La primera semana de la magistrada Claudia Paredes al frente de la Comisión de Postulación para elegir fiscal general del Ministerio Público estuvo marcada por su férrea oposición al cambio en la tabla de gradación y a la estricta revisión de los expedientes de dos candidatos vinculados al gobierno: Ronalth Ochaeta Argueta y el ministro Marco Villeda.
Por Rony Ríos
Días después de ser electa como presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la magistrada Claudia Lucrecia Paredes Castañeda tomó las riendas de la comisión de postulación y dentro de sus primeras actuaciones destaca la decisión de no realizar cambios a la tabla de gradación que privilegiaba a los candidatos de mayor edad y su férrea opinión para excluir a dos candidatos que en los pasillos de Casa Presidencial suenan como las principales opciones para dirigir el Ministerio Público (MP).
Aunque el tema de la tabla de gradación fue una discusión ganada desde su primer día como presidenta de la Comisión, días después cedió a las presiones de varios amparos presentados. Paredes también perdió las dos discusiones sobre la exclusión del expediente de Ochaeta y Villeda y pese a que no ganó, de momento estas tres batallas, las mismas evidencian el pulso entre dos grupos: el que la apoya y el que respalda a Patricia Gámez, la secretaria de la Comisión y presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). Estas primeras acciones evidencian que ambas tendrán opiniones diferentes en los puntos más álgidos de la elección de los seis aspirantes que integrarán la nómina a fiscal general.
El grupo mayoritario
Aunque Gámez ha sido una de las más visibles a la hora de discutir las decisiones de la Comisión, no lo ha hecho sola. En la postuladora se comienza a formar un grupo cohesionado de siete comisionados que han coincidido en el 94 por ciento de las votaciones. En total, la Comisión ha votado 70 veces y en 66 hubo un bloque común.
Después de analizar la forma en la que votaron los comisionados se observó que el bloque de Gámez es respaldado en gran medida por Alicia del Carmen Franco Flores -presidenta del Tribunal de Honor CANG-, Luis Antonio Ruano Castillo -decano de la Universidad Mariano Gálvez (UMG)-, Julio César Cordón Aguilar -decano de la Universidad Rafael Landívar (URL)-, Nery Leonel Anleu Oliva -decano de la Universidad Mesoamericana (Umes)-, Arturo Saravia Altolaguirre -decano de la Universidad Francisco Marroquín (UFM)- y Luis Felipe Lepe Monterroso -decano de la Universidad Regional-.
De todas las votaciones, solo en ocho ocasiones se fragmentó este grupo. Las diferencias se presentaron en tres votaciones sobre la posible exclusión del aspirante a fiscal general Ronalth Ochaeta Argueta por no presentar una constancia de carencia de sanciones cuando trabajó para la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG); en dos votaciones para intentar modificar la tabla de gradación y en tres votaciones para la exclusión de otros candidatos.
Sin embargo, hay comisionados que tienen mayor disciplina del voto conjunto. Por ejemplo, Gámez y el decano de la Universidad Landivar, Julio Cordón, han coincidido en el 99 por ciento de las ocasiones, discrepando solo respecto a la exclusión de Jaime Leonardo Tecú Guevara.
Una alianza cuestionable
Prensa Comunitaria había adelantado que el comisionado Enrique Fernando Sánchez Usera -decano de la Universidad Panamericana (UPANA)- y José Ángel Donald González Cuevas -decano de la Universidad de Occidente (UdeO)- podrían votar en bloque y eso ha quedado evidenciado en las primeras 69 votaciones, en donde han coincidido en el 97 por ciento de las veces. A esta alianza se suma la magistrada Claudia Paredes.
A este bloque también se ha sumado el decano de la Universidad Da Vinci, José Andrés Reyes Valenzuela, quien no solo ha mantenido una alta correlación en su forma de votar, sino que en los puntos donde más se han marcado los bloques él ha sido el cuarto voto del grupo de Paredes.
Además, un poco cercano, pero sin mostrar una disciplina tan fuerte de voto se encuentran, Mario Raúl García Morales, de la Universidad Rural, y el de Universidad del Istmo (Unis), Pablo Alberto Maldonado Ericastilla, quienes parecen votar como un tercer bloque bisagra.
