opiniones o sentimientos.
Porras entró a paso rápido y comenzó a exponer su plan de trabajo. Hizo una reseña de lo que llamó una transformación del Ministerio Público (MP), institución que dirigió por 8 años.
Consuelo Porras expone ante la Comisión de Postulación. Foto: Regina Pérez
Entre sus logros destacó la cobertura institucional en 340 municipios, una implementación que ha sido criticada por otros candidatos que buscan llegar al puesto, señalando que a pesar de ello la justicia no llega a las personas que lo necesitan; las agencias especializadas existentes y las certificaciones internacionales.
Porras, quien desde su gestión ha iniciado procesos de criminalización contra defensores de derechos humanos, operadores de justicia, periodistas y autoridades indígenas, resaltó que el MP logró una reducción de mora de los casos en un 99.7 por ciento y un 98 de resolución de los casos nuevos. La satisfacción de usuarios del MP, añadió, es de un 95 por ciento. Según dijo, la resolución de los casos es de menos de dos meses.
Sin embargo, nada de esto tiene credibilidad ante la población especialmente las autoridades indígenas y la sociedad civil que han señalado las acciones de criminalización desde el MP.
Cuestionan la desestimación y la reserva de los casos
Durante la fase de entrevistas hubo algunas preguntas de los comisionados que respondió, como en otras ocasiones, con evasivas.
La comisionada Alicia Franco le preguntó si pese a los cuestionamientos y rechazo social a su gestión, reunía las condiciones para continuar en el cargo. Porras respondió que las personas que son investigadas jamás van a estar de acuerdo con la actuación del MP.
dijo ser muy criticada “porque no tengo ninguna selección en mi actuación, sino que mi actuación ha sido regida por las leyes del país sin distinguir ningún sector, todos están sometidos al mismo tratamiento”.
El decano Luis Aragón, de la Universidad Francisco Marroquín, le preguntó su postura sobre el mal uso de la desestimación de los casos en su gestión, para demostrar eficiencia en la resolución de los casos.
Porras respondió que ahora cuentan con equipos específicos para delitos graves, menos graves, viejos y nuevos. “Después de realizar la investigación, cada fiscal concluye en que si hay o no hay mérito para poder judicializar el caso o simplemente no hay investigación”, dijo.
Autoridades indígenas le dan la espalda a Porras mientras expone su plan de trabajo. Foto Regina Pérez
“La misma ley nos faculta a tomar las salidas que se consideren importantes, pero lo más relevante de la actuación del MP es que nosotros estamos sometidos a controles judiciales, por cuanto que son los jueces los que van a garantizar que lo que se judicialice tenga el método de realizarse, el MP no trabaja de manera independiente”, justificó.
El informe “Eficacia o Impunidad, el desempeño del Ministerio Público durante la gestión de Consuelo Porras 2028-2025”, del Instituto Comparado en Ciencias Penales (INECIP) de Argentina, señala al MP de Porras de manipular datos al computar como “casos resueltos” o “gestionados” las desestimaciones y los archivos, inflando artificialmente sus tasas de eficiencia anual.
“Existe un uso masivo de las desestimaciones y archivos de casos. En el periodo 2024-2025 se desestimó el 74.4 % y se archivó el 27.69 % de los casos que ingresaron en la institución”, se lee en el informe publicado en 2025.
Por aparte, Luis Felipe Lepe, decano de la de la Universidad Regional, le preguntó qué acciones o políticas harían diferente una nueva gestión bajo su mando. “Era importante hacer la reseña del fortalecimiento del MP, por cuanto que la nueva gestión sería un seguimiento a todo lo implementado, todo está instalado, tenemos toda la capacidad y la infraestructura”, respondió.
Finalmente, Nery Leonel Anleu, decano de la Universidad Mesoamericana, le preguntó si existen criterios unificados sobre los casos que se declaran en reserva.
“No es criterio, son realmente mandatos legales, por cuanto que el artículo 314 del Código Procesal Penal establece que la reserva de todos los casos de investigación es ajena para todos los extraños, sólo los que son sujetos procesales dentro de la investigación van a tener acceso a las actuaciones”, dijo. Agregó que algunos jueces aceptan una petición de reserva para garantizar que no se dé la fuga de los sindicados o que no obstaculicen la averiguación de la verdad.
Autoridades indígenas ofrecen una rueda de prensa tras la entrevista de Consuelo Porras, cuya postulación rechazan. Foto: Regina Pérez
La reserva de los casos es una práctica que se ha generalizado en la administración de Consuelo Porras sobre todo en casos mediáticos donde a veces ni siquiera las víctimas pueden tener acceso al expediente. Esto ha sido denunciado por organizaciones internacionales como Cristosal y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que recibió información en su visita a Guatemala en 2024 sobre sobre el uso indebido y recurrente de la figura de la “reserva judicial” para impedir el acceso a expedientes de la defensa legal y restringir el acceso a las audiencias tanto a la prensa como a observadores independientes.
“Consuelo Porras no merece respeto”
Al concluir la entrevista, las autoridades indígenas y otros activistas manifestaron las razones por las que le dieron la espalda a la fiscal general, mientras exponía.
La fiscal general ha negado justicia para las víctimas, ha obstaculizado investigaciones como el caso CREOMPAZ, por lo que para nosotros Consuelo Porras es una persona que no merece respeto, ella perdió la credibilidad de la ciudadanía, que se de cuenta que ya no la queremos, dijo Feliciana Macario, de la Plataforma Nacional de Víctimas.
En tanto Milvian Aspuac, del Consejo de Autoridades Ancestrales y Custodios del Título del pueblo de Santiago Sacatepéquez, señaló que no creen en lo que Porras dice porque ya es conocida por su falta de objetividad y de realizar una persecución penal selectiva.
“Ha perseguido, criminalizado a autoridades indígenas, a actores sociales, a la prensa, a jueces, que tratan de hacer su trabajo con objetividad, no creemos en ninguna de sus palabras, por lo tanto, estar de espaldas es rechazar, no solo lo que dice, sino todo su actuar y que no queremos que se reelija para un nuevo periodo”.
Al salir del recinto, Porras fue abordada por la prensa, aunque al principio fue renuente, aceptó contestar algunas preguntas. Fue consultada por qué mandó a investigar a estudiantes de la Universidad de San Carlos en lugar de investigar el nuevo fraude electoral cometido por Walter Mazariegos.
“Usted no puede asegurar nada, usted misma dice que se está investigando, demos la oportunidad de los resultados de la investigación, porque no se descarta ninguna línea de investigación. No solamente es el acontecimiento de ayer, tenemos muchas denuncias que fueron generadas por la Contraloría”, respondió de manera evasiva a la pregunta de la periodista.
Después de más de 10 minutos de cuestionamientos le preguntaron sobre su plan en caso de no ser reelecta. “Mi plan es seguir trabajando en favor de mi país”, respondió y se alejó de la sala.
