Por Juan José Hurtado Paz y Paz
Las personas no migrarían de manera irregular si no existiesen situaciones que les obligaran a hacerlo. Quienes migran saben que correrán muchos riesgos. Como las y los propios migrantes nos han dicho: “Nadie deja su casa por gusto”, pero también nos han dicho: “Preferimos morir en el intento, que permanecer sin hacer nada y morir lentamente”.
El segundo Foro de Examen de la Migración Internacional (FEMI) se llevará a cabo del 5 al 8 de mayo de 2026 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Es importante entonces recordar cómo comprendemos la migración y cuáles son algunas alternativas.
En Guatemala, es ampliamente reconocido que la pobreza y la pobreza extrema, así como la falta de oportunidades, siguen siendo factores determinantes que provocan la migración. Según el Instituto Nacional de Estadística, más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza, y esta afecta de manera desproporcionada a los pueblos mayas, como resultado de una estructura histórica marcada por el racismo y la exclusión desde la colonia.
Sin embargo, también se ha dicho reiteradamente que la migración es un fenómeno multicausal. A las carencias económicas se suman diversas formas de violencia: violencia de género, violencia sexual y contextos de inseguridad que empujan a las personas a salir de sus territorios. Se cuenta ya por decenas las personas que se han visto obligadas a abandonar el país debido a la persecución política en su contra.
En el caso de la niñez, la migración ha estado muchas veces vinculada a la reunificación familiar, reflejando una realidad en la que las familias han sido fragmentadas por décadas de migración sostenida.
Otro factor que se agrega es el de las consecuencias del cambio climático que afectan a la producción de alimentos y provocan desastres que obligan a realizar desplazamientos. Con frecuencia se dice que “el desplazamiento interno es la antesala para la migración internacional”.
Así que los motivos para migrar son muchos, se entrelazan y se refuerzan. Con frecuencia lo que aparece como el motivo inmediato no refleja causas más profundas o de las cuales no se habla.
La presión para migrar no ha desaparecido. Lo que ha cambiado, de forma significativa, es el contexto en el lugar principal de destino – los Estados Unidos – y, en consecuencia, las dinámicas en la movilidad humana. Se ha reducido la migración, pero no se ha detenido completamente; lo único que ahora es más caro y por rutas más inseguras e inciertas. Muchas personas mantienen la expectativa de migrar, pero esperan condiciones que les sean más favorables.
Asimismo, ha cambiado el perfil de las personas que retornan. En los últimos años, las políticas antimigratorias en los Estados Unidos han modificado los flujos migratorios. De acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones y del Instituto Guatemalteco de Migración, Guatemala ha registrado decenas de miles de personas retornadas anualmente. En años recientes, la cifra ha superado las 80,000 personas deportadas, lo que refleja no solo controles más estrictos, sino también un cambio en el tipo de personas que están siendo retornadas.
Hoy el perfil de las personas deportadas es distinto. Ya no se trata únicamente de quienes son detenidos en la frontera, sino también de personas que han vivido durante muchos años en los Estados Unidos, que han construido allí sus proyectos de vida y que ahora regresan de manera forzada. Este cambio tiene profundas implicaciones sociales y económicas.
Además, cada vez es más frecuente el retorno de grupos familiares completos. Entre ellos, destacan niñas y niños nacidos en Estados Unidos, ciudadanos de ese país, hijos de padres guatemaltecos en situación migratoria irregular. Para esta niñez, Guatemala no es un lugar de retorno, sino un territorio desconocido. Muchos tienen como primer idioma el inglés, algunos conservan el idioma Maya de sus familias, pero no dominan el español. Su inserción en el sistema educativo, en la vida comunitaria y en la cultura local resulta especialmente compleja. El choque es muy grande. Por eso la necesidad de un acompañamiento integral para que puedan insertarse satisfactoriamente a Guatemala.
A esto se suman situaciones más graves que permanecen poco visibilizadas, como casos de niñez que ha sido víctima de abusos durante su estancia en Estados Unidos, en ocasiones dentro de sus propios entornos familiares. Estas realidades exigen respuestas institucionales especializadas que hoy son insuficientes.
Asimismo, debemos reconocer que la frustración que viven los deportados es muy grande. Requieren de un gran apoyo emocional e incluso, en algunos casos, de apoyo psiquiátrico. Es más frecuente encontrar a jóvenes deportados con adicciones, como el alcoholismo o uso de otras sustancias.
Uno de los aspectos menos discutidos, pero de mayor impacto, es el económico. Muchas de las personas que migran lo hacen adquiriendo deudas significativas, que en algunos casos oscilan entre los 10,000 y 15,000 dólares por persona. Estas deudas suelen implicar el empeño o la venta de tierras, viviendas o bienes productivos. El retorno, en estas condiciones, no solo significa el fracaso de un proyecto migratorio, sino también la pérdida del patrimonio familiar y un mayor empobrecimiento.
Este fenómeno tiene implicaciones a nivel nacional. Las remesas, que según el Banco de Guatemala representaron más del 18% del Producto Interno Bruto en años recientes, han sido un pilar de la economía. En el primer trimestre de 2026 se sigue reportando un incremento en las remesas, sobre la base de grandes esfuerzos; nuestras hermanas y hermanos migrantes están enviando todo lo que pueden ante el riesgo de ser deportados. Sin embargo, el retorno de personas endeudadas y sin ingresos en el extranjero puede generar nuevas presiones económicas en las comunidades de origen, aumentando el desempleo y la precariedad.
Por otro lado, es importante reconocer que desde el gobierno actual se han impulsado algunos esfuerzos para mejorar la atención a personas retornadas, especialmente en el caso de la niñez. No obstante, estos siguen siendo limitados. En muchos casos, las y los niños retornados son tratadas como paquetes que “se reciben y se entregan”, sin un seguimiento efectivo que garantice su reintegración social, cultural, educativa y económica.
Estas limitaciones responden tanto a debilidades institucionales como a limitaciones presupuestarias, pero también a una visión aún dominante que concibe la migración desde la lógica del control y no desde el enfoque de derechos.
Frente a esta realidad, es necesario insistir en que se debe cambiar la manera de entender y abordar la movilidad humana. La migración en sí misma no es el problema. El problema radica en cómo los Estados la gestionan: como una amenaza a la seguridad nacional, en lugar de asumirla desde el enfoque de seguridad humana, que prioriza la vida, la dignidad y el bienestar de las personas.
Esto implica, al menos, tres líneas de acción:
- Fortalecer las condiciones en los territorios de origen: acceso a tierras fértiles, oportunidades económicas, educación pertinente y servicios básicos, con especial atención a los pueblos mayas históricamente excluidos. Como dicen algunos: “construir el sueño guatemalteco”.
- Desarrollar políticas integrales de reintegración que incluyan acompañamiento psicosocial, inserción educativa flexible y oportunidades laborales y económicas para personas retornadas.
- Avanzar hacia acuerdos regionales que reconozcan la movilidad humana como un derecho y no como un delito. Hay que abrir caminos a la “migración regular, ordenada y segura”.
El desafío es grande, pero también lo es la oportunidad. Entender las nuevas dinámicas de la migración y del retorno puede permitirnos construir respuestas más humanas, más justas y más sostenibles, en las que las personas no se vean obligadas a migrar para sobrevivir, y en las que quienes retornan puedan reconstruir su vida con dignidad.