Solamente hay dos comisionados que no muestran una clara tendencia para inclinarse a alguno de los bloques a causa de sus ausencias; sin embargo, el decano de Derecho de la Universidad de San Carlos (USAC), Henry Arriaga, ha votado más cerca a la tendencia de Paredes, respaldando el 85 por ciento de sus decisiones, pero cuando fueron los momentos clave repartió sus opiniones.
En las primeras cuatro rondas decidió excluir a Ochaeta Argueta, respaldando al bloque encabezado por la presidenta del Organismo Judicial, pero luego de las deliberaciones públicas cambió su voto y fue clave para que el aspirante siguiera en el proceso. En tanto, para respaldar la elección de Marco Villeda se separó de Paredes y respaldó la inclusión del ministro de Gobernación en el listado de aspirantes que continuaban.
El otro comisionado que hasta el momento es incógnita es el decano de la Universidad San Pablo (USPG), Luis Roberto Aragón Solé, quien no se presentó a las sesiones de la Comisión de esta semana, excepto a la extraordinaria del 26 de febrero en donde se conocieron las modificaciones a la tabla de gradación. Aunque, tradicionalmente la actuación de Aragón Solé ha estado vinculada a los intereses que ahora representa Paredes, González Cuevas y Sánchez Usera.
Gráfica Los Ausentes
La disputa por la tabla de gradación
Bajo la presidencia de Carlos Rodimiro Lucero en la Comisión de Postulación para fiscal general, se aprobó una tabla de gradación que otorgaba un peso determinante a los años de ejercicio profesional y fijaba una nota mínima de corte (75 puntos) para seguir en el proceso.
El diseño privilegiaba trayectorias largas mediante la acumulación de puntos por tiempo de servicio, cargos ocupados y experiencia acreditada a partir de los 10 años de ejercicio profesional.
Aspirantes y sectores académicos señalaron que la fórmula excluía a perfiles más jóvenes o con carreras más cortas pero sólidas y que el sistema medía antigüedad más que calidad, sin incorporar mecanismos robustos para valorar el buen desempeño, la ética profesional o la capacidad técnica más allá del tiempo acumulado en el ejercicio. Es decir que personas de entre 40 y 50 años quedarían prácticamente excluidas porque sus años de experiencia no les daban suficientes puntos para superar la línea de corte.
Luego de las críticas, el 23 de febrero el decano de la Universidad Regional, Luis Felipe Lepe Monterroso, propuso modificar la redacción de un párrafo para el reparto de puntos porque dijo que la tabla se aprobó por partes.
“No consideramos que se valoren los primeros 10 años de ejercicio profesional, al revisar detenidamente me percaté que la Constitución ya establece los requisitos mínimos. Este parámetro son 10 años de ejercicio profesional, tanto para quienes litigan como los magistrados de Sala. Aunque yo no esté de acuerdo con la Constitución la debo de respetar, pero en la tabla si se malinterpreta podría dejar de valorar los primeros 10 años”, dijo Lepe.
La presidenta del CANG, Patricia Gámez, dijo que no podrían ponderar únicamente una larga trayectoria sino que se debe velar por la consistencia y principios idóneos para un fiscal general, por lo que había que revisar la tabla antes de aplicarla en el análisis de los postulantes.
Sin embargo, Paredes se opuso a modificar la tabla, alegando que se vulneraba el principio de igualdad, ya que existía la posibilidad de que algunos aspirantes no hubiesen querido participar porque pensaban que no iban a cumplir con el puntaje mínimo para ser considerados.
En esa sesión, el bloque de Gámez no consiguió los votos necesarios para los cambios en la tabla de gradación, ya que la propuesta del comisionado Lepe solamente obtuvo 3 votos y la del comisionado Maldonado 8, evitando que se aprobaran los cambios a la tabla.
Sin embargo, tras la presión legal por los amparos interpuestos contra la Comisión de Postulación por la distribución de puntos en la tabla de gradación, Paredes decidió convocar a una sesión extraordinaria en la que se tenía previsto responder a la Corte por los amparos, pero también se decidió modificar la redacción del apartado para experiencia profesional.
