Al menos diez amparos aún deben resolverse contra el CSU de Walter Mazariegos por no tomar en cuenta a cuerpos electorales para la elección de la nueva autoridad de la Universidad de San Carlos.
Por Alexander Valdéz
Las Salas de Apelaciones Civiles, aquellas que pasan desaparecidas y cuyos espacios son magistraturas claves, enfrentan una decisión que podría marcar el rumbo de la elección en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y evitar un nuevo fraude en la elección de la Rectoría, como lo han denunciado organizaciones de sociedad civil, estudiantes y profesores. De esa cuenta, al menos diez amparos han llegado a esa instancia, cuestionando la conformación y la falta de acreditación de los cuerpos electorales y advirtiendo sobre posibles irregularidades que podrían derivar en una nueva designación irregular.
Las Salas Primera, Quinta y Sexta de lo Contencioso Administrativo, deberán definir si procede o no la exclusión de ciertos cuerpos electorales por parte del Consejo Superior Universitario de Walter Mazariegos, así como la inclusión de otros que, hasta ahora, han sido marginados del proceso. Sus fallos no solo definirán la integración del padrón, sino también la legitimidad del proceso previsto para el 8 de abril.
Walter Mazariegos. Foto: archivo Prensa Comunitaria
Sala Primera de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo
Integrada por el presidente Mario Rodolfo Passarelli Bran, junto a los vocales Manuel Alfonso Castellanos Alonzo y Carlos Horacio Castillo García. Está es una de las salas que tiene en sus manos decisiones determinantes sobre amparos que buscan incidir en la acreditación de cuerpos electorales para la elección de Rectoría de la USAC.
Como magistrados suplentes figuran Luis Eduardo López Ramos y Arnoldo Pascual Saquic Yaxón, quienes podrían integrarse en caso de ausencia de otro de sus colegas.
Passarelli Bran fue uno de los 12 representantes de los magistrados de la Corte de Apelaciones que integraron la comisión de postulación de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia en 2024. Participó por medio de la planilla 3, vinculada al grupo del abogado Roberto López Villatoro, conocido como el “Rey del tenis”.
Un informe del Movimiento Pro Justicia del 2024, lo coloca como exasesor del despacho del Ministerio de Gobernación a cargo de Mauricio López Bonilla. Durante su gestión en la SENABED, fiscales del MP presumen que se extrajo una caja fuerte de una de las residencias inmovilizadas de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ubicada en la finca Los Eucaliptos en Santa Catarina Pinula.
En 2019, Passarelli denunció a siete magistrados de la CC por un fallo emitido en el caso de la mina San Rafael, donde ordenaba realizar el proceso de consulta a la población de acuerdo al artículo 169 de la OIT, según datos de Pro Justicia.
Por su parte, el magistrado Castellanos Alonzo fue segundo viceministro del Ministerio de Gobernación (2018), durante la administración del ministro Enrique Degenhart, durante el Gobierno de Jimmy Morales.
Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo
Entre las acciones que se analizan está la tramitada por la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo, en un amparo presentado por cinco estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), que participan como electores en la elección de rector o rectora para el período 2026-2030. La acción busca que se revisen decisiones adoptadas dentro del proceso electoral universitario al no acreditarlos.
El recurso está dirigido contra el Consejo Superior Universitario (CSU), al que la Sala le dio un plazo de 48 horas para enviar los antecedentes del caso o un informe circunstanciado que explique su actuación. Con esa información, el tribunal analizará si concede o no un amparo provisional, es decir, una medida urgente que podría suspender o modificar decisiones mientras se resuelve el fondo del caso.
Esa resolución quedó en manos de las magistradas Midiam Urbina de León, junto a la vocal I Marta Alejandra Espinoza Girón de Palacios y la vocal II María de la Luz Gómez Mejía, aunque puede variar la integración.
Como magistradas suplentes figuran Amelia María Oliva Guillén, Marylin Lourdes Santizo Santos, quienes podrían integrarse al tribunal en caso de ser necesario.
