Entre la doctrina de la “Gran Norteamérica”, la presión migratoria y la volatilidad política de Washington, Centroamérica vuelve a enfrentar una pregunta antigua: quién decide sus coordenadas.
Por Josué Fiallo
En algún salón del Comando Sur de Estados Unidos, bajo luces fluorescentes que no distinguen entre el día y la noche, alguien desplegó un mapa nuevo. No era un mapa cualquiera. Abarcaba desde los hielos de Groenlandia hasta las costas de Ecuador, desde Alaska hasta Guyana, y en su centro, como un corazón que alguien decidió reclamar sin consultar a sus dueños, latía el Canal de Panamá.
El 5 de marzo de 2026, el secretario de Defensa de Estados Unidos, presentó lo que Washington llama la doctrina de la “Gran Norteamérica”: un perímetro de seguridad inmediato que incluye a cada nación soberana y territorio al norte del ecuador. No se presentó como anexión territorial. Se presentó como defensa. Pero las palabras tienen peso, y los mapas tienen memoria.
La Doctrina Monroe de 1823 se ofreció como escudo contra la injerencia europea. Más de dos siglos después, asistimos a su versión más expansiva: un neo-monroísmo que reclasifica a naciones del llamado “Sur Global” como componentes de la órbita estratégica estadounidense. Rutas marítimas, recursos críticos, corredores migratorios, puertos, selvas, canales, costas y fronteras: todo cabe en la nueva cartografía.
Pero Washington también tiene estaciones. Su péndulo político cambia, a veces más rápido de lo que imaginan quienes desde afuera leen sus decisiones como mandatos permanentes. Lo que hoy se presenta como doctrina puede mañana enfrentar un Congreso dividido, una corte adversa, un presupuesto insuficiente, una elección que altera prioridades o una crisis que desplaza la atención hacia otro continente. Para Centroamérica, esa volatilidad tiene un costo: los compromisos asumidos bajo una administración pueden quedar huérfanos bajo la siguiente. Por eso conviene mirar la “Gran Norteamérica” no solo como una expresión de poder, sino también como una advertencia sobre la fragilidad de las certezas imperiales.
Para Centroamérica, este rediseño no es abstracción académica. Guatemala, cuyo nuevo encargado de negocios estadounidense priorizó el freno migratorio, el comercio bilateral y el combate al narcotráfico, se encuentra en el epicentro de la reconfiguración. El gobierno de Bernardo Arévalo comprometió 110 millones de dólares para mejorar infraestructura vial crítica y realizar estudios ferroviarios, con apoyo técnico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. Infraestructura y seguridad: dos caras de una moneda que se acuña en Washington.
El problema no está en recibir cooperación, ni en reconocer amenazas reales, ni en modernizar carreteras, puertos o corredores logísticos. El problema aparece cuando la cooperación queda subordinada a una lectura externa de la seguridad, y cuando esa lectura depende del humor político de una capital que cambia de brújula con frecuencia. Hoy la prioridad puede ser la migración; mañana, el narcotráfico; pasado mañana, China; luego, el déficit fiscal; después, otra guerra lejana.
Para los países del istmo, cada giro deja contratos, expectativas, compromisos y silencios. La política exterior de los poderosos puede permitirse corregir el rumbo; los países pequeños suelen quedarse administrando las consecuencias.
Los números cuentan su propia historia. En marzo de 2026, el 92% de las aprehensiones de la Patrulla Fronteriza en la frontera con México correspondió a nacionales de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Pero la cifra de 42,757 no pertenece a marzo, sino al primer semestre del año fiscal 2026. Solo en marzo, las aprehensiones entre puertos de entrada fueron 8,268, un aumento frente a febrero, aunque el ritmo anual mantiene a 2026 en camino de registrar el nivel más bajo desde 1967. En paralelo, el Monitor de Vuelos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) documentó 225 vuelos de remoción hacia 46 países durante marzo. Guatemala, Costa Rica y Panamá, países que antes eran pensados sobre todo como tránsito, operan ahora también como espacios de recepción, traslado o gestión de deportados. La geografía del desarraigo también se redibuja.
