La segunda nómina de aspirantes a jefe del Ministerio Público (MP) parece poner fin al proceso y a la gestión de Consuelo Porras. Sin embargo, analistas consideran que este listado es una carta que podría jugar el próximo presidente que sea electo en 2027 por lo que el fantasma de la criminalización y persecución podría influir en el nombramiento del próximo fiscal general.
Por Isela Espinoza
El presidente Bernardo Arévalo entrevistará esta semana a las seis personas candidatas que integran la lista final de fiscal general del Ministerio Público (MP). Este martes 28 de abril iniciará con los primeros dos: Gabriel Estuardo García Luna y Beyla Adaly Estrada Barrientos. Sin embargo, analistas opinan que esta segunda nómina “no es mejor que la anterior” ya que revela acuerdos que favorecen a intereses de actores corruptos que mantendrán la cooptación de la justicia.
El pasado viernes 24 de abril, la Comisión de Postulación volvió a elegir un nuevo listado tras un amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordenó la reevaluación de los 48 aspirantes e impidió valorar el ejercicio de la judicatura como parte de su trayectoria por lo que les restó puntos a jueces.
En cuanto a la votación, la mayoría de comisionados cambiaron su estrategia y aunque esta nómina volvió a dejar fuera del proceso a la actual fiscal general, Consuelo Porras, no fue la única que perdió votos, ya que también quedó excluida la exfiscal, Tatiana Morales, que perdió el apoyo del decano de la Universidad Rural, Mario García. Para el historiador y analista político, José Alfredo Calderón, dejar fuera a Porras no fue la jugada sino excluir del proceso a Tatiana Morales. En su lugar subió Carlos Alberto García Alvarado, un fiscal de Petén y cercano al círculo de Porras.
“Está en el cargo en una región donde domina mucho Dimas Jiménez y Melvin Portillo, el fiscal coordinador nacional y secretario de política criminal así que la lista quedó más inquietante para el presidente Bernardo Arévalo que como estaba antes. Al final de cuentas, aprovecharon la resolución de la Corte de Constitucionalidad”, dijo por aparte Carmen Aida Ibarra, del Movimiento Pro Justicia.
En cuanto a Dimas Jiménez y Jiménez este ocupa el puesto de fiscal regional Metropolitano de la región I y ha respaldado los casos de criminalización contra estudiantes, jueces, fiscales, periodistas y otros actores. Antes de trabajar en el MP fue agente de la Policía Nacional Civil (PNC). El año pasado, Porras eligió a Jiménez para sustituirla en caso de ausencia.
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Los escenarios
Tanto Ibarra como Calderón coinciden en que el o la fiscal que sea electo por Arévalo surja de una negociación previa con la condición de que sea un nombramiento totalmente condicionado y al final sea destituido por el próximo presidente que será electo en 2027.
“Podría ser que esta nómina haya sido la ideal para los integrantes de la alianza por el control de las instituciones y la impunidad, esa alianza multisectorial que está nominando muchos espacios en las diferentes instituciones y poderes del Estado y posiblemente la estrategia sea que esta nómina sirva para que el presidente nombre a un fiscal que le siente bien, pero al mismo tiempo queda una lista para el siguiente presidente del país”, dijo Ibarra.
Calderón subrayó que no son las personas sino el sistema porque, aunque Porras, que por el momento quedó excluida, incluso fuera del MP puede “hacer mucho daño” ya que existen dentro de la institución fiscales cercanos a ella e incluso su esposo, Gilberto de Jesús Porres de Paz que podrían impulsar una persecución contra el gobierno de Arévalo.
Previendo este escenario, uno de los aspirantes que podría tener la venia del Ejecutivo y del Pacto de corruptos puede ser García Luna quien integraba la nómina final anterior, pero su calificación cayó de 86.21 a 72.21 puntos, luego de que se le restaran los puntos correspondientes a siete años de ejercicio como juez, aunque logró mantenerse elegible. En esta segunda votación obtuvo los 15 votos de la Comisión de Postulación.
Para Calderón la elección de García Luna por unanimidad resulta sospechoso. “Eso no se logra sólo así. Lo que hace sospechar es que hay un acuerdo. Yo creo que aquí hay dos posibilidades: Una, es si nombra a García Luna, se confirma el arreglo; dos, si por el contrario nombra a Julio César Rivera Clavería, la población podría pensar en una sorpresa, pero no lo veo tanto así”, dijo. Según el analista, Rivera Clavería ha asesorado al presidente en temas puntuales.
Sin embargo, aunque la sociedad espera resultados diferentes y algún cambio en esta institución que durante la gestión de Porras en los últimos ocho años aumentó su criminalización y persecución contra operadores de justicia, periodistas, defensores de los derechos humanos y autoridades indígenas que en 2023 defendieron la democracia ante un intento de golpe de Estado y actualmente se encuentran en el exilio, para los analistas el próximo jefe o jefa del MP se enfrentará a una estructura que domina tanto dentro como fuera de la institución.
“Pueden quitar a Porras, pero eliminar esa estructura no lo va a poder hacer nadie en cuatro años”, enfatizó Calderón. Por lo que la criminalización y persecución como lo hemos visto hasta ahora podría “bajar de intensidad” pero no erradicarse.
En el escenario de una posible destitución del fiscal, que deberá asumir el próximo 17 de mayo para el periodo 2026-2031, Ibarra recordó que sería necesario reformar la Ley Orgánica del MP.
Tras llegar al Ejecutivo, en mayo de 2024, Arévalo y su partido Semilla presentaron la iniciativa 6391 que buscaba impulsar una reforma al artículo 14 para que el fiscal general rinda cuentas y sus acciones evaluadas. En un contexto de casos de corrupción que Porras entrampó quedando en la impunidad y el aumento de la criminalización.
Entonces, Arévalo dijo que la Ley Orgánica del MP establece barreras “prácticamente insuperables para remover a la Fiscal General, aún si no cumple con sus funciones o los requisitos del cargo”. La actual ley permite remover a él o la jefa del MP por causa justificada como la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función y haya sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. En 2016, ya se realizaron reformas a la Ley Orgánica del MP en donde se fortaleció la figura de la o el fiscal general al eliminar la evaluación de su desempeño previo a su remoción. Además, se creó la carrera judicial y las juntas disciplinarias.
Dos años después, la iniciativa de Arévalo sigue sin conocerse en el Congreso de la República. Pero el panorama podría cambiar con las elecciones generales de 2027, cuando nuevamente se alineen los intereses de redes de poder corruptas dentro del Legislativo.
En tanto, para Calderón, “las comisiones de postulación fracasaron totalmente. El mecanismo perverso hace que lleguen única y exclusivamente los que las mafias quieren” y así consolidar la cooptación de la justicia y otros poderes del Estado.
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