En esa sesión el comisionado Cordón señaló que la tabla busca elevar la calidad y no solamente cumplir los requisitos mínimos. La experiencia profesional sí se debe ponderar, los primeros 10 años sí merecen ponderación siempre y cuando esos años de ejercicio estén vinculados al ejercicio del cargo, por lo que presentó una propuesta de redacción.
En tanto, Paredes agregó que los argumentos eran válidos, pero consideró que modificar la tabla de gradación ya cuando se conocían los nombres y que pudo haber personas que no se postularon por creer que no estaban calificados por obtener el punteo mínimo vulnera la igualdad de oportunidades.
Además, la presidenta del OJ dijo: “en el momento que estamos crea incertidumbre, falta de certeza jurídica, falta de transparencia porque los postulantes ya sabían y realizaron su expediente para ser ponderados de manera correcta y debida. El principio exige que las reglas sean estables y tengan seguridad jurídica, cualquier cambio puede afectar condiciones de igualdad y vulnerar derechos constitucionales”.
Por su parte, Gámez dijo que “en varias oportunidades cuando discutimos la tabla dije que el perfil del fiscal general debía estar adecuadamente descrito y la tabla, nos dimos cuenta, no cumplía con el parámetro de ponderar adecuadamente la experiencia y magnificaba de forma desigual la trayectoria por la edad. Es evidente que alguien que tenga de 40 a 50 años no alcanzaría la línea de corte para ser considerado”.
Después de esa discusión, el bloque de Gámez en pleno votó a favor de los cambios y a ellos se sumaron los comisionados Reyes, Anleu, Maldonado, Aragón Solé y, sorpresivamente, Sánchez Usera, haciendo un total de 12 votos a favor, 2 en contra (González Cuevas y Paredes) y la ausencia de Arriaga.
Al modificar la tabla de gradación, la postuladora se quita la presión legal, ya que es prácticamente un hecho que la Corte de Constitucionalidad (CC) rechazaría los amparos por falta de materia, ya que las mismas atacaban un problema que fue corregido.
Gráfica tabla de gradación
Exclusión de los candidatos del oficialismo
Previo a la integración de la Comisión de Postulación, en el Ejecutivo era un secreto a voces que su candidato para sustituir a Consuelo Porras al frente del MP era el ministro de Gobernación, Marco Villeda. Conforme avanzó el proceso, empezó a sonar otro nombre como candidato: el de Ronalth Ochaeta Argueta.
Esos dos nombres son los que, junto con la discusión de la tabla de gradación, sirvieron para medir fuerzas entre los comisionados y marcaron las tendencias de los bloques conformados a lo interno de la postuladora.
El más evidente fue el caso de Ochaeta, a quien siete comisionados votaron por excluirlo del proceso y siete por mantenerlo dentro.
El argumento central de su intento de exclusión fue que Ochaeta no presentó una constancia de no haber sido sancionado cuando trabajó en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. Sánchez Usera, de la Universidad Panamericana, fue el que dio la voz de alarma sobre esta situación y promovió la exclusión del candidato.
Gámez, a quien también se le ha vinculado con el Ejecutivo por haber llegado a la presidencia del CANG de la mano de la planilla de Unidad X la Democracia, defendió la participación de Ochaeta, diciendo que la oficina del Arzobispado no era una institución pública, por lo que no era necesario presentar este requisito.
Paredes apoyó a Sánchez Usera en la discusión, agregando que además de ese conflicto en uno de los documentos presentados por Ochaeta se había escrito mal el apellido.
Además, la presidenta de la Comisión consideró que en los requisitos para elaboración de expediente se establecía claramente la distinción de instituciones e instituciones públicas, por lo que sí existía requisito para presentar la constancia de no haber sido sancionado.
A la discusión se sumó el comisionado Lepe, quien secundó a Gámez diciendo que la oficina de derechos humanos era más una dependencia que una institución y atacó el señalamiento de Paredes respecto al nombre mal escrito, especificando que el formulario no era un documento que identifique a la persona y, que además, en el mismo estaba incluido correctamente el número de Documento Personal de Identificación (DPI).
