Los magistrados suspendieron la resolución de la Sala Tercera de Apelaciones, que en 2025, emitió órden de captura y rebeldía contra el abogado David Gaitán y otros exfiscales anticorrupción que investigaron el caso Odebrecht, un proceso que con la llegada de Rafael Curruchiche a la FECI no tuvo avances.
Por Alexander Valdéz
El pleno de magistrados de la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió otorgar un amparo provisional al abogado y exmandatario de la extinta CICIG, David Gaitán, uno de los operadores de justicia criminalizados en la gestión de la fiscal general Consuelo Porras, a quien vinculó dentro del caso de las supuestas inconsistencias de los acuerdos de colaboración eficaz de Odebrecht.
Gaitán actualmente está en el exilio y en una batalla legal por revocar las acciones emprendidas por el Ministerio Público (MP). Esta fue una de ellas: el abogado accionó contra la Sala Tercera de Apelaciones por haber emitido, de oficio, contra él y otros exfiscales anticorrupción órdenes de captura en junio de 2025.
De esa cuenta, la Cámara de Amparo, como lo hizo en casos como el del exfiscal Juan Francisco Sandoval, resolvió otorgar la protección provisional y deja sin efecto, al menos por ahora, la orden de aprehensión que giraron los magistrados de dicha Sala.
“Se decreta el amparo provisional, en virtud de que las circunstancias del caso lo hacen aconsejable, en consecuencia, se dejan en suspenso, en cuanto a Luis David Gaitán Arana, postulante del presente amparo, las resoluciones de fechas 30 de mayo de 2025 y 9 de junio de 2025, que declaró sin lugar el recurso de reposición planteado por Luis David Gaitán Arana; así como todos aquellos actos y los oficios remitidos a las diferentes autoridades que buscan su ejecución, todas dictadas por la autoridad denunciada”, falló la Cámara.
Esto implica que se suspende la orden de aprehensión emitida contra Gaitán. Además, este fallo se vuelve relevante porque revierte una de las acciones cuestionadas de los magistrados Alejandro Prado, Ingrid García y Otilio López Maldonado.
Un revés para la Sala y la FECI
Éstas órdenes de captura surgieron por un expediente donde no solo figuran exfiscales, sino también otros operadores de justicia que han sido perseguidos por el Ministerio Público (MP) dirigido por Consuelo Porras, sancionada internacionalmente por corrupción. En este caso, se les atribuye haber autorizado supuestos convenios “ilegales” de colaboración eficaz en el caso Odebrecht, investigación que en relación a los hallazgos de corrupción ya no tuvo avances.
Dentro de este proceso, se giraron órdenes de captura contra el excomisionado de la CICIG, Iván Velásquez, y la actual fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, obstrucción de justicia y colusión. Ambos se suman a un grupo de exfiscales de la FECI y personal vinculado a la CICIG que han sido criminalizados, varios de los cuales permanecen en el exilio. La resolución fue emitida en junio de 2025 por la Sala Tercera de Apelaciones, que incluyó a 26 personas en el listado; algunos ya contaban con órdenes de captura vigentes y fueron declarados en rebeldía.
La Sala que emitió el fallo del año pasado está integrada por magistrados señalados por sus vínculos con actores políticos cuestionados, asumió el control del proceso pese a que el caso estaba asignado originalmente a un juzgado que se encontraba recusado, autorizando así las solicitudes del Ministerio Público en una decisión inusual dentro de los tribunales.
El caso Odebrecht es una investigación que involucró a altos exfuncionarios públicos, sin embargo, con la llegada de Consuelo Porras y Curruchiche a la FECI, la misma ya no avanzó. En cambio, la pesquisa se redirigió a quienes conocieron la carpeta judicial.
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