Los aranceles agregan otra capa de presión. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta un crecimiento de 3,0% para Centroamérica en 2026. En Guatemala, el acuerdo comercial con Estados Unidos preserva el arancel cero para el 72,4% de las exportaciones hacia ese mercado, pero deja expuestos rubros que podrían sumar entre 1,530 millones y 1,800 millones de dólares. Si esos bienes enfrentaran un arancel de 10%, la exposición bruta rondaría entre 12,8 millones y 15 millones de dólares mensuales, aunque el costo final dependerá de quién lo absorba: exportadores, importadores, consumidores o cadenas intermedias.
Mientras tanto, los anuncios de nuevos proyectos de inversión extranjera directa (IED) en América Latina y el Caribe cayeron 53% en el primer semestre de 2025. Y la inversión extranjera directa de salida de China (OFDI, por sus siglas en inglés) hacia la región alcanzó 8,530 millones de dólares en 2024, con una orientación creciente hacia energía, baterías, litio y vehículos eléctricos. Dos potencias trazan sus rutas sobre los mismos territorios. Una invoca seguridad, la otra ofrece capital. Ambas miran corredores, recursos, puertos y mercados. Ambas saben que el siglo XXI no se disputará solo con ejércitos, sino también con aduanas, cables submarinos, minerales críticos, tratados comerciales, datos migratorios y promesas de infraestructura.
Quien dibuja las líneas decide qué queda dentro y qué queda fuera, qué se protege y qué se reclama. La “Gran Norteamérica” no es solo una doctrina de defensa: es una declaración de pertenencia impuesta, un gesto que dice “esto es nuestro” sin que nadie en este istmo haya levantado la mano para asentir.
Por eso, la respuesta regional no puede ser apenas indignación. La indignación nombra el agravio, pero no siempre construye poder. La soberanía, cuando quiere sobrevivir al ruido de los discursos, necesita instituciones capaces de negociar, puertos capaces de controlar, fiscalías capaces de investigar, congresos capaces de fiscalizar, cancillerías capaces de anticipar y sociedades capaces de recordar. Si Washington cambia de péndulo, Centroamérica no puede cambiar de columna vertebral. Si una doctrina llega envuelta en promesas de protección, la región debe preguntarse quién define la amenaza, quién administra la respuesta y quién paga el costo cuando la promesa se retira.
Guatemala define estos días a su próximo Fiscal General. Tras una orden de la Corte de Constitucionalidad que anuló la primera nómina, la Comisión de Postulación remitió una nueva lista de seis candidatos para el período 2026-2030; Consuelo Porras volvió a quedar fuera. En ese acto de soberanía institucional, un país decide quién administrará su justicia. Quizás ahí reside la respuesta más elocuente a cualquier mapa dibujado desde afuera: en la capacidad de una nación de nombrar sus propias coordenadas.
En la Sexta Avenida de la Ciudad de Guatemala, una vendedora acomoda sus aguacates mientras el olor a tortilla se mezcla con el humo de los buses. No sabe que alguien, a miles de kilómetros, acaba de incluirla en un perímetro de seguridad. No sabe que su país aparece ahora en una doctrina, en una estadística migratoria, en una negociación comercial, en un cálculo geopolítico. Ella sigue vendiendo. Pesa la fruta, cobra, conversa, resiste sin llamarlo resistencia.
Y tal vez ahí empieza la verdadera medida de la soberanía: no en el trazo frío de un mapa ajeno, sino en la vida concreta de quienes habitan la tierra que otros pretenden clasificar. El mapa puede cambiar. El péndulo puede girar. La doctrina puede imponerse por una temporada y desvanecerse en la siguiente. Pero la tierra bajo nuestros pies permanece. Y los pueblos, cuando recuerdan quiénes son, también.