Los comisionados Cordón y Ruano se posicionaron al lado de Gámez y secundaron el argumento de que no era necesaria la constancia porque el Arzobispado no es una institución. Ruano incluso buscó en el diccionario de la Real Academia Española (RAE) y encontró una acepción en la que se indica que se refiere a un “organismo que desempeña una función de interés público, especialmente benéfico o docente”.
Mientras que el decano de la Universidad Da Vinci dijo que el propio Ochaeta consignó en su currículo como “instituciones afines al sistema de justicia”, por lo que el mismo aspirante consideraba que se trataba de una institución y debió presentar la constancia.
Anleu, por su parte, señaló que ese tipo de detalles no se había revisado para los anteriores aspirantes, por lo que si se optaba por hacerlo debían contrastar todos los curriculum vitae con sus constancias de carencia de sanciones, incluso hacer nuevamente las revisiones.
Al final de la discusión, cuatro comisionados cambiaron de opinión y terminaron favoreciendo la inclusión de Ochaeta dentro del listado de aspirantes que continúan el proceso. Saravia Altolaguirre, Reyes Valenzuela, Maldonado Ericastilla y Arriaga fueron quienes cambiaron su decisión en la sexta votación, desentrampando la discusión.
Gráfica votación Ochaeta
El expediente de Villeda
El tercer punto de discusión se presentó al analizar el expediente de Marco Antonio Villeda, actual ministro de Gobernación y uno de las 59 personas que aspiran a fiscal general.
Paredes señaló que el ministro no firmó el formulario, lo cual incumplía el requisito para continuar en el proceso.
Sin embargo, Gámez anotó que había un formulario firmado, pero que era el de control interno, por lo que se evidenciaba que él sí llegó a presentar su expediente y lo acredita como aspirante.
Gámez incluso comparó el caso de Villeda con el de Consuelo Porras, quien también presentó un formulario firmado por otra persona, aunque Paredes dijo que el principal sí estaba firmado por Porras y que el de control era el que contenía otra firma, por lo que no eran casos similares.
A la discusión se sumaron Maldonado, Lepe y Cordón, defendiendo que el formulario sí contenía la firma de Villeda, aunque no en uno de los formularios.
Finalmente, Paredes perdió la votación, ya que solo recibió el respaldo de Reyes, Sánchez Usera y González Cuevas. A favor de aprobar el expediente de Villeda votaron todos los demás comisionados, con excepción de Aragón Solé, que estuvo ausente.
Gráfica votación Villeda
Panorama de la Comisión
Anteriormente Prensa Comunitaria había identificado a tres bloques de afinidad ideológica y de intereses universitarios y personales, que tendían a favorecer al Ejecutivo sin necesidad de negociaciones. Sin embargo, después de la primera muestra de fuerzas en la Comisión, los tres bloques se mantienen con pequeñas modificaciones y obligan al grupo de Gámez a buscar apoyo con otros comisionados.
En medio de este reacomodo interno, la magistrada Claudia Paredes también sostuvo una reunión con John Barrett, el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, un encuentro que añade un actor internacional un a una elección que ya se disputa en clave política.
En ese encuentro conversaron sobre la importancia de fortalecer la coordinación en la extradición de criminales requeridos por la justicia estadounidense, frenar el narcotráfico y contribuir a que Estados Unidos y el hemisferio sean más seguros.
Tomando en consideración el comportamiento de la Comisión, los amparos en contra de la postuladora y los mensajes vertidos desde Estados Unidos, se analizaron 70 votaciones que revelaron que Gámez tendría siete votos, mientras que el de Paredes se quedaría con cuatro leales y dos afines. El tercer bloque está conformado por dos comisionados bisagras que podrían terminar apoyando a ese grupo.
En la práctica, el bloque de Gámez tendría que convencer o negociar con los dos comisionados bisagra (Reyes y Morales) y sumar un voto más que podría provenir de Maldonado Ericastilla o de Arriaga, que también han demostrado no mantenerse en un bloque con una postura radical.
Gráfica porcentajes de votaciones