En marzo de 2025, esta Sala otorgó un amparo provisional a favor de la planilla encabezada por Patricia Gámez y ordenó a la Junta Directiva saliente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) concretar sin demora la toma de posesión. La resolución instruyó evitar cualquier obstáculo a la transmisión de mando y fijó un plazo de 48 horas para remitir antecedentes sobre la apelación que buscaba anular la elección.
La Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo
Ayer, la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo suspendió en definitiva el trámite del amparo promovido contra el CSU, con el que se buscaba garantizar la acreditación de todos los cuerpos electorales. En su resolución, los magistrados consideraron que el CSU aún está a tiempo de emitir dichas acreditaciones, por lo que no identificaron una amenaza inminente a los derechos constitucionales señalados, una decisión que en la práctica favorece la continuidad del proceso que respalda a Mazariegos.
En paralelo, el conflicto legal sigue abierto. Aún están pendientes otras acciones para resolverse en esta misma Sala. Por ahora, un amparo presentado no fue admitido para trámite y fue desestimada. Ese fallo fue emitido por Irma Yolanda Sosa, Carmen Orfilia Guzmán y Víctor Manuel Castillo. Esto quiere decir que no la conocieron.
Los primeros nombres no son nuevos, ambas están vinculadas a la plataforma de Nester Vásquez y son las mismas que dejaron fuera a las ciencias afines en la reciente elección del CANG para elegir magistrados a la Corte de Constitucionalidad y además, las que apoyaron a Berner García, para mantenerlo como representante del colegio ante el CSU pese a que el tiempo por el que había sido electo había vencido.
Por su parte, Castillo Mayén es recordado por haber revocado la libertad del periodista Jose Rubén Zamora, en 2024. En sus antecedentes figura que del año 2000 hasta 2019, hizo carrera en la Corte de Constitucionalidad (CC). Empezó sus labores como oficial notificador de la Secretaría General, y su último cargo fue el de Coordinador de la Sección Administrativa Tributaria durante la presidencia del magistrado Bonerge Amilcar Mejía Orellana.
Fue elegido como magistrado titular de la Corte de Apelaciones en noviembre de 2023, fungiendo en la Sala de Apelaciones del Ramo Penal en Materia Tributaria y Aduanera. Para este proceso quedó electo como suplente.
Entre septiembre de 2022 y 2023 fue coordinador de asesoría jurídica en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) con Alejandro Córdova.
Elección de la USAC se aproxima
En 2022, Walter Mazariegos llegó al rectorado de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) marcado por denuncias de fraude electoral durante el proceso desarrollado entre abril y mayo. Desde entonces, su gestión al frente del Consejo Superior Universitario (CSU) ha sido señalada por instaurar un clima de tensión interna, con sanciones disciplinarias contra más de 70 estudiantes, la expulsión de al menos 10 y despidos de personal docente y administrativo, además del proceso penal contra más de 40 personas que participaron en las manifestaciones contra el fraude.
Durante su administración se ha denunciado un deterioro en las relaciones internacionales de la USAC, afectando oportunidades académicas para estudiantes en programas de maestría y doctorado. En el contexto actual, resurgen las alertas por un posible nuevo fraude ante decisiones del CSU que han dejado en suspenso la acreditación de cuerpos electorales considerados opositores, junto con el anuncio del cierre del campus central por obras de infraestructura. Sectores estudiantiles y docentes interpretan estas acciones como intentos de limitar la organización y la protesta en un momento clave del proceso electoral.
¿Se vuelve a repetir el escenario? La acreditación de los cuerpos electorales es determinante, ya que define tanto la participación efectiva como el quórum necesario para validar la elección. El padrón está compuesto por 34 cuerpos electorales que suman 170 votantes, entre estudiantes, docentes y profesionales, más el rector en funciones. Para ganar, se requiere mayoría absoluta (86 votos), mientras que una reelección exige dos tercios (115 votos).
La exclusión de electores podría reducir este universo y favorecer nuevamente a Mazariegos, como ocurrió en 2022, cuando varios cuerpos opositores no fueron acreditados y se les restringió el acceso a otros ya habilitados durante la jornada realizada en el Parque de la Industria.
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