Por Juan José Hurtado Paz y Paz
En Guatemala asistimos a una preocupante normalización de lo inaceptable. Imposiciones y fraudes se suceden uno tras otro, revestidos de formalismos legales que pretenden otorgarles legitimidad. Cuando la ley se retuerce y se utiliza para desconocer la voluntad popular deja de ser un instrumento de justicia y se convierte en un mecanismo de dominación. Digámoslo claro: vivimos una Dictadura Judicial al servicio del Pacto de corruptos.
Cuando hablamos del llamado Pacto de corruptos no nos referimos a un grupo formal, sino a una alianza de intereses que actúa de manera articulada. En ella confluyen sectores empresariales que se resisten a cualquier cambio que afecte sus privilegios, redes vinculadas al crimen organizado que buscan garantizar sus negocios impunemente, actores políticos y militares formados en la lógica contrainsurgente y conservadora que ven en la democracia una amenaza a su control. Sin ser exactamente lo mismo, estos sectores coinciden en un objetivo común: capturar o influir en las instituciones del Estado para protegerse y continuar actuando impunemente, así como reprimir ahora mediante una persecución política – aunque también en momentos violenta – a quienes cuestionan su poder y sus privilegios.
No es la primera vez que ocurre. A lo largo de nuestra historia, los marcos legales han sido manipulados para sostener privilegios y bloquear transformaciones. Lo que hoy presenciamos es una nueva expresión de ese patrón: resoluciones, interpretaciones y maniobras que, aunque vestidas de legalidad, contradicen el sentido profundo de la democracia.
Frente a ello, la respuesta del Ejecutivo ha sido sumamente cautelosa. El gobierno ha optado por un camino estrictamente legalista, en parte condicionado por el temor a ser desestabilizado mediante mecanismos que se amparan en la ley. Este fenómeno —conocido como lawfare— ha demostrado ser una herramienta eficaz para frenar o condicionar proyectos políticos que desafían intereses establecidos.
Sin embargo, el problema no es únicamente de prudencia frente al riesgo. También es de orientación política. Las alianzas que se privilegian dicen mucho del rumbo que se toma. Apostar principalmente por el respaldo de actores internacionales, organismos multilaterales, gobiernos extranjeros o élites económicas, mientras se deja en segundo plano a los pueblos originarios, a las comunidades organizadas y a quienes sostuvieron la resistencia durante más de 100 días, implica un posicionamiento político que no reconoce la verdadera base social que hace posible los cambios.
En los momentos más críticos, fue la amplia movilización social encabezada por las autoridades indígenas ancestrales la que defendió la voluntad popular; no fue la diplomacia. Fueron las comunidades movilizadas, las y los ciudadanos que, desde distintos territorios, sostuvieron una resistencia pacífica, firme y digna. Es a estas vastas mayorías a quienes se debe el gobierno.
La democracia no debiera reducirse al cumplimiento formal de la ley. Requiere legitimidad, participación y, sobre todo, coherencia con el mandato popular. Cuando las instituciones fallan o son capturadas, la ciudadanía no solo tiene el derecho, sino la responsabilidad, de defender el orden democrático en su sentido más amplio.
Este no es solo un planteamiento ético o político; también tiene sustento jurídico. La Constitución reconoce que la soberanía reside en el pueblo y que su ejercicio no puede ser usurpado. Asimismo, establece el derecho de resistencia frente a acciones que vulneren el orden constitucional. A esto se suman principios reconocidos en Guatemala y del derecho internacional de los derechos humanos, que expresan la legitimidad de la protesta social, la libertad de expresión y la participación ciudadana como pilares de toda sociedad democrática. Cuando el poder retuerce la ley para imponerse, la defensa del orden democrático desde la ciudadanía no solo es legítima, es indispensable.
En ese marco, la movilización social, la resistencia pacífica y la desobediencia civil se colocan como herramientas legítimas de acción colectiva. No se trata de romper el orden, sino de restituirlo. No se trata de imponer una voluntad, sino de hacer valer la que ya fue expresada en las urnas, a través de otros mecanismos de elección y también en las calles.
La historia demuestra que los avances democráticos nunca han sido concesiones gratuitas. Han sido el resultado de pueblos organizados que, frente a la injusticia, decidieron no permanecer en silencio.
Esa memoria y esa tradición de lucha siguen vivas en Guatemala: en las luchas por la tierra, por la dignidad, por la vida. Nuestros pueblos tienen una historia de dignidad y resistencia que nos da razones para confiar en que es posible cambiar.
Hoy, más que nunca, necesitamos construir un horizonte común que nos permita actuar juntos en un frente amplio, sin borrar identidades ni enfoques distintos. Un horizonte donde la ley esté al servicio de la justicia, donde las alianzas se tejan desde abajo y no únicamente desde los centros de poder, y donde la ciudadanía ejerza su papel protagónico.
No es tiempo de resignación. Es tiempo de conciencia, de organización y de acción colectiva. Desde la firmeza ética y el compromiso con la paz, corresponde a la sociedad guatemalteca construir verdadera democracia, sostenerla y defenderla.
Cuando la ley deja de proteger a la población, son los pueblos quienes tienen que darle su verdadero sentido.
